Los objetivos del Gobierno son loables, pero el proyecto apunta más a preservar los intereses creados, que a mejorar las oportunidades de la población de recibir una mayor protección social
El lunes y el martes, el Ministro de la Presidencia convocó al Palacio Nacional a las autoridades de la Seguridad Social y a los “sectores y personalidades más representativos y vinculados al sistema de seguridad social y de salud”.
El propósito era conocer las observaciones al proyecto de ley para modificar la ley 87-01 de Seguridad Social para someter al Congreso una propuesta “lo mas consensuada posible”, en cumplimiento de una condicionalidad para obtener un préstamo del BID.
Como se recordará, previo a la redacción de la Ley, entre el 1999 y 2001, el Senado difundió apliamente todas las propuestas existentes y realizó cientos de reuniones y consultas a nivel nacional, para escuchar a la población y a los demás interesados.
Esta vez el auditorio se ha reducido a funcionarios previamente comprometidos con la propuesta, y a los conocidos grupos de intereses creados. La prensa no informó sobre la participación de los sectores sociales representativos de la población.
Tres grandes prioridades del anteproyecto
En la motivación, el Lic. Gustavo Montalvo ponderó la importancia de la Ley y su impacto social durante los años de ejecución. Señaló el interés del gobierno de reducir “el gasto familiar directo”, luego de calificarlo de “demasiado elevado”.
En adición, consideró necesario dar un paso hacia adelante “hacia una atención humana y de calidad, más integral, continuada y con más peso de la atención primaria”.
Y finalmente, reconoció que “nuestro sistema aún no garantiza pensiones dignas, por lo que los recursos disponibles deben ser mejor distribuídos para asegurar más beneficios a los afiliados, reduciendo los costos de intermediación”.
Siempre he señalado que los copagos constituyen una carga honerosa sobre el presupuesto familiar, ya que contravienen el principio de la solidaridad social, constituyen una barrera al acceso a los servicios, e invalidan el objetivo de la Ley de reducir el gasto de bolsillo de la población.
Los médicos tienen derecho de sobra a recibir mejores ingresos por sus servicios. Pero es necesario prohibir esta práctica nociva, y disponer que el CNSS y la SISALRIL protejan a los afiliados y revicen las tarifas y relaciones entre las ARS y las PSS.
El primer nivel de atención es indispensable para humanizar y mejorar el estado de salud. La simple inscripción en servicios de atención primaria, es una formalidad que deja intacto un sistema curativo tan costo, que obliga a copagos multimillonarios.
El aumento a la cuenta individual de los afiliados de un 0.34% resulta tan pequeño en relación al 2.0% adicional necesario, que su impacto a mediano y largo plazo será imperceptible, condenando a milloes de trabajadores a pensiones de miseria.
Las aspiraciones del Gobierno son loables, pero las propuestas del proyecto apuntan más a preservar los intereses creados, que a mejorar las oportunidades de la población de recibir una mayor protección social.
Por experiencia propia, sé que no es fácil administrar justicia en medio de tantos intereses. Pero ello no exime a las autoridades de su responsabilidad de proteger, por encima de todo, a la población ante tantos desequilibrios y distorsiones.
Considero oportuno citar a el editorial de Diario Libre: “Es tan malo que sea una mesa servida para los intereses privados, como un coto de caza de médicos que bloquean los avances necesarios. El papel del Estado debe ser asegurar que las cosas se hagan bien y que toda la población esté cubierta”.