Los principios tributarios persiguen entre diferentes propósitos proteger a las personas del poder de imponer cargas económicas sin límites. Estos principios se han hecho inherentes a las constituciones que surgieron del constitucionalismo decimonónico, pero tienen sus orígenes en tiempos atrás en la historia.
El principio de legalidad estaba en la Carta Magna otorgada a Juan Sin Tierra en el 1215, en Inglaterra. Pero los que tienen dudas sobre la existencia del principio de legalidad en tiempos tan remotos como 1215, no pueden dudarlo cuando se señala que este principio se establecía en el Estatuto de Eduardo I, en la petición de derecho de 1628, donde se indicaba que el rey no podía establecer tributos sin el consentimiento del parlamento. En el 1688, en Inglaterra se establecía la ilegalidad de los impuestos dispuestos por el rey sin aprobación del parlamento.
En Francia el principio de legalidad se estableció por primera vez en el 1314, cuando los Estados Generales o Asamblea de Representantes se lo impuso al rey Felipe el Hermoso, pero cayó en desuso y los Estados Generales intentaron imponerlo de nuevo en el 1576, y le negaron la potestad de imponer tributo a Henrique III, pero los intentos fracasaron y los Estados Generales dejaron de ser convocados a partir del 1614, hasta la Revolución Francesa, en el 1789. El principio de legalidad aparece en el artículo 14, de la “Declaración de los Derechos del Hombre”, que dice:
“Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su tipo, su base, su recaudación y su duración.”
Cualquier funcionario dispone de las tasas que aplica por los servicios que gestiona, y viola el principio de igualdad tributaria prestando servicios diferenciados por medio de procedimientos dominados VIP
La Constitución Francesa de 1791 disponía que establecer los impuestos y el gasto público correspondía a la Asamblea Legislativa, pero el principio de legalidad no fue acogido en la práctica y sólo terminó consagrándose en la Carta de 1814, durante la Restauración. La Constitución de los Estados Unidos de América, de 1787, estableció el principio de legalidad.
El principio de legalidad se fundamenta en la Constitución de la República a través del numeral 15, del artículo 40, que dice:
“A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”.
También se consagra a través de las atribuciones del Congreso Nacional, cuando en el artículo 93, de la Constitución de la República, se dispone entre las atribuciones de este órgano legislativo en el literal a):
"Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión;”, y en el artículo 243 de la misma Constitución como fundamento del régimen tributario dispone:
“El régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas.”
El hecho de que los impuestos constituyan una manifestación del poder que representan los ciudadanos, que se exterioriza por medio de la ley, es sólo un aspecto formal del principio de legalidad de los tributos. Lo que puede conllevar que en el Tribunal Constitucional establezca como no conforme con la Constitución de la República cualquier disposición de hecho destinada a crear tributos o cargas económicas a cargo los ciudadanos, sin que medie la ley.
El aspecto material de la legalidad de los tributos implica que las leyes deben tener normas precisas relativas a los elementos que deben conformar la obligación tributaria. Este aspecto material se define en el artículo 4 del famoso: “Modelo de Código Tributario para América Latina”, donde se estable que sólo a través de la ley puede:
Crear, modificar, o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria, fijar la alícuota o tasa del tributo, la base de su cálculo o base imponible e indicar el sujeto;
Otorgar exenciones, reducciones o beneficios;
Establecer los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, en cuanto estos signifiquen una limitación o reglamentación de los derechos o garantías individuales;
Tipificar infracciones y establecer las respectivas sanciones;
Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios;
Regular los modos de extinción de los créditos tributarios y otros medios distintos del pago.
La doctrina es casi unánime en que la ley contenga todos los elementos de la obligación tributaria, pero el aspecto material o reserva de ley de la legalidad tributaria ha sido más difícil de desarrollar que el aspecto formal, porque este aspecto concreta la limitación real de la posibilidad de establecer tributo por disposiciones de facto o administrativas.
Para dejar la posibilidad de establecer tributos por vía administrativa se excluyó del Título I, del Código Tributario, todo el aspecto material del principio de legalidad en la Reforma Tributaria de 1992, pues ya los aranceles habían sido establecidos por decreto. Únicamente a través de la existencia del control de la constitucionalidad en materia tributaria se ha ido imponiendo que los impuestos se establecen por medio de la ley, pero esto ha sido imposible reconocerlo con respecto a las tasas que también son tributos.
Cualquier funcionario dispone de las tasas que aplica por los servicios que gestiona, y viola el principio de igualdad tributaria prestando servicios diferenciados por medio de procedimientos dominados VIP.
Las tasas se aumenta sin ningún límite y excediendo los costos del servicio que financia, lo que constituye establecer impuestos por vía administrativa, porque la diferencia entre el costos de los servicios prestados y las tasas aplicadas es un impuesto, porque es una diferencia por la cual no hay contraprestación individualizada en el contribuyente, que es una característica del impuesto, pues no se presta ningún servicio por esa diferencia como debe suceder con las tasas, que se aplican con respecto a los servicios inherentes al Estado, es decir, aquellos que sólo puede prestar el Estado como son la emisión de acta de nacimiento, emisión de pasaporte, licencia de conducir entre otros y los peajes en vías públicas. En cada caso, y otros de igual naturaleza, las tasas como tributos sólo pueden ser establecidas y modificadas por ley.