En las tres últimas décadas los ayuntamientos de la Republica Dominicana han experimentado diversos cambios en término de ingresos, manejo de los recursos y gestión administrativa.
En la década del 50, la dictadura de Trujillo aprobó la ley 34-55 de organización municipal. Ésta garantizaba autonomía a los ayuntamientos, aunque en la práctica sus funciones eran mínimas, debido a los bajos ingresos que percibían.
En la década del 60, después de la caída del régimen de Trujillo, se aprobó ley 6139-62. Con esta los municipios adquirieron más autonomía; pero igual, no podían ejercerla, por los precarios recursos que administraban.
En la década del 80 se aprueba la ley 140-83, que estableció EL 1.85% de los fondos generales de la nación, como ingresos para los municipios. Eran pocos recursos todavía; pero más que en el pasado.
En esos años ser síndico o regidor, estaba limitado a personas con cierta solvencia económica y altos méritos morales y sociales. Los regidores eran personas honorificas, que recibían un viatico por sesiones de la sala capitular. El desempeño de las autoridades en esos años se caracterizaba, por lo general, por la alta preocupación social, la capacidad de gestión y la búsqueda soluciones a los problemas de las comunidades.
En esos años, pocas personas se interesaban por estas posiciones municipales, pues los pocos recursos que se manejaban no motivaban a las personas interesadas en enriquecerse con fondos públicos
En el año 1997 se aprueba la ley 17-97; a partir de ésta se dispone un 4% de ingresos a los municipios de los ingresos del Estado. Para ese año el monto distribuido a los ayuntamientos, a nivel nacional, paso de RD$583,000,008.88 en el año 1996 a RD$1,177,594,898.49 en el año 1997.
Ese aumento en los fondos municipales trajo consigo una apetencia por dirigir los ayuntamientos. De esta manera aumentó el número de personas interesadas en ser síndicos y regidores.
En la medida que el presupuesto de ingreso de la República ha aumentado, de esa misma manera los fondos municipales lo hacen. Además, en el año 2001 el gobierno aumentó, de manera administrativa, los fondos al 5% y en el año siguiente los llevo al 6%.
Para el año 2010, los fondos destinados a los municipios, a nivel nacional, se elevaron a la suma de RD$14,212,101,410. Este monto era muy significativo, pues representaba un aumento del 92% de lo recibido en el año 1997.
La población de los municipios esperaba un aumento de las obras, servicios municipales y atenciones, en proporción a los aumentos de los ingresos. Pero no pasó así; en muchos ayuntamientos las realizaciones municipales se fueron reduciendo en la misma medida que aumentaban los recursos. Ejemplo tenemos por montones.
El interés en la membresía de los partidos por dirigir los ayuntamientos y manejar fondos públicos aumentó de manera estrepitosa. Así nacieron movimientos y tendencias partidarias diversas. También se han generado crisis interna, negociaciones, reparticiones de cargos, amenazas y hasta muertes.
En el año 2007 se aprueba la ley 176-07, que establece un nuevo avance en las políticas municipales, tanto en lo económico como en el área administrativa. Esta ley plantea una serie de prerrogativas relacionadas con la participación ciudadana -incluidas las organizaciones civiles- en la gestión municipal. También plantea la ley las situaciones que pueden motivar la destitución de un alcalde.
A pesar del adelanto que representa esta nueva ley, no es mucho lo que ha cambiado. Más bien se han acentuado las incapacidades, las inoperancias y el manejo sin transparencia de los fondos municipales.
La Cámara de Cuenta ha realizado auditorías a varios ayuntamientos, encontrando en éstos gastos enormes que no se pueden justificar y anomalías como: adjudicaciones de contratos amparados en leyes derogadas, retenciones de impuestos a empleados y no pagados a la DGII, combustibles pagados sin documentaciones confiables; ayudas personales sin soportes justificativos, desembolsos sin aprobación presupuestaria y una cantidad de obras presupuestadas, pagadas y no realizadas.
La sociedad municipal debe entender que lo que está pasando en los ayuntamientos, en la mayoría de los casos, no es lo correcto. Las funciones de éstos están claras y todas están dirigidas a garantizar el bienestar de la población, a través de los servicios y obras públicas.
Los movimientos sociales deben cumplir su rol de rechazar las medidas y los malos manejos en los ayuntamientos y exigir la transparencia en la gestión financiera y en las obras que se ejecutan.