El Sr. Príamo, administrador del condominio donde resido, está hoy temprano en las oficinas del Ayuntamiento del Distrito Nacional donde se aprueban de manera secreta los clubes de bailarinas exóticas, laboratorios de enriquecimiento de uranio y mataderos de pollos que destruyen la convivencia de cualquier vecindad. En el solar de al lado del edificio, donde operó por pocos meses un centro de copiado, hay tres curiosos hoyos que se sospecha son para un negocio de cambio de aceites, venta de autoadornos y chequeo computarizado vehículos. La calle es la Salvador Sturla, la misma del Club Deportivo Naco, donde un comercio de esa naturaleza debe estar violando olímpicamente regulaciones sobre uso de suelo.
El modus operandi de estos depredadores de espacios públicos es bien conocido. Se las arreglan para recibir aprobaciones de las autoridades, inician prestos los trabajos, sin respetar días de descanso o fiestas de guardar y esquivan preguntas de vecinos curiosos o les mienten. En esta fase alegan estar recibiendo la protección de un alto jefe militar, a quien osa llamarles la atención por un martilleo un domingo en la mañana. Una vez terminan la construcción, decoración e inauguran el negocio, con bendición de un sacerdote al que no cuentan sus pasos pecaminosos, ya los vecinos no tienen posibilidad judicial alguna de evitar inicien operaciones. “Te lo apruebo, pero tienes que darte rápido, confía en aquello de que al palo dado…” es la forma como operan para provocar, sin consecuencias para ellos, una disminución del valor de la propiedad de todos los edificios que les queden cerca.
El daño, en realidad, se extiende a todas las viviendas del sector. Todo el Polígono Central del Distrito Nacional, donde se debe recolectar un porcentaje relevante del Impuesto a la Vivienda Suntuaria (IVSS o IPI), es un coto de caza para negociantes, formales o informales, que les importa un bledo la tranquilidad de los vecinos o el valor de sus propiedades. Hay mafias que instalan y protegen a informales haitianos que ocupan a paso acelerado cada acera con frituras, paleteras, puestos de frutas y tarantines. Tanto en las avenidas principales, como en las interiores. Negocios, por un porcentaje pequeño de los ingresos o raciones diarias de los que venden, garantizan la impunidad para invadir aceras, convertirlas en lavaderos de sus motores o desbordar sin miedo los tanques de basura.
El sector no merece respeto alguno a las autoridades. A pesar del cuantioso pago que religiosamente tienen que hacer de las viviendas suntuarias, las municipales y la policía nacional no ven razón alguna para una contraprestación más decente de servicios. El IPI para ellos es un tributo creado para compensar la evasión fiscal del impuesto sobre la renta que se alega caracteriza la zona, de manera que nada de trato especial.
Las Juntas de Vecinos, aunque están despertando, son lentas en exigir, están desanimadas y les cuesta conseguir apoyo de los que están a 500 metros del problema. Los vecinos compran y patrocinan a los mismos violadores de normas municipales y del buen vivir, en actitud parecida al del niño caníbal que dice extrañara a su madre, pero ¡caray, que sabrosa estaba! ¿Por qué no se organizan un boycott? Cambios importantes se harán con la unidad que vendrá pronto porque la agresión es diaria y brutal, mientras tanto hay que andar rápido con cada caso. Por eso esperamos hoy noticias de Don Príamo sobre el misterio de si los tres hoyos son realmente para un ilegal negocio de cambiar aceite en área residencial, que permitirá el Ayuntamiento.