Este domingo la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) realizó una marcha para denunciar las precarias condiciones de los hospitales y centros públicos de salud, y demandar una mayor atención del Gobierno Dominicano para mejorar la atención médica que reciben las familias pobres e indigentes, que representan el 70% de la población.
Al final de la jornada ADESA señaló que “solamente en el año 2017 murieron 2,835 niñas y niños menores de un año, y 188 mujeres embarazadas o recién paridas. Esas muertes pudieron evitarse si los servicios hospitalarios fueran de calidad”.
“Esta marcha expresa la indignación que tienen sus participantes frente a las graves consecuencias que sufre el pueblo dominicano por la crisis del sistema de salud, la cual se traduce en proliferación de enfermedades, sufrimiento, dolor y muerte para miles de familias”. La marcha se inició en el Parque Enriquillo y terminó en el Baluarte.
Alba Reyes, actuando como vocera de ADESA, señaló que representan a más de 35 organizaciones barriales y municipales que están “jartas” de ver morir a niños, mujeres, hombres y ancianos, por falta de atención médica oportuna, debido a la incapacidad de las autoridades para garantizar un servicio adecuado y estable. E insistió en que continuarán reclamando el derecho a la salud, hasta que las autoridades les escuchen y mejoren los servicios.
Dentro de las consignas enarboladas están: “La salud es un Derecho: no negocios, no corrupción”, “5% del PIB para Salud”, “Salvemos la salud de la corrupción y la privatización”, “Con la salud no se hace negocio”, “Seguridad Social para todos/as, “El copago es ilegal y abusivo, presiona el gasto de bolsillo de los hogares”, “Basta de abusos en los servicios de salud”, entre otras.
Una reacción serena y receptiva
Resulta alentadora la reacción de dos altos funcionarios del sector salud, quienes valoraron como positivo que la sociedad reclame la mejoría de los servicios hospitalarios y de los demás centros públicos de salud, e hicieron sus puntualizaciones sobre las demandas de los manifestantes.
Tanto el Dr. Nelson Rodríguez Monegro, como el Lic. Chanel Rosa, directores del SNS y del SENASA, respectivamente, consideraron válidas las críticas y los reclamos, apuntando que la solución de los problemas señalados, requiere de un cambio en el modelo de prestación de los servicios.
El director del SENASA alabó “el involucramiento de la ciudadanía en un tema tan complejo como es el sector salud”, dentro del cual coexisten múltiples sectores y actores con intereses encontrados y ajenos a la salud. Convendría acercarse a estos grupos y escuchar sus reclamos y propuestas, como se acostumbra con los grupos influyentes.
Sin embargo, ambos condicionaron la demanda del 5% del PIB para la salud con dos argumentos. El primero, que el impacto del financiamiento no sería el esperado si no se corrige el modelo; y el segundo, que el 5% supone la firma de un pacto fiscal para aumentar la inversión.
Ciertamente un mayor financiamiento debe acompañarse por un cambio en el modelo de atención. Es más, el cambio del modelo es tan urgente e importante que es independiente del financiamiento. Además, ambos procesos pueden ser simultáneos, como en educación.
El pacto fiscal es un mandato de la ley y son las autoridades quienes lo han evadido durante años. Sin pacto fiscal se han hecho muchas cosas menos importantes que la salud. Pero, además, la demanda del 5% es gradual, por lo que en realidad hace falta es voluntad política para racionalizar y priorizar como demanda la población más pobre y vulnerable.