Estamos en la ruta de seguir desplazando naciones en el Índice Global de Demanda por Privilegios Mercantilistas al Gobierno, el IGDPMG. Esta es una métrica que publica “una prestigiosa universidad norteamericana”, para seguir la pauta de no revelar la fuente imaginaria, que se utiliza para vender milagrosas máquinas de ejercicio por televisión.
Solicitar al gobierno privilegios arancelarios, exoneraciones de impuestos, subsidios de crédito, transferencias permanentes de fondos públicos y control de competidores, es una actividad en la que el único riesgo es quedar empatado. No se pierde. Es como jugar contra un equipo de fútbol que se compromete a jugar sólo defensa y fallar si se llega a definición por penales. La relación costo/beneficio es cercana a cero: poca inversión recursos y extraordinarias ganancias. Convencer es ganar, fracasar quedarse igual.
Otros dos ejemplos mundanos de la rentabilidad de pedir sin riesgos: a) El joven del barrio que más chicas logró llevar a la cama confiesa a sus amigos, cuando ya era tarde para imitarlo, la razón de su éxito: “No gastaba energía en la conquista. Tan pronto terminaba de saludar a una, le preguntaba si quería salir hacer el amor. Con el sí me iba a la cama acompañado; luego de un no, a saludar y proponer lo mismo a otra.”; b) En el juego “La Mesa que Más Aplauda” todas están obligadas a pagar la cuenta; pero la que con más energía se ponga a batir las palmas, recibe el premio de ver moverse de cerca, y en el mejor ángulo, a la sensual bailarina.
La prensa recoge diariamente episodios de solicitudes que se ajustan a ese modus operandi. Del amplio menú de la semana pasada, comento sobre los privilegios que del gobierno quieren las Compañías de Seguridad Privada. Estas aspiran a que se congele, nada menos que por 20 años, los permisos para nuevas empresas, que el gobierno asuma los costos laborales indirectos, para que sea posible subir salarios a los guardianes privados, y exoneraciones de impuestos con las armas de fuego. Esta propuesta al Congreso para la formación legal de un oligopolio y participar de privilegios similares a los concedidos a otros, fueron precedidos por una noticia que debió recordar a los dominicanos los eventos del Huracán Georges.
Cuando ese coloso estaba por San Pedro y se enfilaba hacia la Capital, por televisión, en un mapa hecho a mano en cartulina, un funcionario estaba advirtiendo a los pescadores de Barahona que tuvieran cuidado. Es para allá que se dirige, miren la raya gorda con este marcador rojo que aquí trazo…va en línea recta desde el mar Caribe hacia el Sur Profundo. Similar falta de orientación muestra ahora cuando, desde un curul, pasa revista a la seguridad ciudadana. En la misma semana que cae otro diluvio de cancelaciones de miembros de la Policía Nacional, por su vinculación a múltiples delitos, y continúa el azote de la torrencial lluvia ácida de la delincuencia, su preocupación son las esporádicas lloviznas, que no cubre fondo de pluviómetro, en que guardián privado comete felonía. Como dicen en el campo, “Si cambia, no es él”.
El “guachimán” es un hombre armado con escopeta 12 que, a diferencia de los policías, no inspira miedo al ciudadano. La razón no la busquen en un entrenamiento más orientado al respeto de los derechos humanos o a una depuración exigente para contratar los que sean de buen corazón. La cuestión es que, a diferencia del policía, ellos operan con efectivas restricciones de su empleador al uso de la fuerza y con un real control ciudadano a su comportamiento.
En un banco, hotel o comercio, por ejemplo, la empresa de seguridad que busca preservar su contrato, exige al guardián no piropear a las mujeres, pedir menudo a los hombres y chatear o navegar en su móvil cuando está de servicio. Acosar o barajar con toda seguridad provoca una denuncia del cliente al dueño del establecimiento, queja que inmediatamente llega al supervisor. Este aborda la falta cometida con el mismo nivel de tolerancia que la empresa que protegen les permite: poco o casi nada. Un despido o una amonestación a su expediente son consecuencias inmediatas de quejas por su desempeño. Por eso lo normal es que sean tranquilos y respetuosos.
Afuera de las plazas o negocios, donde vigilan estacionamientos, y en los colegios privados, se puede comprobar esto. En parqueos de las plazas, se les tiene prohibido solicitar dinero, de manera que es muy raro que lo hagan. Generalmente se colocan a distancia prudente, sin presionar a los conductores y esperando la seña discreta o el llamado cortés para agradecerles con unos pesos su vigilancia, que aceptan con agradecimiento sincero. Los que ocupan la primera línea de defensa en la seguridad escolar, son vigilantes que están expuestos al escrutinio de padres celosos, que evalúan diariamente su forma de interactuar con sus hijos. Los que se ganan la confianza de padres, alumnos y dueños del colegio son los que perduran en las puertas.
En cuanto al uso de fuerza letal, la diferencia es del cielo a la tierra con los policías. Para empezar, las armas de fuego las portan mientras están en servicio. Cumplida su labor, vuelven desarmados a la vida civil. Así que no cuentan con el medio para sufrir la tentación de generar ingresos extras en actividades ilícitas. La compañía de seguridad, además, es la más interesada en evitar pérdidas de vida en los casos que hay que actuar usando las armas. Se sigue un protocolo mucho más exigente que el de la Policía para recurrir a fuego letal, porque no pueden salir del paso con una rueda de prensa, alegato de intercambio de disparos y promesa de profundizar investigaciones. Las empresas privadas tienen comprometida su responsabilidad civil y son sujeto de demanda en caso de excesos. A diferencia de la Policía, pueden sufrir embargos y enfrentar otros recursos judiciales que complican el funcionamiento normal de la compañía.
En el caso de la seguridad residencial, aquí conté en Acento la experiencia de Villas Claudia. Esta urbanización, que ha visto caer la delincuencia a cero punto algo, ha cambiado la compañía de guardianes cuatro veces por fallas que denuncian los vecinos. Con cada cambio, el sector ha visto mejorar los controles y el comportamiento de los guardianes. Así es que ahora operan estas compañías: En competencia y libertad de entrada, donde cada empresa vive velando los contratos que tienen las otras y anunciando sus ofertas de servicio para que los clientes comparen. Esta situación incómoda es la que quieren cambiar por ley, formando un club oligopólico para controlar la oferta, ganar más y reventar al consumidor, con una superintendencia amiga y favorable con sus antiguos compañeros de armas.
Sugiero al Congreso no aprobar los privilegios que piden las compañías de seguridad privada. En vez de cerrar las oportunidades, congelando licencias, lo que hay que hacer es eliminar para todos las barreras que impiden mayor inversión. Por ejemplo, las altas cargas impositivas que encarecen las armas. Esto podrá atraer empresarios civiles, sin vinculación militar o policial en sus currículos, que tomarán en serio ofertar planes privados a residenciales abiertos, brindando seguridad sin vulnerar derechos ni suplantar la policía. Estos, al no haber sido bomberos, pueden acabar con la invulnerabilidad de la manguera y promocionar soluciones al infierno en que se vive en muchos residenciales.