Las mujeres y las niñas dominicanas tienen la más genuina libertad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin estar sujetas a ningún tipo de fuerza, amenazas o coacción de parte del Estado y de ningún otro individuo o grupo dominante. Las mujeres son libres de tomar sus propias decisiones y decidir si tener o no un embarazo. Sus cuerpos no son públicos, no son incubadoras estatales, sus ovarios no pertenecen a las iglesias; los cuerpos de las mujeres son de ellas, y son ellas y el Estado en su tarea de garantizar el derecho de las mujeres a un libre e integral desarrollo de su persona, que debe de velar para que las mujeres y niñas adolescentes de este país tengan garantizado el acceso al aborto legal, seguro y gratuito; como lo haría un verdadero Estado Social, Democrático y de Derecho como se dice ser República Dominicana.
La cuestión aquí no es promover el aborto como derecho, sino promover el derecho que poseen las mujeres a decidir sobre su salud, sus cuerpos, su sexualidad, su educación frente a violaciones de derechos humanos que históricamente han sufrido. Pongámosle nombre a esta situación: Esperancita fue una adolescente de 16 años que estaba embarazada, padecía leucemia y su tratamiento de quimioterapia fue significativamente retrasado por su embarazo y el Estado le impidió que abortara, porque la Constitución consagrada la vida desde la concepción hasta la muerte. ¿Y la vida de Esperancita, quien la consagrada? ¿Y el derecho de Esperancita a decidir si vivir? ¿Qué pasó con Esperancita? No tuvo más esperanzas, porque murió el feto y murió ella por no haberle dado el tratamiento que necesitaba a tiempo. Y como Esperancita hay muchísimos casos donde la mujer la sacrifican para salvar al feto. Y es visto como “voluntad de Dios”.
Un Estado de Derecho es activo y no espera la voluntad de Dios para salvar y garantizar derechos humanos, un Estado de Derecho legisla y propone políticas públicas que salvaguarden los derechos de las mujeres, de ellas que tienen derechos, aspiraciones, metas y un proyecto de vida ya desarrollado. Si bien es cierto que todos los derechos humanos son interdependientes y todos son igual de importantes, no es menos cierto que no podemos equiparar la vida de una mujer que tiene individualidad, que cuenta con integridad personal y física, que cuenta con dignidad humana, que tiene una vida desarrollada con la de un cúmulo de células que se denomina feto y que aún no es un ser humano. Feto que no tiene una vida propia, sino que para vivir y potencialmente desarrollarse depende del cuerpo de la mujer y la mujer está en pleno derecho si tenerlo o no. Y aún más en caso de abortos terapéuticos. Para muchos y muchas esto que afirmo es herejía y seguro soy candidato perfecto a la crucifixión, pero sólo les digo que veamos la historia reciente. Las mismas personas y grupos misóginos y conservadores que se oponen al progreso, al aborto legal y seguro, incluso en sus tres causales, eran los mismo que decían que los métodos anticipativos eran una forma de asesinar bebés, ya que los espermatozoides desde que tocan la vagina de la mujer eran seres humanos y vidas en potencia. ¡Por favor, ya basta!
Obligar a una mujer a mantener un embarazo producto de una violación, incesto o que el feto traiga malformaciones congénitas es un acto cruel, inhumano y degradante, catalogado como tortura moderna por el derecho internacional de los derechos humanos. Y la mujer o la niña al vivir este proceso contra su voluntad sufren fuertes afectaciones a su salud física y mental. Es ilógico que el Estado y grupos conservadores, como los grupos evangélicos y pentecostales que tanto daño le han hecho a las mujeres y la conquista de derechos y libertades en República Dominicana, argumenten que se debe de proteger el derecho a la vida del feto a costa de la vida de la mujer como pasó con Esperancita. ¿Cómo es posible que un Estado de Derecho se quede de brazos cruzados, esperando la voluntad de Dios, cuando la vida de una mujer está riesgo? A pesar de que el nuevo Código Penal reconoce el aborto terapéutico cuando la vida de la mujer está en riesgo, no es menos cierto que en caso de violación sexual o malformaciones congénitas del feto no reconoce dicho derecho. Lo que afecta gravemente la salud y las libertades de las mujeres.
Pero esto es normal en un país como el nuestro, donde el fundamentalismo religioso, la pobreza y la desigualdad es la norma. En República Dominicana hay ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera se dan el lujo de salir al extranjero y tener un aborto con todos los requerimientos médicos necesarios, sin mal pasar hostilidades. Y los de segunda se provocan el aborto introduciéndose una percha (gancho de ropa) por la vagina o acuden a lugares clandestinos en condiciones insalubres a que se lo practiquen. Y esto a la oscuridad de no tener un Estado que le garantice a la mujer su derecho a decidir. Según la Maternidad San Lorenzo de los Minas, unos tres mil casos se abortos se practican anualmente, donde un porcentaje significado son de niñas adolescentes que llegan en condiciones infrahumanas. Son muchas las mujeres que mueren en la clandestinidad a causa de practicarse mal un aborto, y frente a esta situación no vemos un Estado que garantiza el derecho a acceder al aborto de manera legal, seguro y gratuito, sino que condena, sataniza y criminalizada a la mujer por tomar una decisión sobre su cuerpo, su salud y su futuro.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dominicanas deben de ser garantizados por el Estado dominicano. A luz de esto, el Estado dominicano debe asegurar que las mujeres dominicanas tengan realmente acceso al aborto y a la asistencia médica adecuada, respetando el ejercicio de sus derechos.
El acceso al aborto legal y seguro está reconocido como un derecho que tienen las mujeres. Su negación por acción u omisión significaría una grave violación a la dignidad humana, a la integridad física, personal y jurídica de muchas mujeres y adolescentes dominicanas que se ven forzadas a abortar de manera clandestina poniendo en riesgo sus vidas. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que están consagrados con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido firmados y ratificados por el Estado dominicano, en consecuencia dichos tratados tienen el mismo peso de importancia que la Constitución, frente al principio de convencionalidad y ProPersona recocidos en la Reforma del 2010. Estamos hablando entonces que el Estado dominicano con la aprobación del nuevo Código Penal está incurriendo en responsabilidad internacional por violar el derecho internacional de los derechos humanos. Donde el Estado se comprometió con el pueblo dominicano y con la comunidad internacional a siempre velar y proteger los derechos humanos de los y las dominicanas. El académico y profesor de Derecho Internacional Rafael Licea habla de una cuadruple responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos en el marco del régimen del Estado de Derecho que vivimos hoy en día. Y el profesor dice que el Estado tiene la obligación de promover, garantizar, respetar y proteger las libertades fundamentales y los derechos humanos de sus ciudadanos. Y el Estado dominicano con la aprobación del nuevo Código Penal está faltando a ese compromiso que adquirió frente a los y las dominicanas y comunidad internacional.
El derecho al acceso al aborto es básico para la realización de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y fundamentalmente para la dignidad humana y el disfrute del bienestar físico, emocional, mental y social. La Cámara de Diputados con la aprobación del nuevo y retrógrada Código Penal le pasó por arriba un millón de veces a los derechos genuinos que poseen todas las mujeres dominicanas, al decidir sobre sus vidas. Y es evidente la pobreza de la clase política que nos gobiernan, y la calidad de argumentos que nos legislan, ya que el Nuevo Código Penal no significa una solución a los miles de abortos que se dan en el país de manera escondida, sino que condenan a la mujeres a morir en abortos clandestinos, especialmente a las mujeres en condiciones de pobreza.
En Rep. Dominicana el aborto estaba totalmente prohibido, hasta que en el 2014 el Presidente Danilo Medina promulgó una reforma al Código Penal donde reconocía tres causales donde el aborto era permitido: cuando la vida de la mujer corra riesgo, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto y cuando feto traiga malformaciones congénitas. Pero a nuestros burros legisladores se les ocurrió una mejor idea, criminalizar el aborto con todas sus causales, a excepción de cuando la vida la mujer corre peligro. Los derechos humanos son progresivos y las libertades alcanzadas no pueden luego ser derogadas por una élite plagada de moralismo religioso y fundamentalismo de derecha. Y frente a esta situación, es que hoy se nos presenta la mayor lucha favor de los derechos de las mujeres.
El Estado no puede decidir sobre la vida, la salud y los cuerpos de las mujeres. Son ellas las únicas que tienen el derecho sobre su voluntad y el libre desarrollo de su persona, de tomar sus propias decisiones sobre su sexualidad y sus derechos reproductivos.
Anhelo un país donde no se gobierne con la moral sino con el derecho, donde no se legisle con la religión sino con cultura, donde no se viva con opresión sino con derechos humanos.
No le pido a la sociedad que apoye el aborto, le pido a la sociedad dominicana que respete el derecho de las mujeres a ejercerlo si así lo desean. Les pido que no satanicen a las mujeres que aborten, que no las discriminen por hacerlo, que no la criminalicen por ser libres y les pido al Estado dominicano, a la Cámara de Diputados, al Senado y a los tribunales de la nación que no permitan que la historia de las mujeres dominicanas sea escrita con tinta de sangre.