El informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país ha traído a la palestra temas que, por desgracia, son norma en este tipo de reportes. Para nadie es un secreto las violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestra nación: el uso excesivo de la fuerza por parte de nuestras instituciones del orden, un ambiente infrahumano en diversos centros de reclusión, tráfico de personas, la discriminación de género, entre otros, forman parte de la lista de violaciones que pueden ser documentadas en cualquier punto de la geografía nacional.

Como era de esperarse, muchos han salido al paso para hacerle frente al informe, minimizando su contenido, utilizando argumentos superfluos y circunstanciales. Haciendo un llamado a los norteamericanos a verse en ese mismo espejo, diferentes autoridades dominicanas han optado por el debate, en vez de aceptar la realidad que ocurre en nuestro país. Allí, nuevamente, perdieron la marca, pues han optado por arremeter contra el mensajero, lo cual debe ser secundario, antes de reflexionar sobre el mensaje que hemos recibido. Pero claro, como es costumbre en nuestros gobiernos, es mejor salirse por la tangente y no enfrentar los cuantiosos problemas en nuestra sociedad.

A su vez, otros han tomado el mismo como recurso mediático para "entrarle a mano pelá" al gobierno, principalmente por la mención especial que hace dicho informe sobre la corrupción rampante que  nos consume.  Aunque las quejas son más que válidas, pues quien afirme que en dominicana solo hay una percepción abultada de corrupción está viviendo en otro planeta, los reclamos no permiten la internalización necesaria para digerir dicho informe y aportar medidas pragmáticas que busquen mitigar las violaciones de esos derechos que adquirimos por naturaleza. En pocas palabras, no siempre es necesario utilizar cualquier coyuntura para "apedrear", pues mientras hacemos uso de la denuncia, también tenemos el deber social de aportar soluciones. Para eso hay que pensar.

Y he allí donde fallamos, al quedarnos atascados a favor o en contra del contenido del informe, lo cual no nos permite revisarnos de manera objetiva ni reflexionar sobre las realidades que enfrentamos.

Y hablando de objetividad, al referirnos al tema de los derechos humanos y luego de enfocarnos en aceptar el contenido del informe como bueno y válido, debemos medir a todas las naciones con la misma regla. Siguiendo ese enfoque y al analizar el récord reciente de los Estados Unidos en el tema, es fácil entender la razón por la cual muchos funcionarios y empresarios de nuestro país buscaron desestimar las denuncias contenidas en dicho reporte. Mientras el Departamento de Estado se dedica a publicar el resultado global de sus análisis, la nación-escudo de la democracia sufre de vergonzosos casos de transgresiones contra los derechos humano.

Solo basta con enumerar algunos casos para que tengamos una idea de la magnitud de las transgresiones a los derechos humanos cometidas por el "coloso el norte": las torturas y abusos a prisioneros de guerra en la cárcel de Abu Ghraib, Iraq, probadas por fotografías que le dieron la vuelta al mundo; las denuncias de la ONU y Amnistía Internacional por las violaciones a los derechos humanos en la cárcel de Guantánamo, donde se mantienen detenidos a sospechosos sin derecho a asistencia legal y sin formulárseles cargo alguno; las torturas utilizadas como tácticas de interrogación de prisioneros (como el famoso submarino o ahogamiento simulado, el cual fue calificado como ilegal por el Departamento de Justicia norteamericano); el secuestro ilegal de personas (conocido en el círculo de inteligencia como Programa de Rendición) sin que familiares ni la Cruz Roja Internacional sepan de su paradero, registrándose casos de personas totalmente inocentes detenidas en estas condiciones y torturadas por meses; la red de cárceles clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) localizadas en diversos países de Europa, siendo estas el destino de muchos de los individuos secuestrados, entre otros casos, desnudan la doble moralidad de esa nación ante el tema y queda como trasfondo para el debate.

Y no pensemos que solamente estas violaciones se registran lejos de las costas norteamericanas, pues dentro del país existen casos que parecen propios de naciones tercermundistas. Según un reporte de Amnistía Internacional, existen casos de inmigrantes indocumentados detenidos por meses, incluso años, sin una revisión propia del porqué de su detención. Asimismo, el 84%  de los inmigrantes detenidos no reciben la asistencia legal necesaria para enfrentar sus casos, todo esto al recibir servicios médicos precarios, causante de 74 muertes de inmigrantes encarcelados en los últimos 5 años. Si a todo esto le sumamos la innegable discriminación racial dentro de la sociedad norteamericana, la cual ha sobrevivido a pesar de un sin número de esfuerzos para erradicarle, nos damos cuenta que ambas naciones deben mejorar su récord con relación a las violaciones de los derechos humanos.

No obstante, como ya fuera apuntado, el hecho de que quienes realizaron el señalamiento tengan cola que le pisen, no invalida las verdades que fueron expuestas por el informe. Así estemos en desacuerdo con el remitente, y con bastadas razones, enfoquemos nuestra discusión en el contenido, pues es allí donde debemos apoyarnos utilizándole como brújula, para luego ejecutar cambios viables. Si violamos la ley porque los vecinos la violan, nuestras acciones son tan criminales como las de ellos. No queramos excusar lo inexcusable.