Humanismo y Ciencia

Año 2015, ¿“Revolución educativa” o desmantelamiento de la libertad de conciencia?

Por Argelia Tejada Yangüela

Después de participar en la misa de la catedral de año nuevo, el Ministro de Educación Amarante Baret, acompañado de alto/as funcionarios/as del Ministerio declaró que en 2015 el país logró su “consolidación definitiva” en la llamada “revolución educativa”. Pero en el mundo orwelliano creado por el PLD cuando se habla de “revolución” se practica la “involución”, cuando vamos pa’lante, se hace lo inimaginable por llevar la nación en dirección contraria al tiempo. Sabemos que el Tribunal Constitucional, presionado por la Iglesia Católica Romana (ICR) llevó el código penal al siglo XIX y el MINERD, junto a la Jerarquía de la ICR, acaba de llevar la legislación educativa a la Cristiandad del siglo XVI. 

Si creíamos que los hijos y las hijas de las clases sociales más necesitadas tendrían la oportunidad de una educación digna, el purpurado católico se ha encargado de parar el éxodo de la clase media a las escuelas públicas. El convenio marco del 10 de diciembre de 2015 es un muro de contención que continuará aumentando la brecha entre ricos y pobres, usando el dinero de los pobres para financiarles su educación privada. Ante tanto absurdo, la Coalición Educación Digna permanece en un silencio cómplice, que confirma mis sospechas cuando una amiga me dijo que en ella militaban muchos grupos de Iglesia. La Conferencia del Episcopado Dominicano es un órgano que planifica y evalúa sus acciones. Es difícil que no previeran los efectos del 4% en sus colegios privados, la mayoría dirigidos por órdenes religiosas extranjeras.

Los Evangélicos a su vez compiten en la carrera por extraer dinero del Estado y oponer la libertad religiosa de sus Iglesias (las cuales carecen de conciencia por no ser humanas) por encima de los derechos humanos individuales, como es la libertad de conciencia, fundamento constitucional y base de la moral laicista de la educación de Eugenio María de Hostos. Cansados de litigar sin éxito la inconstitucionalidad del Concordato, se llevan ahora del consejo del Cardenal, de hacer su propio convenio con el Estado. Ya lograron nombrar sus maestros/as en las escuelas públicas para enseñar sus dogmas financiados por el Estado. Gracias a esa legislación, en las escuelas públicas la juventud dominicana puede aprender que el mundo fue creado hace seis mil años y que la teoría de la evolución de Darwin es un disparate porque no es eso lo que la Biblia dice.

Entramos así en el 2015 a una torre de babel pluri-religiosa. Tiene el efecto de fragmentar la cohesión social y desmantelar la Constitución, fuente del Estado social y democrático de Derecho. Pero si los católicos romanos tienen tantos privilegios, ¿por qué no los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, los anglicanos, los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los que siguen el New Age, los animistas, los que practican el vudú, etc. etc. ? En este ordenamiento religioso, ¿no deberán los nones o no afiliados recibir los mismos beneficios?, ¿por qué forzarlos a contribuir con sus impuestos a pagar por adoctrinamientos que son dañinos por enseñarse como verdades absolutas?

Y no exagero. El Lic. Amé Demes, candidato a diputado por la provincia de La Romana, dio a conocer en julio de 2015 un proyecto de ley que reconoce los aportes de las iglesias cristianas evangélicas, asigna una partida presupuestaria como subvención para coadyuvar sus actividades, instituye la Super Intendencia de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Dominicana(SICERDOM) y el Servicio de Capellanes Castrenses Cristianos Evangélicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (SECCCEFP). 

El artículo 2 de éste proyecto de ley coloca la enseñanza cristiana por encima de la ciencia, la constitución, los derechos humanos y las leyes. Plantea que “Cristianos Evangélicos, o de cualquier otra denominación religiosa Cristiana, cuyos hijos estudien en cualquier Centro Educativo Público o Privado, tienen derecho a pedir que sus hijos sean exentos de ser instruidos en cualquier Materia que a su juicio no esté acorde y que de alguna manera, colide, con los valores fundamentales de su doctrina cristiana, la moral, y las tradicionales buenas costumbres, sin que esta facultad altere o de alguna manera afecte, el currículo o record de notas del alumno o estudiante” (mis negritas). A diferencias de los católicos, los evangélicos están conscientes que muchas de sus doctrinas contradicen la ciencia y son abiertamente creacionistas y reproductores de la misoginia y homofobia bíblica. No admiten la incongruencia católica de integrar la teoría de Darwin y asignar al animal más evolucionado un alma inmortal como parte de su naturaleza. 

Los artículo 6 y 7 de este proyecto de ley tratan la subvención de obras, actividades y exenciones fiscales. Buscan igualar los privilegios que se les otorga a la población católica, ni más, ni menos. En el Art. 6: “Se establece y queda incluido anualmente en el presupuesto y Ley General de Gastos Públicos de la Nación, una partida presupuestaria, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), como subvención para coadyuvar  las obras y actividades de las Iglesias Cristianas Evangélicas establecidas en el País” (mis negritas).

El articulo 7 demanda exoneraciones de cualquier tasa o impuesto de Inmigración para sus “Ministros(as), Apóstoles, Pastores y Pastoras, Oficiales, Diáconos y Diaconas, Maestros y Maestras miembros de las Iglesias y Comunidades Cristianas Evangélicas, extranjeras que sean invitados a la República Dominicana, por sus homólogos para la realización de cualquier tipo de actividad pastoral o Congreso Cristiano a efectuarse o celebrarse en la República Dominicana”. Sus dos párrafos los exoneran del pago de tributos, impuestos y tasas o aranceles, así como de contribuciones especiales de orden Nacional o Municipal vigentes o futuros que se establezcan en la República Dominicana. Estarán también exonerados de cualquier impuesto las importaciones de vehículos o equipos y, las donaciones o legados de personas físicas o morales, extranjeras o nacionales, de carácter público o privado, hechas a favor de las Iglesias Cristianas Evangélicas, establecidas en la República Dominicana, para el uso exclusivo de sus propósitos religiosos.

Este financiamiento y todo lo que ahora piden las Iglesias Evangélicas lo recibe la Iglesia Católica Romana y lo estipula el Concordato. Anexo al final la Circular No 3/2007 de la Tesorería de la Conferencia del Episcopado Dominicano que bajé del portal del CED antes que fuese eliminado, con fecha del 5 de enero del 2007 y firmado por el reverendo diácono Francisco Abreu. La misma informa a los párrocos y religiosos del comunicado emitido por la Secretaria de Estado de Finanzas-Tesorería Nacional, que manifiesta la implementación de un nuevo sistema de pagos por vía electrónica, "para sustituir al actual sistema de cheques". 

De acuerdo al nuevo sistema: “Todas las instituciones católicas ubicadas en esa Arquidiócesis/Diócesis que perciban transferencias de pagos mediantes cheques de la Tesorería Nacional, deberán poseer o aperturar una cuenta corriente o de ahorros en uno de los bancos comerciales del Sistema Bancario Nacional”. Además la circular especifica el procedimiento a seguir, y la obligación de llenar y enviar el formulario DG-AC-02-01 a la Tesorería Nacional junto a los datos de la cuenta. Solo necesitan el permiso de la Arquidiócesis o diócesis para recibir la subvención estatal de sus actividades. Adjunto, a la circular, el tesorero anexó dos listados de organizaciones católicas parroquiales que no habían cobrado sus cheques. En ambos casos, las cuentas por párrocos promediaban un poco más de $100,000.00 mensuales en el año 2007. 

La libertad de conciencia, incluye la libertad individual de practicar una religión, o de no practicarla. En Republica Dominicana, el Concordato de 1954, la Ley de Educación 66-97, y su modificación por la Ley o44, así como el convenio marco del 10 de diciembre que utiliza el 4 % del PIB para financiar colegios católicos, imponen a todos los contribuyentes que no se identifican con ninguna religión, a sostener financieramente principios contrarios a su conciencia, y a negarles a sus hijos una educación laicista y científica en las escuelas públicas del país.

Mientras el Concordato afirma que la religión de la nación dominicana sigue siendo la católica, el anteproyecto de ley evangélica afirma que los evangélicos constituyen más de dos millones de personas. Ambas afirmaciones son erróneas. Podemos estimarlas a partir de los datos de la encuesta sobre religión en 18 países de América Latina y la población latina estadounidense, dirigida por el acreditado Pew Research Center el 13 noviembre de 2014.

Este estudio muestra como el catolicismo entró en un rápido declive en Republica Dominicana a partir de 1970. Los católicos fueron atraídos por distintas denominaciones protestantes, y por el crecimiento de los “nones”, o sea las personas que responden a la pregunta sobre su afiliación religiosa diciendo que no tienen ninguna afiliación. Esta categoría incluye a personas que se identifican como ateas, agnósticas, libres pensadoras, o simplemente sin ninguna religión. De acuerdo a estos datos, en Republica Dominicana el 57 por ciento de la población se identificó como católica, el 23 porciento como protestante, el 18 porciento sin ninguna afiliación y el 2 porciento fue incluido en la categoría residual de “otros”.

En 1910, el 98 por ciento de la población (894,652 habitantes en censo del 1920) se identificó como católica. De 1910 a 1970, la población católica disminuyó poco: alcanzó el 96 por ciento en 1950 (2, 135,872 habitantes de acuerdo al censo de 1950), y en 1970 el 94 por ciento (4, 009,458 habitantes en censo de 1970). Pero en 2014, la proporción de católicos disminuyó al 57%. En solo 44 años, la población católica descendió 37 puntos porcentuales para colocarse entre el grupo de 7 de 18 países latinoamericanos con menor afiliación católica de la región y ser el segundo con un 18% de personas sin afiliación religiosa. Uruguay logró el primer lugar con un 24% en el grupo de los nones. 

Este hecho amerita un llamado a la reflexión. Los evangélicos del CODUE son solo una proporción del 23% de las numerosas Iglesias protestantes; lo más probable es que tengan una afiliación menor a la del 18% de los nones. Podemos estimar la proporción de nones partiendo del dato poblacional del censo de 2010 de 9,445, 281 habitantes: un total de 1 millón, 700 mil 151 personas sin afiliación religiosa. De aquí que el MINERD viola la libertad de conciencia de casi la mitad de la población dominicana (protestantes diversos + nones), al asumir como default la religión católica en el curriculum de las escuelas públicas y al asignar el dinero de contribuyentes no-creyentes o protestantes para financiarla, y declarar gratis y pública los colegios católicos para que el Estado los financie.

Ambas Iglesias, muestran una sed insaciable por extraer dinero del Estado, sin consideración a la advertencia emitida el 17 de diciembre de 2015 por Participación Ciudadana, de que la República va rumbo a la insostenibilidad fiscal, algo que afectará el dinero del 4% del PIB para educación. El gobierno requerirá financiamientos por más de RD$173,000 millones el próximo año, para poder cubrir el déficit fiscal y la amortización de la deuda pública. El dinero asignado a las Iglesias sin ningún tipo de transparencia, es el dinero que debe usarse para mejorar el estándar de vida y la educación de los pobres. De todo esto está informado el Papa Francisco a través de su cuerpo diplomático en República Dominicana, quien también considera que la República debe ser un refugio natural de los exilados económicos haitianos.

El Ministro de Educación Amarante Baret debe renunciar por su incapacidad para poner en primer plano los intereses de la niñez y la juventud dominicana. La Educación no puede ser politizada anunciando una revolución en la educación que el mismo bloquea; ya sea por su politización del ministerio, por carecer de la integridad y voluntad necesaria para hacer cumplir los acuerdos del Pacto Nacional para educación, o por dejar que la corrupción consuma parte del presupuesto del 4% para Educación en el otorgamiento de contratas para la construcción de las escuelas. 

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