De la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero se desprenden dos importantes lecciones. La primera tiene que ver con la sustitución expedita de los jueces de la JCE, mientras la segunda apunta a la ausencia de una instancia institucional que promueva y acoja un dialogo nacional para subsanar una crisis política. El Consejo Económico y Social (CES) que establece el Artículo 251 de la Constitución no responde a esos retos. Pero con su reconfiguración se podrían llenar esos delicados vacíos adecuadamente.
El colapso de las referidas elecciones provoco un profundo y generalizado cuestionamiento de la idoneidad de la JCE. Si bien la Constitución establece el juicio político de sus miembros por parte del Congreso Nacional, tal opción debió ser descartada porque el predominio del partido de gobierno en ese poder del Estado no hubiese permitido una escogencia equilibrada de los nuevos jueces, amen de que pudo descarrilar el calendario electoral y el periodo gubernamental. Evidentemente, el mecanismo constitucional de sustitución no resulta deseable.
Por su lado, la crisis política derivada de las fallidas elecciones ha generado un amplio rechazo a la escogencia del CES para acoger un dialogo nacional que la conjure. Los argumentos del expresidente Fernandez para declinar su participación sugieren su irrelevancia. Si bien la Constitución le asigna un rol para la “construcción y fortalecimiento permanente de la paz social”, ella misma limita su injerencia a la “materia económica, social y laboral”. Además, al designarlo como un “órgano consultivo del Poder Ejecutivo” lo subordina a una parcela política que pudiera desvirtuar su efectividad para promover la “concertación social”.
Queda claro, entonces, que ninguno de los mecanismos constitucionales aludidos sirve para resolver el impase político creado. La alternativa mas saludable seria la concertación de las medidas a tomar entre los partidos políticos y la JCE, lo cual ya ha avanzado bastante. Pero esos acuerdos no alcanzan a borrar la falta de confianza y hasta el rechazo de amplios segmentos de la población respecto a los partidos políticos y a la misma JCE. Eso lo revelan la Marcha Verde, las espontáneas y multitudinarias manifestaciones de los jóvenes en la Plaza de la Bandera, los cacerolazos y los reclamos para que se incluyan nuevos representantes de la sociedad civil en el CES. Y una aguda crisis de confianza ciudadana en estos actores podría descarrilar las próximas elecciones.
Se impone pues una reingeniería constitucional para evitar que se reproduzcan en el futuro estos peligrosos vacíos institucionales. En vista de que el Congreso es un lar exclusivo de los partidos políticos, lo más razonable sería reconfigurar el CES para hacerlo una instancia mas neutral y mas participativa, a la vez que, mediante un protocolo expedito, pueda designar nuevos jueces de la JCE en caso de que estos renuncien. El nuevo diseño del CES respondería a la escasa confianza que actualmente concitan los partidos políticos, a la emergencia de poderosas instancias de la sociedad civil y a los movimientos coyunturales que puedan generar el uso masivo de las redes sociales y otros medios de comunicación.
Lo primero seria cambiarle el nombre al CES para que refleje su nueva misión de amigable componedor y guardián de la institucionalidad democrática. Los constituyentes escogerían el mas adecuado, pero uno que proyectaría correctamente su más amplia misión seria Consejo del Consenso Nacional y la Paz Social (CCNPS). Su misión institucional se definiría de manera amplia para poder intervenir en cualquier tema (social, político, económico, laboral) que, por su naturaleza, no pueda ser resuelto por los partidos políticos ni el gobierno actuando por su lado. Luego se tendría que decidir quiénes participarían como miembros permanentes y quienes como miembros ad hoc o provisionales. Para ello será necesario acordar una representación ecuménica de todos los actores sociales, sin que la membresía sea tan amplia que impida una ágil actuación para resolver las situaciones de conflicto y desavenencia.
Una ley adjetiva establecería la conformación del nuevo Consejo. Podría anticiparse que dispondría de un Petit Comité de seis miembros y un Secretariado Permanente que sería el principal responsable de su operación. Su trabajo estaría regido por un Plan Estratégico con vigencia de un lustro que identifique claramente los temas o áreas donde podría intervenir. Su principal ejecutivo sería un Secretario General seleccionado por dos tercios de la membresía mediante una votación sobre los candidatos propuestos por ella misma. La designación seria por un periodo de cinco anos prorrogable por otros cinco.
La oficina de Defensor del Pueblo estaría subordinada al Consejo y rendiría cuentas anualmente, aunque tal adscripción no iría en detrimento de sus actuales fueros.
¿Quiénes compondrían la membresía? Con una vigencia renovable de cinco años, esta incluiría a los cinco principales gremios empresariales del país, los tres principales partidos políticos (medidos por su votación), las dos iglesias principales, dos representantes de las centrales sindicales, cinco oenegés de vigilancia cívica (p.ej. Participación Ciudadana, FINJUS) y tres o cuatro organizaciones adicionales de la sociedad civil según el caso a ser tratado.
El Petit Comité y el Secretario General decidirían la membresía provisional, la cual se escogería según el tema que se trate y por el que dure la incursión del Consejo en el asunto. Asimismo, ellos presentarían una nueva plancha de jueces de la JCE para, en caso de su renuncia, que sean ratificados por dos tercios de la membresía.
Por supuesto, el diseño de este nuevo organismo constitucional seria cuidadoso en no colidir con las funciones de los otros organismos vigentes. Se reconocería que su misión institucional es facilitar el dialogo entre los diferentes actores nacionales con el fin de llegar a consensos funcionales. El cumplimiento de los acuerdos que de el se deriven quedara siempre en manos de los participantes, quienes procuraran a su discreción el concurso de otras instancias para materializarlo.
Lo anterior ha desnudado las falencias del entramado constitucional vigente para manejar situaciones como las que se han desatado como producto del colapso de las elecciones municipales. Ojalá y del presente trance salga la voluntad necesaria para abordar el rediseño del actual CES.