La democracia se construye sobre la garantía y protección efectiva de los derechos fundamentales y de libertades políticas. Uno de los pilares de toda democracia es la libertad de expresión que actúa no solo como un derecho fundamental (artículo 49 de la Constitución), sino también como un principio intrínseco a la dinámica propia del sistema democrático. Cualquier atentado a la libertad de expresión necesariamente se traduce en un atentado a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho.
La semana pasada el país otra vez volvió a presenciar como se impone el autoritarismo y la intolerancia por parte de quienes hoy están en el poder, lo cual no es nuevo; pero nos retrotrae a etapas que de alguna manera se entienden superadas. La salida forzosa del programa de El Jarabe de Marino Zapete muestra claramente el nivel de intolerancia de parte del gobierno y en especial del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que definitivamente no entiende la función que le fue encomendada ni tampoco las reglas mínimas del sistema democrático.
En cualquier otro país con un poco más de institucionalidad democrática la denuncia hecha por Marino Zapete provocaría la renuncia inmediata de Jean Alain Rodríguez o su destitución, no porque esto significa que lo denunciado es cierto sino, para que no pueda intervenir en la investigación que debe realizarse respecto de él, su hermana y Gonzalo Castillo. Sin embargo, pedir eso es demasiado en un país donde lo autoritario es símbolo fuerza y razón, mientras que seguir los lineamientos éticos es la muestra fehaciente de la debilidad y cobardía.
Todo demócrata tiene el deber denunciar los atropellos a la libertad de expresión y reivindicarla siempre, sobre todo en un país donde hay demasiada sangre derramada de periodistas y luchadores por la libertad que tenemos. Este derecho, principio y pilar del sistema democrático no es absoluto y por tanto tiene como límites la intimidad y la honra de las personas.
Sin embargo, estos límites no se imponen con fuerza ni con presión a quienes ejercen su derecho de libertad de expresión sino recurriendo a las vías que las normas disponen. El numeral 4 del artículo 49 de la Constitución establece toda persona tiene derecho a réplica y a que se rectifique cuando se sienta lesionada por las informaciones difundidas. De modo que el primer cauce que tiene toda persona que se siente dañada por el ejercicio de la libertad de expresión es el derecho a réplica.
Los afectados por la denuncia de Marino Zapete tienen el derecho a réplica, el cual podía ejercerse en el mismo espacio desde el cual se difundieron las informaciones. Igual si no se le abría el espacio a la réplica, entonces las leyes establecen los procedimientos para iniciar acciones en contra de Marino Zapete si injurió o difamó con las informaciones reveladas. Este es el curso legal e institucional con el que se garantiza el derecho al honor y a la intimidad como límites del derecho a la libertad de expresión, no con presiones a periodistas ni a los dueños de medios de comunicación para silenciar comunicadores.
Llama la atención que siempre que suceden estas situaciones surjan defensores de la libertad de empresa aduciendo que los dueños de los medios pueden siempre disponer quién está y quién sale; pero dejan de lado el hecho de que ejercer presiones sobre los medios de comunicación para que censuren, silencien o cambien su programación es contrario a la misma libertad de empresa que dicen defender y por supuesto, a la libertad de prensa que es la vertiente corporativa del derecho a la libertad de expresión en tanto que está llamado a proteger a los medios de comunicación de las presiones y censuras por parte del poder.
La salida del aire de El Jarabe de Marino Zapete por la denuncia grave hecha contra Gonzalo Castillo, Jean Alain Rodríguez y su hermana, provocada por presiones espurias a los dueños del medio de comunicación (donde ya el programa tenía muchos años) es violatoria de la libertad de expresión, la libre empresa y la libertad de prensa, todos derechos fundamentales que soportan el sistema democrático y por tanto, lo ocurrido es sin dudas un atentado grave a la democracia y a las libertades públicas que no se puede justificar ni mucho menos tolerar.