La decisión del gobierno dominicano de aumentar la capacidad de generación eléctrica mediante la construcción de dos plantas a carbón con capacidad para producir 1,200 megavatios, ha puesto nerviosos a los “suplidores” de energía, por cuanto, de acuerdo al cronograma para su construcción,     estas nuevas plantas entraran  en funcionamiento,  en fecha cercana al vencimiento de los actuales contratos.

Los  beneficiarios de los contratos de generación eléctrica vigente saben que,  al entrar en funcionamiento las plantas en construcción,  ya no será necesario  renovar sus contratos, por lo menos en la condiciones actuales que resultan onerosas  para el gobierno y la población, por cuanto   les aseguran a ellos, cobrar  por la capacidad instalada  de sus plantas, aunque no le sirvan a la población ni un solo segundo de energía.  Estos, claro esta, harán de todo  para presionar al gobierno y hacer que  desista de la construcción de dichas plantas.  La mejor manera de tratar de lograr sus aviesos propósitos, es la de recurrir a los tenebrosos, molestosos y caros apagones, por lo que la población debe prepararse para recibir kilométricos apagones en lo que resta del presente año 2014 y para el próximo 2015.

Estos nuevos apagones tendrán como pretexto publico la falta de  pago por parte de  la CDEEE,  a las generadoras eléctricas; pero el fondo es evitar que el a gobierno  haga las plantas y así ellos renegociar los actuales contratos de generación eléctrica en las mismas condiciones perjudiciales para la población. Nunca ningún gobierno había sido tan buen pagador como este; pero nunca ningún gobierno se atrevió a plantearse regular el mercado eléctrico a partir de su propia producción energética y esto tiene muy nervioso al grupo de empresarios que han sido incapaces de invertir lo necesario para mantener estable el vital servicio eléctrico.

La estrategia de las empresas  generadoras de electricidad con los largos apagones  en marcha, es clara, se trata de  chantajear al gobierno para ver si flaquea y  ante la coyuntura electoral que se avecina, cede a sus pretensiones anti país, pues todo el mundo sabe que los apagones desesperan e irritan a la población y que eso se refleja contra la popularidad de las autoridades de turno.

La población también debe saber que cuando el país les adeuda  a los dueños del negocio eléctrico, a ellos se les paga intereses en dólares por el tiempo del atraso y créanme,  el interés  resulta tan oneroso que califica para usura.

La patraña es más que evidente y la respuesta tiene que ser un amplio movimiento de la población para exigir la derogación o revisión de los contratos de generación eléctrica a fin de ajustarlo a una realidad en la cual, la población y el gobierno solo tengan la obligación de pagar por la cantidad de energía que reciban. Eso es lo justo, pues no podemos seguir atados a unos contratos que hacen al país y a sus gobiernos prisioneros de la avaricia irresponsable, de quienes amparados en  una legalidad a moral, exigen que se les pague por un servicio que no brindan.

Las autoridades del gobiernos deben mantener la posición de propiciar la firma de un pacto eléctrico donde las reglas se pongan claritas y donde el sector privado se comprometa a servir energía a precios justos y a realizar las inversiones necesarias para hacer sostenible  y estable el servicio, sin renunciar el gobierno a continuar acrecentando su inversión en nuevas plantas y dejando abierta la posibilidad de que nuevos actores se integren a la producción y venta de energía, pues en un mundo de libre mercado, no podemos continuar siendo prisiones de filibusteros, pero tampoco de bucaneros.

El autor es catedrático universitario y dirigente del PTD.