“Se trata de sectores decididos a llegar al gobierno para subordinar al Estado a sus intereses
y para “hacer que el poder político cumpla con la única función del Estado neoliberal:
asegurar las condiciones para que el mercado funcione sin ningún tipo de restricción ni obstáculo.”
Pues ya llegaron.” (22-07-2020)
No tuvieron ninguna consideración por los dueños de esa esperanza ilimitada y sin soportes que abunda en cada cambio de gobierno y que no alcanzaron ni a procesar siquiera aquello de Procuraduría independiente (sin cambio constitucional) para saltar de nuevo al vacío institucional, al irrespeto de las leyes y de los fundamentos de la democracia. En fin, a la voluntad política que lleva a desconocer la separación de los poderes a niveles que auguran tempestades puesto que ya se sienten los que reclaman no haber dado cheque en blanco.
La cosa comenzó a ponerse gris con los tres diputados que renunciaron a sus curules antes de juramentarse, abriendo toda clase de dudas acerca de las motivaciones por tan extraña decisión. No hace falta explorar en los recovecos de la metodología de la ciencia política para apuntar que INDOTEL significan RD$ 448,494, el Indhi RD$ 250.000 y la Superintendencia de Seguros RD$ 800.000. Algunos con unos Consejos Directivos y/o una plantilla de directores que no manejarían nunca en la cámara de diputados con todos sus privilegios y capaces de asegurarles la candidatura a senadores en el 2024.
Cuesta creer que con tantos gabinetes este bochorno no haya sido acordado antes de la elección, sobre todo si vemos que los renunciantes fueron elegidos con altas votaciones. ¿Se negoció entonces el sacrificio de ser candidatos para irse luego a cargos gubernamentales que rinden? Esto por supuesto nos lleva directo a la médula del problema, el irrespeto absoluto a la soberanía popular, ofrecieron candidatos que no iban a ejercer, que hicieron promesas electorales que nunca pensaron cumplir y de paso ayudaron a que la eliminación del arrastre no tuviera efectos demasiado negativos, pues para los candidatos a senadores fue mucho mejor hacer campaña con candidatos a diputados que tenían votos. En definitiva, una afrenta a las buenas prácticas, al respeto a las normas y a los manejos democráticos ejecutados tanto por los renunciantes como por el partido que avala estos hechos.
Lo de INAPA simplemente no tiene nombre, RD$ 280.000 no alcanzan para el bautizo. Es un hecho inaudito si pensamos en institucionalidad democrática. No logro encontrar siquiera un caso similar en la historia reciente que sirva para el argumento de moda “El PLD hacía lo mismo”. Creo que lo ocurrido, o mejor, lo que está ocurriendo está anunciando escenarios graves que podrán mantenerse sin conflictos mayores mientras la oposición no exista, pero una vez que construya siquiera alguna posibilidad de denuncia situaciones como esta no serán posibles. La declaración del gobierno es francamente inverosímil justificando el cambio de una ley por los atributos únicos de un ciudadano que fue entre otras cosas diputado en 2010, aunque si los Guardianes de la Democracia hubiesen estado en la Junta del Distrito el actual director subrogante del INAPA a lo mejor no hubiese tenido la misma suerte. Siguiendo la línea anterior es muy probable que esto fue parte de la negociación con los candidatos presidenciales en las primarias del PRM y consecuente con viejas prácticas del PRD para resolver sus problemas internos ¿Se acuerdan de la Ley de lemas?
Todo se va poniendo más delicado cuando es parte del escándalo el Poder Legislativo y eso es irresponsable, antidemocrático y podría exponerse como el mejor ejemplo de destrucción institucional al aprobar la reforma a la ley para los fines anotados, cuestión que insisto cuesta encontrarle una acción equivalente, y si ésta existe, nunca va a ser suficiente para justificarla.
Según la ley vigente el director debe ser ingeniero y con una especialidad perfectamente definida. Legalmente entonces una persona que no tenga esos requisitos no es competente para ejercer el cargo y la reflexión nos lleva al repertorio de la corrupción, la “Incompetencia: para todo puesto de trabajo que existe en el mundo, hay alguien, en algún lugar, que no puede desempeñarlo.” (Es corrupto el que ejerce un cargo sabiéndose incompetente y peor todavía, el que nombra incluso luego de que se lo advierten.)”
Esto hizo sentir “vergüenza ajena” a una figura reformista que se inclinó al “cambio” y ve como evidente la intervención gubernamental en los hechos. La declaración del gobierno confesó que "la designación de Wellington Arnaud responde al interés del gobierno de establecer esas alianzas pública-privadas, por eso lo hizo de forma interina, sin él haberlo solicitado, y respetando las leyes. Los proyectos que se ejecutarán mediante alianzas público privadas requieren de la formación legal, la capacidad gerencial y política del señor Arnaud".
Mucho más sencillo sería que fuera contratado como Asesor Jurídico, cargo que ya existe y que reporta al Director Ejecutivo de INAPA por un salario de RD$ 150.000, suficientes para un buen vivir, servir a la patria y “ejecutar los planes concebidos para el sector agua.”
Lo de las Alianzas Público Privadas (APP) es materia que merece mayor atención y podría significar la privatización de los servicios de agua potable, la forma de falsificar las consecuencias de este proceso será publicitar la construcción de nuevos acueductos sin informar del aumento de las tarifas a los usuarios domiciliarios que traerá como obvia consecuencia.
Por ahora sólo diré que con tanto conflicto legal y de interpretaciones se está haciendo demasiado evidente la inexperiencia y la dificultad de los empresarios para accionar en el Estado. “El empresario, quiera que no, trasporta al Estado una inacabable serie de conflictos de interés y de cultura administrativa que contribuye en gran medida a esterilizar su labor” (O. Saenz).
Parece inevitable, con las APP, la aparición de conflictos de interés, fundamentalmente porque estamos en tiempos de crisis y la acción del Estado además de indispensable tendrá una mayor interacción y dependencia con empresas privadas, será el caso del INAPA y de los laboratorios privados favorecidos con las pruebas PCR justo cuando el Laboratorio Nacional se dañó.