La República Dominicana al igual que otros países del Continente Americano y algunos países de África han iniciado profundas investigaciones de carácter penal vinculadas a hechos de soborno, sobrevaluaciones de obras, enriquecimiento ilícito de funcionarios entre otros delitos que tienen como común denominador a la mayor empresa constructora brasileña denominada Odebrecht.
El Ministerio público dominicano aunque inicialmente centró su investigación en la determinación de los responsables del pago del soborno y los funcionarios públicos ( legisladores, directores generales Ministros, entre otros) que recibieron dichos sobornos, las informaciones que se han ido generando en Brazil así como las investigaciones efectuadas por otros países latinoamericanos, sumado a la presión interna de grupos de la sociedad civil, han obligado a que dicha investigación sea dirigida también a la sobrevaluación de las obras construidas por esta empresa multinacional en nuestro país.
Actualmente la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se encuentra apoderada de un requerimiento que ya hace más de un año le dirigió la Procuraduría General de la República para que iniciara las auditorías a todas las obras realizadas por Odebrecht.
En la solicitud del Procurador General se le requiere a la Cámara de Cuentas que en sus auditorías incluya los siguientes aspectos: Establecer el mecanismo de selección y adjudicación de las obras, los niveles de ejecución y los pagos efectuados por la entidad en cada una de ellas, los avances y cubicaciones presentadas por los contratistas, indicar si las obras fueron ejecutadas de acuerdo al diseño y en el tiempo planificado, con la calidad y el rigor exigido por las normas vigentes. También se deberá realizar un informe técnico-forense que indique si las obras analizadas fueron sobrevaluadas, bajo qué condiciones y las diferentes partes que participaron en la sobrevaluación.
En declaraciones recientes el Presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, a medios de comunicación televisivos y escritos, estableció que entre las dependencias que son investigadas se encuentran el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con los cuales Odebrecht realizó los trabajos en la carretera Constanza-Jarabacoa, corredor Duarte I y II, carretera Bávaro-Uvero Alto-Higüey-Sabana de la Mar, autopista El Coral-La Romana, Eco-Vía de Santiago, Bulevar Turístico del Este (Bávaro-Punta Cana), ampliación carretera San Pedro de Macorís-La Romana y construcción de la carretera Cibao-Sur, el acueducto de la Línea Noroeste, en Montecristi, por parte de Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) y el acueducto Hermanas Mirabal, Samaná (Inapa), Hidroeléctrica Pinalito-Constanza (CDEEE), Termoeléctrica Punta Catalina (CDEEE) e Hidroeléctrica de Palomino (EGEHID).
No es ocioso recordar que conforme el Consorcio de periodistas de investigación denominado “Investiga Lava jato. Caso Odebrecht” dentro de las 10 obras con mayores sobrecostos construidas por esta empresa en países de América Latina y África, cuatro son dominicanas: Acueducto Hermanas Mirabal, Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino y Circunvalación La Romana.
Como se puede apreciar se trata de una cantidad descomunal de mega obras civiles cuya auditoría implica poner a disposición de las mismas importantes recursos económicos, personal técnico y logística para aspirar a un resultado técnicamente responsable.
La población dominicana recordará que la Cámara de Cuentas afirmó no contar con presupuesto suficiente para abordar la tarea de auditoría de estas obras.
Es por esta razón que nos ha resultado sorprendente que en sus declaraciones a la prensa el señor Hugo Alvarez Pérez indicara que algunas de las obras estaban auditadas en un 100% y otras en más de un 75%, pues como bien lo reconoció dicho funcionario, este tipo de auditoría no se trata solo de analizar partidas y documentos contables y administrativos sino que hay que realizar estudios de campo. Precisamente en esas labores de mediciones, extracción de testigos de las estructuras de hormigón, asfalto, costeo de todas las actividades involucradas en la ejecución de la obra, cumplimiento normativo entre otras actividades que son propias de ingenieros civiles especialistas en administración de obras y en Ingeniería forense en edificaciones es que cualquier auditoría forense invertiría la mayor cantidad de tiempo y recursos económicos.
Al país no se le ha informado si luego de las declaraciones del Presidente de la Cámara de Cuentas sobre la falta de recursos económicos para realizar dichas auditorias, este órgano fiscalizador del Estado Dominicano se le proveyó de partidas adicionales en su presupuesto o simplemente identificaron los recursos dentro de su presupuesto para contratar el personal técnico calificado para realizar ese conjunto de auditorías especializadas a todas esas obras civiles.
Lo que es evidente es que desde el 25 de abril del 2017 a la actualidad no ha transcurrido el tiempo suficiente para que la Cámara de Cuentas entregue las experticias solicitadas con los estándares de calidad, profundidad y objetividad científica que demanda la sociedad dominicana, sobre todo tomando en cuenta que esa auditorias no se iniciaron inmediatamente.
No debe olvidarse la avalancha de críticas que se produjeron cuando el Presidente de la Cámara de Cuentas le informaba al país que contribuirían con la asesoría a dichas auditorias el titular de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), y miembro de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), de Brasil, ministro Augusto Nardes por la vinculación de este al escándalo de corrupción en Petrobras. Esto contribuyó a que la Cámara de Cuentas desestimara a dicho asesor brasileño.
En el día hoy precisamente los medios de comunicación recogen las declaraciones del Presidente de la Cámara de Cuentas, en el que declara que resulta matemáticamente imposible que este órgano pueda entregar las auditorias requeridas por el Ministerio Público al culminar los 10 días que le restan al plazo de prórroga para la presentación del acto conclusivo del caso Odebrecht.
Ante un escenario como el descrito anteriormente soy del criterio que si se quiere obtener un resultado de alta calidad en el que todos los responsables y todos los hechos delictivos sean debidamente identificados y probados, el Ministerio público debe apelar al archivo provisional de los hechos investigados vinculados a la sobrevaluación de las obras.
El diseño del código procesal penal lo permite sin mayores dificultades. Lo primero que se debe tener en cuenta es que la persecución penal se realiza en función de hechos concretos que materializan las personas sean estas naturales o jurídicas. La Garantía de única persecución está basada en que un procesado no pueda ser perseguido ni condenado dos veces por un mismo hecho.
Si el Ministerio público al 09 de junio solo cuenta con pruebas sólidas para perseguir y procurar sanción penal por los hechos de los sobornos en la adjudicación de las obras, lo sensato, responsable y hasta ético sería que archive provisionalmente las persecuciones en relación a los hechos de la sobrevaluaciones de las obras.
El artículo 281 del código procesal penal es claro a establecer en sus primeras cuatro causales las que son propias del archivo provisional cuando: “1) No existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho; 2) Un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción; 3) No se ha podido individualizar al imputado; 4) Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos;”
Si se hace un análisis desapasionado del caso Odebrecht tenemos que llegar a la conclusión de que sin unas auditorias forenses suficientemente sustentadas el ministerio público a la fecha no cuenta con elementos suficientes para verificar los hechos de las sobrevaluaciones. Tampoco ha podido individualizar a todos los imputados en los esquemas de las sobrevaluaciones y es muy probable que los elementos de prueba recolectados hasta ahora resulten insuficientes para fundamentar una acusación seria y responsable con relación a esos hechos específicamente.
Pienso que es una decisión equivocada insistir en que el Ministerio público acuse por las sobrevaluaciones de las obras el 09 de junio del 2018 sin estar debidamente preparado para ello. Presionar en esa dirección promovería en vez de castigar la impunidad. Además perdería la oportunidad de reivindicar su nombre y reputación las empresas consorciadas a Odebrecht a quienes se le imputan responsabilidades en estos hechos sin existir por lo menos hasta ahora una prueba objetiva que así lo determine.
Si se archiva provisionalmente la investigación de los hechos vinculados a la sobrevaluación hasta tanto el Ministerio público reciba las pruebas periciales necesarias para fundamentar su acusación lo más probable es que cuando presente la misma, la otra acusación por los sobornos y el enriquecimiento ilícito estaría en la misma etapa intermedia y podrían fusionarse sin mayores inconvenientes en esta etapa o hasta en la etapa del juicio. Festinar las acusaciones nunca será una decisión correcta si el órgano acusador asume los principios de Objetividad, Probidad y responsabilidad que deben ser rectores de la conducta del ministerio público conforme su ley orgánica.