Resulta plausible la convocatoria del diputado Wellington Arnaud Bisonó, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, para analizar la situación del sistema dominicano de salud, ya que desde hace muchas décadas ni los indicadores sanitarios, ni la satisfacción de la población, pueden considerarse aceptables, para un país que exhibe un crecimiento económico de primer orden.

El sistema de salud padece de una enfermedad crónica, con frecuentes recaídas que lo colocan en cuidados intensivos. A pesar de que, desde hace más de un cuarto de siglo, tenemos una Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS), y de haber gastado casi 120 millones de dólares en préstamos internacionales para tales propósitos, es poco lo que se ha avanzado en comparación con los reclamos de la población, así como de los médicos y del personal de salud. Y todo ello, no obstante contar, desde hace 14 años, con una nueva Ley General de Salud (Ley 42-01) y una Ley de Seguridad Social ( 87-01), que dispone reformas específicas.

La semana pasada el diputado Arnaud, invitó a representantes de los diversos sectores vinculados al sistema de salud a un diálogo multisectorial orientado a “priorizar una salud y seguridad social integral”. Se trata de iniciar un proceso de análisis que contribuya a soluciones viables y a un compromiso de todos de colocar el tema “en la principalía de la agenda nacional”. En ese sentido, se ponderó la positiva experiencia nacional sobre la conquista del 4% para educación y el compromiso político de incluirlo en el presupuesto nacional.

En la actividad participaron representantes del Colegio Médico Dominicano del Distrito, de PROFAMILIA, del Instituto Nacional de Salud (INSALUD), de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas de diferentes áreas de la medicina. Por su composición plural, es posible que esta iniciativa constituya un punto de partida para avanzar hacia un “pacto social” para el sector salud, como hemos recomendado en varios de nuestros mensajes.

Apoyamos esta iniciativa ya que desde hace más de un año venimos insistiendo en “aplicar a salud, la medicina de educación”. El 30 de abril del 2015, en nuestro mensaje 035, no sólo señalamos la necesidad de un Pacto Social por la Salud, sino además puntualizamos “Para que un pacto social en salud surta los efectos esperados, el mismo debería tener un doble objetivo: 1) aumentar gradualmente el gasto público en salud al 5.0% del PIB antes del 2020;  y 2) elevar la calidad del gasto del Ministerio y de la red pública. El Rector de UNIBE fue claro al recalcar que no se trata de construir infraestructura innecesaria, sino de elevar la eficiencia y el impacto de los servicios, mejorando la calidad de la gestión pública”.

Y el 30 de octubre pasado, en nuestro Mensaje 061 señalamos: “No basta con un cambio de funcionarios. Además, es necesario extirpar el tumor de raíz. Se trata de una crisis tan profunda que sólo podrá ser superada con un pacto social que consigne un aumento gradual del presupuesto; la asignación de los recursos según la demanda de los servicios y el desempeño; el fortalecimiento de la capacidad gerencial; y el inicio de la reingeniería del sistema nacional de salud como lo disponen las leyes 42-01 y 87-01. Ojalá las autoridades superiores transformen este problema en una oportunidad fecunda”.