Por justicia y equidad, la propuesta de aumento general del salario de los empleados públicos y privados, debe incluir a todos los pensionados y jubilados del Estado. Tanto los trabajadores activos como los pasivos, han sido víctimas de una inflación acumulada que ha reducido su poder adquisitivo. La última vez que se decretó un aumento general de salario fue hace ya 10 años, luego de la crisis bancaria del 2003.
En varios mensajes hemos señalado que los 110,000 pensionados y jubilados del Estado están triplemente penalizados: 1) reciben pensiones insuficientes, muy por debajo del costo de la vida; 2) su monto nominal ha estado congelado durante más de ocho años, perdiendo más del 40% de su poder adquisitivo; y 3) la gran mayoría está excluida del seguro familiar de salud (SFS).
Más del 97% todavía recibe una pensión mínima de RD$5,117.00, monto inferior al costo de los medicamentos que consume. Pensionados y jubilados consultados indican que su gasto mensual promedia entre 25,000 y 35,000 pesos, el cual se duplica cuando se enferman.
Desde luego, también por justicia, debe excluirse a los altos funcionarios, electos y designados, cuyos sueldos han sido varias veces auto elevados, sin tomar en cuenta el derecho de los demás servidores, ni la reacción de la opinión pública. Igual, para las pensiones exorbitantes.
Un paso correcto de las Centrales Sindicales, pero incompleto
Las centrales sindicales solicitaron un aumento salarial del 30% para los empleados estatales, a partir de enero del 2015, respaldado por la Federación Nacional de Servidores Públicos. Lamentablemente no incluyeron a los pensionados. Esperamos que dicha propuesta sea ampliada, y que luego sea acogida por el Presidente Medina, quien recientemente favoreció un aumento general de salarios, incluyendo a los servidores públicos.
Apoyamos también la solicitud de Pepe Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos, de convocatoria del Comité Nacional de Salarios, para conocer una propuesta similar de aumento en el sector privado. A raíz de la declaración del Presidente, varias organizaciones y connotados líderes del sector privado favorecieron una mejoría general en los sectores público y privado.
Las organizaciones sindicales han dado un paso correcto a favor de los trabajadores del país, sin tomar en cuenta que laboren en el sector público o en el privado, y/o, que estén o no afiliados a dichas centrales. Pero el principio de justicia y equidad los compromete a ampliar su demanda, incluyendo a los pensionados y jubilados.