Aprender de la experiencia con COVID-19

Han transcurrido más de cinco (5) meses, desde que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara como pandemia, con el nombre de Covid-19 (por sus siglas en inglés), a una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo).

A finales de mayo, el espacio geográfico de América Latina y el Caribe se convierte en el epicentro a nivel mundial de dicha pandemia. Con independencia de la confiabilidad y comparabilidad de las estadísticas, para el conjunto de países integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, las cifras oficiales al 15 de agosto registran un total de más de 332 mil personas afectadas por el virus; con más de 185 mil personas recuperadas (56% del total) y 8, 128 fallecidas (para una tasa de fatalidad de 2%).

Si bien los datos deben ser interpretados con cautela y es posible que no estén exentos de subdeclaración y errores en el registro, las autoridades de esos países a partir de la cantidad de casos confirmados admiten que la pandemia se encuentra en fase de trasmisión comunitaria. Panamá el primero, en la segunda semana del mes de abril; luego República Dominicana, en la última semana de abril: seguido de Honduras, segunda semana de mayo; después Guatemala y El Salvador, ambos entre la tercera y cuarta semanas de mayo; y, finalmente, Costa Rica en la segunda semana del mes de julio. No obstante, la tasa de fatalidad ha tendido a disminuir, con excepción de ese último país mencionado.

Costa Rica, inicialmente presenta un comportamiento relativamente bajo en comparación con los otros países de la región; no obstante, al momento de escribir este artículo tal tendencia ha variado sustancialmente, e incluso la relación entre casos activos y casos recuperados que, del 21 de junio al 15 de agosto, se incrementa. Mientras que Panamá, continúa presentando la más alta incidencia de personas infectadas por Coronavirus entre los países arriba mencionados; de hecho, para esa última fecha, registra 1, 869 casos confirmados por cada 100 mil habitantes.

El norte de la actuación de las autoridades gubernamentales hasta el momento se concentra en la regulación de los estados de emergencia y se complementa con medidas y acciones a nivel nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha levantado, sistematizado y clasificado el conjunto de tales medidas y acciones en las siguientes áreas: A. Desplazamientos, B. Salud, C. Economía, D. Empleo, E. Protección Social, F. Educación y H. Género (https://www.cepal.org/es/temas/covid-19).

En Guatemala, a pocos días de confirmado el primer caso de Coronavirus, el gobierno dispone la declaratoria de emergencia nacional y en forma simultánea decreta la suspensión de clases y de todas las concentraciones públicas, el cierre de fronteras terrestres y la operación de aeropuertos, la suspensión de actividades laborales y el cumplimiento obligatorio de normas de higiene, posteriormente establece toque de queda.

Por su lado, El Salvador, es el primer país de la región en declarar alerta y cierre del aeropuerto, aun antes de la confirmación del primer caso oficial de Coronavirus. En ese mismo momento, el Presidente ordena tres meses de suspensión del pago de los servicios básicos. Días después se aprueba el trabajo desde la casa y otras regulaciones especiales y se inicia la construcción de un mega hospital para enfrentar la emergencia, que se culmina en 100 días.

Honduras, suspende lecciones presenciales en centros educativos, abre centros de aislamientos para el retorno de migrantes de Mexico y Estados Unidos de América, cierra fronteras terrestres y establece control en las mismas y prohibe la realización de actos públicos masivos, reduce y pospone pagos de impuestos, entre algunas otras medidas económicas, de protección social y protección laboral (esto último se deja a decisión del sector privado).

En Costa Rica, la suspensión de actividades masivas, la divulgación de medidas de higiene y otras actividades previas de preparación, preceden en mucho a la declaratoria de emergencia, que cierra la entrada de personas extranjeras y los centros educativos y decreta el teletrabajo para el sector público. En lugar de toque de queda, por razones constitucionales, se instala la restricción de circulación vehicular. Adicionalmente, se aprueban medidas transitorias por la emergencia, como suspensión de contratos laborales y reducción de jornadas de trabajo,  moratoria de pagos de impuestos turísticos,  aministía para la presentación de declaraciones de impuestos y suspensión de la regla fiscal para municipales. Asimismo, se implementa el Plan Proteger (transferencia monetaria) y distribución de paquetes de alimentos digiridos a familias en vulnerabilidad económica. Ante la presión fiscal, el país busca financiamiento en fuentes internacionales y firma un acuerdo con el  Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras que, en Panamá, todas las medidas se inician posterior a la confirmación del primer caso de Coronavirus. Incluso, investigadores nacionales plantean que dada la apertura del país es posible la presencia del virus mucho antes de la primera declaratoria oficial, y que esto de alguna manera podría estar explicando la diseminación y altos niveles de afectación. La medida más contundente es la suspensión total de todos los vuelos, que de hecho permanecen cerrados, no obstante su reapertura se ha anunciado varias veces.

República Dominicana también es un caso particular, la declaratoria de emergencia tiene lugar 15 días después del primer caso registrado. Según analistas políticos la espera del gobierno se debe a la celebración de las elecciones de autoridades municipales. No obstante, una vez emitida la declaratoria de emergencia, se procede con el cierre de centros educativos, fronteras terrestres, espacio aéreo, desembarco de cruceros y restricciones para el transporte interno, incluido toque de queda. Adicionalmente, las medidas incluyen el uso de mascarilla en sitios públicos, cuyo incumplimiento genera multas. Otras acciones corresponden a programas de distribución de alimentos, aumento del monto de las transferencias monetarias condicionadas y el número de familias y creación de programas especiales dirigidos a la protección laboral de trabajadores.

Al margen de la cantidad y tipos de medidas, de la oportunidad y alcances en su implementación, en todos los países mencionados –con mayor o menor intensidad– la pandemia pone en cuestionamiento la capacidad de respuesta de los sistemas de atención primaria en salud y la cobertura de los mecanismos de protección social, que deja por fuera a importantes sectores afectados, como trabajadores calificados por cuenta propia o independientes, que antes de la pandemia no, necesariamente, se ubicaban por debajo de la línea de pobreza. Asi como, la efectividad de las campañas de difusión con el objetivo de promover el traslado del cuido como acción colectiva al ámbito de la responsabilidad individual, cuyos principales mensajes parecieran estar más dirigidos a población con capacidad de resolución propia de necesidades materiales y de otra naturaleza. Con ligeras diferencias entre países, la ecuación del accionar institucional, e incluso el reclamo de ciertos sectores organizados, se inclina a propiciar y hacer más rigurosas prohibiciones y penalidades, que a una apuesta consistente de educación y concienciación del significado y alcance del impacto de Covid-19.

Ante este panorama, que de ninguna manera pretende ser exhaustivo, más bien se presenta a título ilustrativo y a modo de ejemplo, sin prejuzgar las omisiones, como tampoco la pertinencia e idoneidad del diseño, alcance y esquema de asignación de recursos de las medidas, una pregunta central que salta a la vista es: ¿De qué manera estamos aprendiendo de esta emergencia mundial, para mejorar en forma integral las capacidades de diseño, coordinación y articulación de política pública a nivel internacional, nacional y local?.

Al parecer, aun falta camino por recorrer para que se reconozca e internalice el carácter y factores diferenciadores de esta pandemia, en relación con otras del pasado, por parte de autoridades políticas nacionales y de gobiernos locales, personal técnico, líderes empresariales y de organizaciones de trabajadores, asociaciones y grupos de base en defensa de los derechos de las mujeres, de pueblos indígenas, de población afrodescendiente, de personas con discapacidad, de juventud, de personas mayores y otros actores involucrados en la responsabilidad de la toma de decisiones gubernamentales e institucionales.

Covid-19, se presenta como una amenaza global planetaria, más allá de una situación nacional o de país. En efecto, emerge en forma prácticamente simultánea o concomitante en todo el planeta, se propaga con velocidad supersónica y su presencia se instala con intensidad tanto en países del norte como del sur. Condición ésta, que podría ser considerada como una oportunidad; y un riesgo, al mismo tiempo. Es posible que de haber afectado solamente a países del sur, como otras pandemias o el hambre, la atención mundial que ha acaparado no hubiese llegado a los niveles actuales, en la forma y en la medida que lo ha hecho. No obstante, se corre el peligro que los países del norte con mayores capacidades y tradición de inversión en capital intelectual e investigación aplicada, se empoderen y apropien de las innovaciones científico-tecnológicas. De hecho, a pesar de los distintos avances en vacuna, es posible que su expansión global tarde tiempo en su democratización.

A diferencia de otras enfermedades contagiosas (cólera, lepra, tuberculosis, influenza, gripe aviar y porcina y otras de la misma familia del coronavirus), dada la severidad de situaciones que requieren atención médica especializada y hospitalización (incluyendo unidades de cuidado intensivo – UCI), la ciencia médica ha prescrito el aislamiento/confinamiento preventivo, hasta ahora como la mejor forma de minimizar el contagio y eludir la propagación más amplia. Y, esta es, quizás, la característica diferenciadora más sobresaliente de Covid-19, que “desnuda” qué tan vulnerables somos como países, en qué medida cuentan las asimetrías y exclusiones y qué tantas deficiencias, históricamente acumuladas, tenemos para asumir su singular exigencia de capacidad preventiva.

Como hemos venido insistiendo desde el inicio de esta pandemia, parte fundamental del aprendizaje es entender que es esto es más que una cuestión de salud. Sin duda, se ameritan medidas y acciones de cara a sus efectos en la economía de mercado y en la reducción o pérdida de ingresos provenientes del trabajo y otras fuentes, en el marco del aminoramiento de las rutinas institucionalizadas, la presión sobre los servicios básicos (agua, electricidad y conexión digital, especialmente) y las restricciones en el uso del espacio público y el ejercicio de las libertades individuales (participación ciudadana en la deliberación pública). Al mismo tiempo, se requiere la preparación para una salida orquestada en torno a la re/definición de la vida cotidiana, la esfera más afectada, los funcionamientos para decirlo en palabras de Amartya Sen, lo que las personas logran ser o hacer al vivir.

Más allá del inmediatismo que nos embarga y obnubila, hace falta incorporar en forma sinérgica y sincrónica la mirada de largo alcance. ¡Ver más allá de la curva!.   

En ese tenor, son múltiples y variadas las esferas de acción integral. No obstante, sin desmedro de la diversidad, en esta oportunidad quisiéramos resaltar, a manera de prioridad (en el buen sentido de la palabra, a lo que se le presta atención en primera instancia) tres (3) ámbitos fundamentales a propósito de un diseño de calidad de una estrategia multidimensional, con arraigo territorial.

1. Re/activación económica. Como dice mi exalumno Pavel Isa Contreras, a quien le pedí permiso para tomar prestada su expresión, “reapertura no es sinónimo de reactivación económica”. El reconocimiento de tal diferenciación implica un debate informado considerando la más amplia gama de actores de cara a re/pensar la estrategia de desarrollo de los países. ¿Será que el turismo y las remesas internacionales en el corto plazo podrán continuar con el peso que han venido tenido sus contribuciones en la generación de divisas y de empleos?. ¿Será que la exportación de productos primarios podría seguir siendo una base importante, o más bien los países deberían orientar sus esfuerzos a lograr también soberanía alimentaria?. ¿Será que abrir el acceso a plataformas tecnológicas para ofrecer cursos de ampliación de conocimientos en temas específicos, por más prestigiosas que sean las universidades que los ofrecen, constituye la clave esencial para la mejora de la empleabilidad?.
2. Calidad de la educación. La convergencia de la voluntad política, la capacidad técnica y el compromiso social, el triángulo mágico, debe orientarse a la mayor brevedad posible a orquestar esfuerzos y asignar recursos para evaluar el impacto en la calidad de la educación de los usos de medios alternos de enseñanza o instrucción a distancia, proveyendo una hoja de ruta de estrategias y acciones correctivas y preventivas. En ese sentido, la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, está adelantado un novedoso diseño y proceso de implementación, quien esto escribe ha recibido el honor de la invitación a participar en el Consejo Asesor Internacional.
3. Fortalecimiento de la democracia. En múltiples escenarios, y este es también propenso para continuar con esa advertencia, hemos propugnado que la democracia, pese a sus imperfecciones, sigue siendo la mejor  para el ejercicio de las libertades humanas y otras formas de conducción, antes durante y después de Covid-19, merecen el repudio colectivo. La vinculación entre poderes (congresual/ejecutivo), la articulación entre gabinetes ministeriales, la mitigación del clientelismo político, la coordinación intra e interinstitucional y con actores no estatales y las conductas sanas en compras y licitaciones, son factores esenciales para recuperar la confianza de la población. Y, sobre todo y ante todo, hace falta inclinar la balanza a favor de la acción educativa articulada a los gobiernos y actores locales, en y desde el territorio.

     Aprender de esta dolorosa experiencia con Covid-19 es un imperativo ético. Ojalá logremos encaminar todos los esfuerzos para hacerlo y dejar huellas.