La transición gubernamental en la cual se encuentra la República Dominicana se realiza en medio de la crisis sanitaria más grave que ha vivido la presente generación, ocasión que amerita de políticas públicas para atender los retos inmediatos y conducir la recuperación del tejido productivo.
Aunque el registro de los casos por COVID19 en el país muestra un incremento preocupante con relación a la disponibilidad de camas y de Unidades de Cuidados Intensivo (UCI), los mismos datos destacan la concentración de los casos en el territorio. En la actualidad 7 de cada 10 casos de COVID19 se encuentran localizados en las provincias vinculadas al corredor Duarte, caracterizadas por un alto grado de urbanización y con el 61% de la población total del país; dentro de este corredor, las cuatro provincias con mayor densidad del país (Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal), reportan el 67.4% de los casos a nivel nacional.
Este nivel de concentración de los casos amerita de una política diferenciada con la finalidad de conducir la salud y la economía de las zonas urbanas y rurales del país de forma distinta; esto fortalecerá el binomio entre la atención y la recuperación vinculando iniciativas para la gente y el desarrollo de sus comunidades.
A nivel urbano se necesita activar un protocolo de emergencia territorial en los municipios de mayor vulnerabilidad, con un sistema de prevención y mitigación que mejore la oferta de Unidades de Atención Primaria (móviles y permanentes), claves para el monitoreo e intervención comunitaria en coordinación con los Ayuntamientos y los principales actores locales. Esta atención debe estar acompañada de un programa para el mejoramiento de barrios que mejore las condiciones de habitabilidad de la población vulnerable y a su vez dinamice la economía y mano de obra de su entorno.
Para el resto del territorio rural que supera el 90% de la superficie nacional se requiere una política de recuperación ambiental y económica que considere el potencial de cada lugar del territorio para producir desarrollo. Mejorando las condiciones de las fuentes acuíferas desde la cuenca alta hasta las desembocaduras ocupadas y maltratas por el hombre, y liberando toda la superficie boscosa de actividades no compatibles. Desde el punto de vista económico la política de recuperación debe estar orientada en ofertar un nuevo impulso a una serie de actividades propias de las zonas rurales como la agropecuaria, la minería, las zonas francas y el turismo local; sectores que deben implementar nuevos modelos para el beneficio de los habitantes de cada demarcación, a través de la recuperación endógena que diversifique la oferta de las áreas rurales y a su vez reduzca la migración campo – ciudad.
En este abordaje la frontera poco impactada por los casos de COVID19 juega un papel estratégico, cuyo desarrollo puede relanzarse en el 2021 a través de la nueva ley de desarrollo fronterizo. Una reforma que establezca los criterios para la localización de actividades innovadoras de carácter productivo en zonas específicas de la región fronteriza para generar nuevas oportunidades de negocio y a su vez crear empleos para los residentes de estas zonas empobrecidas.
Una política de atención y recuperación urbano-rural sustituye la opción de someter a todo el país a un nuevo estado de emergencia nacional, que solo agregaría precariedades a la ciudadanía y a las arcas del Estado; además implementa medidas focalizadas para disminuir el rango de actuación, impulsando acciones en función del potencial y la necesidad de cada territorio.