El fusilamiento de un auto lleno de civiles por agentes policiales es consecuencia del poder absoluto que tienen para detener vehículos sin causa probable o sospecha razonable. El policía detiene sin tener que dar explicación al conductor que viene transitando en su carril y a la velocidad permitida, en un auto con su placa que luce en perfecto estado (luces, vidrios y carrocería impecables). Tienen poder salir a pescar y encontrar si están o no en orden licencia, matrícula, marbete y seguro o comprobar si se maneja sin dar zigzags porque alcohol no ha hecho todavía efecto.
Policías también pueden revisar un vehículo para ver si no se transportan cosas ilícitas y en el baúl no llevan una persona secuestrada, un chivo silvestre amordazado o media docena de haitianos. La jurisdicción de este poder absoluto es a nivel nacional. Se puede prestar servicio en Dajabón y en tiempo libre seguir colaborando a la seguridad de las carreteras y acciones preventivas contra la delincuencia inspeccionando en La Romana.
El poder es tan grande que pueden elaborar perfiles para detener personas y anunciar a la opinión pública que se estará trabajando de esa forma. Su libertad de tránsito, en consecuencia, está subordinada a la valoración subjetiva de cómo su físico, forma de vestir y la música que se va escuchando se correlaciona con las de aquellos delincuentes que son apresados o con los relatos de testigos o víctimas de asaltos.
Lo único que ha variado entre el policía que hoy lo manda a detener sin causa probable o sospecha razonable y el primer policía que hizo lo mismo hace 84 años requisando a jinete y las árganas sobre su burro en un camino vecinal, es el grado de impunidad en los abusos. Hasta 1961 era de 100% para cualquier cosa que se hiciera contra civil no tuviera un salvoconducto. El Hijo de Machepa estaba completamente a merced de los agentes del “orden”.
Después de la Era de Trujillo se siguieron comportando como los amos de las carreteras, pero con restricciones a la licencia para matar. Excesos letales tenían que venir acompañados de perjurio explicando que hubo provocación e inicio de violencia por el o los occisos, en relatos que luego fueron encapsulados en la frase “intercambio de disparos”. El poder de parar medalaganariamente a los conductores siguió siendo uso y costumbre, lo que obligó por varios años a tener las famosas tarjetas que explicaban que su portador “es sobrino del suscrito, amigo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por lo que se agradece a mis hermanos de armas, guardarle consideraciones de lugar.”
Una de esas “consideraciones de lugar” era no llevarlo a la cárcel sin justificación o motivo, un poder que estuvo vigente hasta la entrada en vigor del código procesal penal que obliga ahora a presentar los detenidos ante un juez con formulación precisa de cargos, en un plazo que se mide en horas, con la finalidad de imponer las medidas de coerción. La cobertura de las tarjetas físicas ha tomado ahora la forma de un contacto imprescindible en el celular de un alto oficial que pueda ayudar en una situación de retén policial donde exista peligro de sanción sin falta o desproporción entre infracción y castigo.
Disfrutar de este poder sobre los ciudadanos es uno de los beneficios marginales que hace ocupar un rol secundario al salario del policía. Esa es una de las fuentes de selección adversa explica que sea tan común la vinculación de malos policías a los crímenes y delitos. El salario es irrelevante para los que llegan atraídos por la rentabilización de un poder que se ejerce con alto grado de impunidad en cualquiera de sus modalidades (recibir dinero por hacer caso omiso a una falta, ser cómplices en los ilícitos, incriminar colocando los “cuerpos del delito” o cobrar por dar los servicios de seguridad que en teoría deben ofrecer sin cuota de copago por civiles o empresas).
Mejorar los “sueldos cebolla” sí puede atraer a un grupo mayor de los buenos policías, esos que llegan con el espíritu de servir y vocación y que no es osado suponer representan la mayoría. Sin embargo, mientras se mantengan los incentivos de abusar con impunidad ningún salario será capaz de reducir de forma sustancial la participación actual en los dividendos del crimen. Y poner a la remuneración como pivote para las reformas también es una simpleza que cae en bobería por algo muy sencillo: No es posible traer a valor presente flujos financieros por participar en actividades ilícitas que se correspondan con las preferencias subjetivas de quienes entran con disposición a participar en ellas o se convencen en algún momento de su carrera en la institución.
Pero en el hipotético caso que sea posible estimar las remuneraciones ilegales que se percibirían por participar en diferentes tipos de crímenes, el problema es que el nuevo salario tendría que ser uniforme en cada rango. El sargento cuya tolerancia al riesgo de participar en actividades ilícitas llega hasta detener motores de servicio a domicilio tendría que recibir el mismo “salario filosofal” que aquel dispuesto a dar seguridad al transporte de drogas. ¿No es obvio el laberinto?
Tenemos dos generaciones en el modelo de policía con enorme poder para atropellar ciudadanos y de “seguridad rogada” hasta para solicitar que se detenga delitos en marcha. Ese poder tan grande no ha sido suficiente para reducir una delincuencia armada que hace estragos contra civiles cuyo derecho a la defensa con armas de fuego la tiene prohibida una ley puesta en vigor para evitar usarlas contra gobiernos que se vuelven tiranos. ¿Llegaron ya las dos muertes que rebosaron el tanque de sangre y vendrán reformas que: limiten poder policial sobre los ciudadanos, eliminen los incentivos otorgan impunidad de recibir dividendos por el crimen, mejoren la situación salarial, permitan a empresas privadas ampliar su oferta de seguridad a servicios ahora exclusivos de la policía, devuelva a ciudadanos su derecho natural a la defensa propia liberalizando el porte y tenencia de armas de fuego, reconozcan el derecho al ciudadano de grabar la policía y documentar su interacción en cualquier circunstancia para evitar abusos y tener pruebas que puedan presentar en demandas por reparación de daños y perjuicios? En eso estábamos todos hasta que la noticia del primer desnudo impactante en una película criolla, cortesía del mismo gobierno carece de recursos aumentar a los policías y resarcir a víctimas de sus abusos, pasó a ser la tendencia.