A toda luz es acertada la disposición de la Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud, de que los hospitales de “autogestión” garanticen servicios de calidad a las personas que no cuentan con recursos, ni con un seguro médico. El ministerio anunció que elabora un reglamento en esa dirección, considerando que todos los hospitales del sistema de autogestión deben ofrecer servicios médicos a las personas que carecen de recursos o aseguramiento, “porque todos forman parte de la Red Pública”.
Apoyamos abiertamente esta decisión, la cual debió aplicarse desde hace una década, ya que la misma constituye un mandato muy claro de la Ley de Seguridad Social. En efecto, el párrafo del Art. 142 sobre “financiamiento del régimen subsidiado” reza como sigue: “Los subsidios mensuales que otorga el Estado Dominicano a las instituciones prestadoras de servicios de salud se transformarán en una modalidad de compra de servicios prepagada, con cargo a la cual el Estado Dominicano referirá una cantidad proporcional de pacientes del Régimen Subsidiado y del Contributivo Subsidiado, establecida previamente y de común acuerdo, para fines de atención sin costo adicional”.
Para ello el legislador partió del principio de que, cualquier sacrificio presupuestario debe tener una contrapartida en beneficio de los contribuyentes y de la población en general. Si los recursos asignados a la salud pública son absolutamente insuficientes, tomando como referencia cualquier parámetro, con mucho más razón para disponer y reclamar la transformación de estas cuantiosas transferencias en una compra pre pagada de servicios a favor de las familias más vulnerables y necesitadas. La asignación anual a esas entidades asciende a 2,736 millones de pesos al año, 228 millones por mes.
Los centros de “autogestión” son hospitales descentralizados construidos durante las últimas dos décadas y que operan con autonomía presupuestaria y administrativa. En este grupo se encuentran los hospitales Marcelino Vélez Santana, en Herrera; el Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte; Juan Bosch, en La Vega; Vinicio Calventi, en Los Alcarrizos, y CEDIMAT, Plaza de la Salud y CECANOT, en el Distrito Nacional.
Están dirigidos con técnicas gerenciales, lo que les permite facturar a las ARS y cobrar por sus servicios a todos los pacientes. Cuentan con modernas instalaciones y ofrecen una atención mejor organizada, personal más dedicado, y con estándares de calidad superiores a los hospitales tradicionales de la red pública. No se trata de afectar ni cuestionar la labor que realizan, sino de aprovechar mejorar los limitados recursos disponibles.
Esperamos que las autoridades se mantengan firmes y logren aplicar reglas de juego igualitarias, sin ninguna distinción, en cumplimiento de un mandato claro de la Ley de Seguridad Social. Es importante hacer cumplir el principio de rendición de cuenta sobre los servicios prestados, a que deben estar sometidas todas las instituciones de salud que reciben recursos del Estado.