La disputa salarial fue el tema más relevante en la celebración del día de trabajo. A pesar de que el Presidente Medina reconoció que nadie podría vivir con menos de 10,000 pesos, todavía su gobierno mantiene a las dos terceras partes (64.5%) de sus servidores con ingresos por debajo de este umbral. Con el agravante de que la mayoría apenas recibe un salario mínimo de 5,117, y unos 4,519 menos aún. Igual tratamiento padece más del 95% de los pensionados del Estado. En la mayoría de los ayuntamientos los salarios y las pensiones presentan niveles aún más críticos.
Del estudio reciente del Ministerio de Administración Pública (MAP) se desprende que, por lo menos, tres de cada cuatros empleados públicos reciben ingresos inferiores a 17,985.50 pesos, que es el costo de la canasta familiar para el segundo quintil, según cálculos del Banco Central. Esta situación preocupa especialmente a los sectores y grupos que luchan contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo pedirles profesionalismo a policías, militares y a demás empleados con salarios de miseria?
Siempre hemos dicho que en materia salarial y previsional es donde el país muestra las mayores desigualdades e injusticias. Mientras esos salarios irrisorios se han mantenido por casi una década, en varias ocasiones los altos funcionarios, incluyendo a los autónomos y descentralizados, se han auto revalorizado sus jugosos sueldos, gastos de representación y dietas. No obstante, dos años después, la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, no ha entrado en vigencia “por la falta del reglamento correspondiente”.
Desde luego, el tranque salarial también se expresa en el sector privado. Desde hace más de 6 meses los dirigentes sindicales vienen demandando un aumento del 30% del salario mínimo. Este regateo se repite cada dos años, con ajustes insuficientes ya que, según estudios, el salario real se ha reducido un 27% en una década. El predomino de empleos de baja calidad y la pérdida del poder adquisitivo, son factores que explican las profundas desigualdades sociales existentes, a pesar del crecimiento. Recordemos que hace unos meses el Banco Central publicó un documento señalando la relación entre los bajos salarios y el trabajo informal.
Hay que reconocer que el CONEP ha venido adoptando posiciones correctas, con visión de futuro, sobre temas de gran trascendencia para el país. Defendió la libertad de expresión y la integridad física de “reconocidos comunicadores” acosados por su posición sobre los inmigrantes haitianos. Señaló públicamente “la crisis de confianza en el Poder Judicial”. Y demandó “la aprobación conjunta de la Ley de Partidos y de la Ley Electoral”, en procura de igualdad y transparencia en el accionar de los partidos políticos.
Sin lugar a dudas, esos son pasos importantes para construir el liderazgo permanente que necesita ese influyente sector, a tono con la aspiración nacional de fortalecer las instituciones públicas y contribuir al imperio de la ley, en igualdad de condiciones para todos. Para continuar en esta línea, hace falta una mayor defensa de los genuinos intereses de los afiliados de la Seguridad Social, y que su sector muestre flexibilidad en el campo salarial.
Reiteramos que un aumento general de los salarios, aunque no sea el ideal, mejoraría el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y privados, y fortalecería la gobernabilidad y el ambiente de negocios. En adición, representaría un alivio para la Seguridad Social, en momentos en que se evidencian desequilibrios en el Seguro Familiar de Salud, y se cuestiona la tasa de retorno de las pensiones que recibirán millones de asalariados.