Los últimos días fueron testigos de un cambio en la dirección de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), dando paso a un nuevo incumbente a través del Decreto 610-12, promulgado por el Presidente de la República Dominicana. A pesar de que los cambios contribuyen con la generación de nuevas ideas y al mismo tiempo ayudan a renovar las energías agotadas, la solución de la autoridad vinculada a la movilidad urbana de las principales ciudades de la nación, no se limita al cambio de dirección y mucho menos descansa en la sustitución de todo el personal al servicio de la institución; la Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMET) es parte de un problema estructural que ha acompañado las principales ciudades dominicanas durante las ultimas décadas; emplazamientos urbanos sumidos en el caos, el desorden, la contaminación, la inseguridad y la congestión tanto de calles, como de avenidas, impactando en la salud de la ciudad y de la población.

El personal de la AMET, como parte visible de este gran problema, esta expuesto al escrutinio continuo de la población; una ciudadanía maltratada por este sistema destructivo de movilidad que se ha instaurado en la dinámica urbana, un pueblo que se moviliza por las terroríficas calles dominicanas sin nadie que les proteja, ni les defienda, sin nadie que les cuide ante un parque vehicular en continuo crecimiento y ante un Estado ausente al momento de regular, fiscalizar y operar con efectividad.

Más de una década (1997) nos separa del inicio de aquel esfuerzo inteligente, por parte del gobierno central, en el cual se planificó un sistema institucional eficiente que integró la operación estatal de las unidades de transporte colectivo, a un equipo de hombres y mujeres con la autoridad de conducir la población bajo un esquema de legalidad, respeto y educación.

Solo recuerdos quedan de aquellos tiempos en los que la ciudad disfrutaba de la alianza entre la voluntad y la planificación, evidenciado a través de la eficiencia del servicio de autobuses estatales de la época, la existencia de los carriles exclusivos, la puntualidad en el servicio ofertado, la eficiencia del personal fiscalizador y la capacidad de gestión la cual devolvió a la población la confianza perdida.

En la actualidad nos encontramos en la peor época del sistema de movilidad urbana de la nación; mientras esto sucede las ciudades son las más afectadas del desorden con el cual convivimos. La AMET ha perdido autoridad ante la población; este descredito ha colocado en un mismo saco a los oficiales que hacen su labor de forma correcta, junto con aquellos que utilizan los excesos como modo de operación. La Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) ha reducido su oferta de manera escandalosa, dejando la oferta estatal de transporte colectivo en manos de grupos privados que ejercen sus labores sin control.

El parque vehicular ha aumentado de forma acelerada, debido a la ausencia de opciones para movilizarse y ante la enorme inversión en infraestructuras para el uso del vehículo privado, incrementando los desplazamientos individuales en lugar de las opciones colectivas, las cuales han quedado rezagadas junto a la esperada puesta en operación de la segunda línea del Metro.

Mientras tanto la población se encuentra desprovista tanto de seguridad para transitar por las calles, como de soluciones colectivas eficientes que le permitan movilizarse por toda la ciudad. La decisión tomada de una nueva dirección debe estar acompañada de una voluntad firme por la transformación integral del sistema actual, que proporcione una nueva estructura para una ciudadanía sin esperanza alguna.