Que se tenga una militancia política específica, no descalifica necesariamente para el desempeño de una función pública que requiera tomar decisiones imparciales. Es lo que se espera de los jueces, componentes del Ministerio Público, Cámara de Cuentas y otros órganos oficiales que tienen que ver con la aplicación de justicia o la fiscalización al uso de los bienes públicos y son expresamente escogidos de las filas partidarias.

En nuestro sistema político, la selección de estos servidores públicosse realiza mediante un mecanismo que le vincula al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos. En estas designaciones, el Presidente de la República tiene voz decisiva  por sus funciones en el Poder Ejecutivo y como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que preside. Tiene un rol preponderante en la selección de los jueces desde el CNM y designa directamente a los miembros del Ministerio Público. Los componentes de la Junta Central Electoral, los selecciona el Senado de la República. Estos procedimientos de escogencia pueden comprometer a los seleccionados con el órgano selector, donde los partidos mayoritarios tienen representación.

La sociedad está supeditada a los designios de sus políticos, de quienes espera hagan la mejor selección para las posiciones determinantes en la aplicación de su justicia y el resguardo de los intereses públicos. Es lo ideal que tanto los selectores como los escogidos actuaran con plena independencia y que la parte política no reclamara doblegar sus decisiones en pago al favor por la escogencia. Sin embargo, en nuestro país, la experiencia no ofrece los mejores precedentes.

Arrastramos una tradición de injerenciapolítica en la decisión de los jueces. Trujillo los escogía a su capricho y luego, Balaguer lo hacía a través del Congreso que siempre dominaba.En ambos casos, lasdecisiones judiciales debían ser complacientes a las conveniencias del primer mandatario.

Cuando en 1994 se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, se buscaba independizar definitivamente el ejercicio judicial en el país. El Presidente de la República, formaba parte de este nuevo órgano, pero también los titulares de las dos cámaras legislativas y el Procurador General. A través de este mecanismo se trataba de neutralizar o al menos, equilibrar la injerencia posterior en lasdecisiones en los tribunales. Sin embargo, es posible que los legisladores que tuvieron esa responsabilidad no tomaran en cuenta que, cuando una organización política dominara ambas cámaras y el Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de la Magistratura quedaría en manos de un solo partido y por tanto, los jueces podían ser designados de acuerdo a un interés partidario en particular.

La primera Suprema Corte de Justicia formada por el Consejo Nacional de la Magistratura, resultó bastante equilibrada.Aunque la Presidencia de la República era ocupada por el PLD (Leonel Fernández), el PRD dominaba las cámaras legislativas donde el PRSC también tenía una importante representación. Los jueces fueron designados por consenso y aunque su labor estuvo empañada por algunas malas decisiones, se puede reconocer que hubo en gran avance en el ejercicio judicial por más de una década.

Un punto discordante en el ejercicio judicial en esos años, siguió siendo el Ministerio Público. La designación directa de sus miembros por el Presidente de la República, hizo de estos, más que un apéndice judicial en el Poder Ejecutivo, un representante político de la voluntad presidencial en la justicia. Fue antológico el acoso judicial del Ministerio Público con persecución política encubierta, contra ex funcionarios perredeístas a partir de agosto del 2004, mientras se cruzaron de brazos ante múltiples expedientes y denuncias de corrupción en el gobierno peledeísta que le siguió.

La modificación constitucional del año 2010, introdujo en el sistema político dominicano dos nuevas cortes quese agregaron a la Suprema Corte de Justicia como máximos tribunales. Estas nuevas creaciones fueronel Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC), últimas instancias en materia electoral y constitucional respectivamente. Con la SCJ,constituyeronlas llamadas Altas Cortes.

Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió a fin del año pasado para designar los nuevos jueces de la SCJ y los componentes de las dos nuevas cortes, estaba compuesto únicamente por representantes del PLD, ya que domina ambas cámaras legislativas y el Poder Ejecutivo. El partido gobernante, con esta ventaja, se esmeró en colocar sus cuadros políticos en cada una de las Altas Cortes, incluso en la Junta Central Electoral. Se produjo una sospecha justificada por esta acción que politizaba en un solo sentido estas institucionales tan delicadas. Aunque  en cada corte se designó un miembro del PRD y algún"imparcial", ellos no serían determinantes y las decisionesfavorables al PLD por "Mayoría Simple"podrían imponerse fácilmente.

Las decisiones que ya se han tomado en el flamante TSE exponen lo que se espera en cada uno de estos tribunales en el momento de dilucidar un impase. Lo Preside un hombre de probada responsabilidad como lo es el Magistrado Mariano Rodríguez. John Guiliani es otro de sus componentes al que se le puede considerar imparcial y Marino Mendoza proviene el PRD, pero Maribel Feliz y José Hernández Peguero, son furibundos peledeístas. Si uno de los dos primeros flaquea en la imparcialidad que se espera, la "Mayoría Simple" hace imponer cualquier decisión a favor del PLD.

Este tribunal ya ha emitido cuatro sentencias. Todas favorecen en alguna forma al PLD. La primera fue con el Partido Cívico Renovador, al cual se le reconoció la validez de una Asamblea irregular en la cual aprobaron una alianza con el partido oficial, alegando que los argumentos de los impugnadores eran"improcedentes, mal fundados y carentes de sustentolegal…". También declaró nula la Asamblea que hizo Trajano Santana, Presidente del PRI para hacer una alianza con el PRD.Aunque se reconoce a Trajano como presidente de ese partido,se invalidó la Asamblea estatutaria que hizo para aprobar la alianza con el PRD. Este pareció el único objetivo del PLD, ya que nunca había hecho alianzas con el PRI y ahora tampoco la esperaba.

El siguiente desatino del TSE fue el rechazo al reclamo de un grupo de dirigentes del PRSC a la Asamblea que aprobó la alianza con el PLD y finalmente, se creó un mayúsculo escándalo cuando Mariano Rodríguez, Presidente del TSE, hizo un voto razonado en contra de la sentencia que desconoce la validez de la Asamblea del PNVC para adherirse a la candidatura de Hipólito Mejía.

Es posible que algunas de las decisiones del TSE estén bien sustentadas, pero aunque las interioridades no llegaran a conocimiento público como en este último caso, es lógico presumir también que en ellas intervino la influencia peledeísta en algunos de los miembros de este tribunal, y más, si sospechosamente, todas han beneficiado al partido de gobierno.

Como se puede observar, la intervención de jueces imparciales o contrarios a la conveniencia del oficialismo, no impide la aprobación de un caso, aunque sea con argumentos improcedentes y pasando por alto un sustento legal atendible. No puede ser casualidad que en cada veredicto se haya impuesto la conveniencia del PLD.

El Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, tienen una constitución similar al TSE y a la JCE. Para salvar las apariencias, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso Nacional, colocaron alguna figura de cierta credibilidad en la composición de cada tribunal, pero las decisiones por mayoría simple, siempre serán posibles, lo que significa la posibilidad de un gran desatino con una decisión improcedente ante una imprevisible crisis pos electoral. El TSE está dando muy malas credenciales y esto es MUY PELIGROSO. La irresponsabilidad de esta mayoría simple, pone en juego la institucionalidad y la tranquilidad nacional.