Es justo saludar la disposición recíproca y reiterada de los máximos dirigentes de la isla en en su recién participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York de proseguir el diálogo iniciado a principio de año para fortalecer los lazos entre las dos naciones.
Siguiendo una línea definida en los últimos encuentros bilaterales en Juan Dolió y Punta Cana, el mandatario dominicano, Danilo Medina, señaló la existencia de “un par de capítulos dolorosos” en la historia de los dos países que comparten la isla, más exhortó a que no se limitara la identidad nacional a los mismos. Por lo contrario, inspirarse de los demás capítulos que permitan definir una identidad “más completa, más rica y más humana” para construir el futuro.
En tanto que el mandatario haitiano, Michel Martelly, manifestó haber convenido del dialogo por el “bien estar de los dos pueblos” y la paz en la región del Caribe.
Bajo esa motivación, se espera que acuerden pronto, un plan conjunto que permita enfrentar las actuaciones día tras día más amenazantes de sectores diversos y actores políticos abiertamente anti haitianos en la Republica Dominicana y de una corriente hostil a las negociaciones con ese país hermano en Haití.
Por ser la falta de documentos de identidad un problema común en los dos paises, aunque más crucial en Haití, retuvo la atención, el llamado hecho por el presidente dominicano a favor de una ayuda al Estado haitiano para la documentación de sus nacionales en ambos territorios.
Dicho problema, en República Dominicana, afecta al 18% de la población, unos 2 millones de personas. En Haití, con el apoyo de la OEA, en los últimos años, alrededor de 5.5 millones de habitantes son portadores de la CIN (tarjeta de identificación nacional). Al considerar los niños y menores estudiantes, se estima a 25% de la población, de aproximativamente 10 millones, los no registrados en el Estado Civil.
Respecto a los inmigrantes, ciertamente con muchos problemas, Haití lanzó su programa de identificación y documentación, cuyos iniciales son PIDIH, logrando registrar un poco más de 15,000 personas en dos meses.
En ese marco, la mención del tema pudiera prestar a confusión cuando en el tapete hay una seria preocupación por la eventualidad de una situación de apatridia masiva sin precedente en las Américas. Podría ser el resultado, al concluir el Plan de regularización (PNRE) el próximo año, por la exclusión por la ley 169-14, del derecho a la nacionalidad de los dominicanos indocumentados de origen haitiano.
Estos últimos, pese a tener vínculos más fuertes con su país de nacimiento se ven obligados a buscar la nacionalidad de su país de origen a través del PNRE. En ambos casos, los Estados basándose sobre decisiones legales soberanas de protección de la nacionalidad exigen el cumplimiento de ciertos requisitos o procedimientos.
Es errónea la interpretación hecha tan solo en la Republica Dominicana del artículo 11 y su acápite 1 de la reforma constitucional haitiana de 2011 sobre la nacionalidad por el jus sanguini. No es ipso facto.
El Estado haitiano no puede atribuir su nacionalidad a una persona que no muestra ningún interés por la misma. Tampoco puede imponer su nacionalidad a un individuo que se encuentra en un territorio extranjero amparado por otras leyes incluso el derecho internacional. De igual manera no puede otorgar la nacionalidad a una persona que no demuestre legalmente su ascendencia haitiana.
En el caso que nos interesa, los dominicanos de origen haitiano indocumentados afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, han optado por luchar en defensa de su derecho a la nacionalidad dominicana.
En adición a esto, los sondeos revelan que la gran mayoría de los afectados, unos 100,000 mil, están en la imposibilidad de probar su lazo sanguíneo con Haití. Por consiguiente, la eventualidad de la apatridia es más que evidente.
Hay que lamentar que en el nuevo marco de cooperación bilateral el tema no fuera abordado por ninguna de las partes en sendas intervenciones a la tribuna de la ONU para solicitar la asistencia técnica de la comunidad internacional en vista de aportar una solución definitiva a una situación tan compleja.