El arbitrio y la fiscalización de los grupos que controlan el poder económico implican la puesta en evidencia de sus mecanismos de acumulación y la devolución a la población, en capital y servicios, de una proporción equitativa de los beneficios que ésta le aporta.
Las sociedades que alcanzan niveles de desarrollo y de redistribución equitativa de las riquezas son las que facilitan el bienestar de la población mediante el pago de salarios justos, jubilación, pensiones, estructuras viales, viviendas, alimentación, salud y escolarización, así como, mecanismos eficaces de protección de la familia, las personas ancianas y con minusvalías.
De igual forma, en períodos de crisis económica el Estado debe reducir el gasto público, ya que ello desacelera la demanda agregada. La eliminación del gasto superfluo produce un efecto dominó en la moderación de los niveles de consumo: a mayor austeridad menos necesidad.
Se hace asimismo necesaria la transformación del entramado financiero, hasta ahora monopolizado por cuatro instituciones bancarias que dominan el 80% del capital activo proveniente de los salarios, las compañías aseguradoras de salud, las contratas de obras de construcción y los planes de pensión y jubilación. Dicha transformación permitirá la rendición de cuentas y el desarrollo y desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas e instituciones de servicio.