El reciente anuncio publicado en los medios de comunicación según el cual el Consejo Nacional de Migración ordenará la realización de auditorías a las personas migrantes que se acogieron a la Ley que dispuso el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en 2014, es el disparate de mayor envergadura que podría implementarse en materia de política migratoria en nuestro país por distintas razones. En este artículo abordaremos tres de estas razones.
En primer lugar, las auditorias a las personas que agotaron un proceso administrativo para regularizar su estatus migratorio ya concluido pone en riesgo el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y compromete los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana de no interferir arbitrariamente en el disfrute de los derechos humanos de las personas sujetas a nuestra jurisdicción. Si este proceso trae como consecuencia variaciones en el estatus migratorio de las personas o situarlas en una situación de irregularidad administrativa, estaríamos ante una violación de derechos humanos.
La documentación de las personas migrantes es uno de los principales logros que puede exhibir un gobierno. La documentación es una herramienta útil y un derecho que permite a las personas abandonar situaciones de explotación y servidumbre y contribuye favorablemente a su inserción en la sociedad y la economía. En vista de esto orientar esfuerzos para restringir la documentación y el estatus administrativo de las personas es un contrasentido si tomamos en cuenta que la función esencial del Estado es proteger efectivamente los derechos de las personas al tenor de lo establecido por el Artículo 8 de la Constitución dominicana. Esta medida va en sentido contrario exponiéndolas a mayores niveles de vulnerabilidad.
En segundo lugar, las consecuencias sobre las vidas de las personas de una decisión de esta envergadura, las coloca en una situación de inseguridad jurídica. Las personas que ya cumplieron con un proceso administrativo y que recibieron una documentación no pueden ser víctimas de tácticas politiqueras que busquen desacreditar las políticas implementadas por gobiernos anteriores. Cuando se trata de personas, sus derechos humanos constituyen un límite al ejercicio arbitrario del poder, el cual por el contrario lo que debe es garantizarles un mínimo de seguridad frente a la documentación que ya fue emitida.
En tercer lugar, el principio de continuidad de Estado exige a las actuales autoridades respetar el marco normativo vigente y las disposiciones normativas que fundamentaron el plan nacional de regularización de extranjeros, el cual constituyo un precedente en América Latina para la adecuación del estatus migratorio de las personas migrantes que carecían de documentación. Luego de este plan implementado por la Republica Dominicana otros países llevaron a cabo procesos similares como es el caso de México y Chile.
Por estas razones el gobierno actual debe ser cauteloso de no desbordar su afán revisionista de las decisiones pasadas toda vez que cuando esto trae consigo violaciones de derechos humanos se deslegitima como poder público y puede sembrar profundas diferencias que atenten contra la paz social y la convivencia pacifica de la que se ha gozado en nuestro territorio por décadas.