Uno de los más grandes avances en materia de planificación del territorio municipal lo constituye el proceso de formulación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional, denominado POT-Capital. Un esfuerzo que trascendió tres administraciones locales, desde sus inicios en la administración Salcedo, pasando por su aprobación en la gestión de David Collado y el compromiso de ser implementado en la presente gestión de Carolina Mejía.
Un esfuerzo apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo la coordinación técnica del International City Managment Association (ICMA), que permitió asistir además del Distrito Nacional, los Ayuntamientos de Santiago, San Pedro de Macorís y Las Terrenas en sus planes de ordenamiento territorial con el enfoque de adaptación al cambio climático.
La superficie del Distrito Nacional a finales de la década de los noventa ascendentes a 1,400 Km² se vio reducida con la aprobación de la Ley 163-01 que creó la provincia de Santo Domingo, dejando la capital de la nación con un área de apenas 91.58 Km², para una reducción de un 93% de su territorio, con un alto porcentaje ocupado y un territorio clasificado como suelo urbano.
A partir de este momento se produce un desafío importante en el ordenamiento territorial y uso del suelo de la demarcación más importante del país, la cual posee la mayor densidad de todo el territorio nacional (10,5377 Habs./Km²), líder en inversión pública y contenedora de la mayor cantidad de empleos por provincia del país; aspectos claves que evidencian la presión contínua de esta demarcación sobre el uso y la ocupación del suelo, agudizado por la superficie urbanizada que circunda la capital donde reside una población que cada día entra al territorio para realizar sus actividades cotidianas.
Antes del POT-Capital la regulación del Distrito Nacional era parcial, con reglas particulares para algunas zonas y con ausencias importantes para ordenar la ocupación de ciertos sectores; lo cual evidencia que la regulación aprobada durante las últimas décadas no surgió como producto de una visión integral del territorio, sino que es el resultado de las presiones y demandas ejercidas en los últimos tiempos por el uso del suelo urbano.
Es así como una serie de normas para la regulación del suelo en el Distrito Nacional estaban sustentadas en lo construido, como indicativo para establecer el porvenir de la ciudad. De igual forma durante años se focalizaron los esfuerzos por regular el uso del espacio privado, descuidando la calidad de los equipamientos y de los servicios públicos que son fundamentales para garantizar los niveles de habitabilidad básica.
Luego de varios esfuerzos realizados en los últimos veinte años, ya contamos con el primer plan de ordenamiento territorial del Distrito Nacional, el cual brinda esa visión integral de todo el territorio capitalino que permite establecer reglas para el uso del suelo en base a un concepto unitario que nos permita determinar lo que nos falta, lo que necesitamos y lo que queremos para esta ciudad, como centro económico del país que se relaciona de forma activa con su área metropolitana (visión POT-Capital).
Después del POT-Capital, no hay excusas para establecer regulaciones como fruto de una visión política que trascendió varios períodos gubernamentales, sustentado por estudios técnicos y sometido a un amplio proceso de consulta entre los sectores representativos del Distrito Nacional.
A partir de este momento las decisiones para regular el uso del suelo privado deben considerar las condiciones de lo público, pues será la única forma en que podremos rescatar la capital para el disfrute de la presente generación garantizando a su vez la sostenibilidad del territorio en cuestión para las siguientes generaciones.