Nuevamente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso el dedo sobre la llaga, al hacer un llamado al país a abordar con urgencia el alto costo para el sector salud del elevado número de accidentes de tránsito, con su secuela de discapacidades y muertes.
Se trata de una situación crítica con resultados dramáticos. 24,537 muertes en accidentes de tránsito en 13 años, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Nuestra mortalidad por accidentes de tránsito duplica el promedio de 16 muertes por cada 100.000 habitantes de todo el continente y de 17 en América Latina.
Como siempre, los hombres en edad productiva son las principales víctimas y dentro de éstas, los más pobre ya que cerca del 85% de los decesos ocurre entre motociclistas. Los centros de salud reciben más de 150 víctimas de accidentes de tránsito al día.
Un ejemplo muy lamentable es que, precisamente, el día en que se publicó el llamado del BID, la prensa nacional informó de la muerte de cinco jóvenes de San Francisco de Macorís, en un aparatoso accidente en la madrugada, debido a la imprudencia y al exceso de velocidad.
Luego de más de dos años de la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), todavía no se perciben acciones concretas orientadas a reducir el enorme caos en las principales ciudades y carreteras del país, responsable de la gran mayoría de los accidentes de tránsito.
No es la primera vez que el BID le solicita al país una mayor atención a este tema. Desde hace años, ha venido colaborando con asistencia técnica para organizar el tránsito terrestre, sin que sus propuestas hayan sido implementadas para generar tranquilidad y sosiego a la familia dominicana.
El apoyo técnico que le está dando al INTRANT desde su creación no ha logrado que esta nueva burocracia logre reducir las tensiones diarias en la circulación de los vehículos. Ni siquiera pudo aplicar la norma que establece las condiciones mínimas de las gomas de los vehículos de motor.
Las ostensibles deficiencias del transporte público colectivo obligan al país a importar más de 200,000 vehículos de motor al año, retirando de circulación menos de 10,000, para “no perjudicar a miles de padres de familia”.
El resultado es un congestionamiento creciente, al contar con las mismas calles estrechas con parqueos ilegales de ambos lados; con la misma falta de educación y más prisa e imprudencias, y con los mismos agentes con salarios bajos y poca autoridad.
Decisiones al margen de la Ley de Seguridad Social
Pero esta vez el BID presenta un enfoque que quizás les interese más a las autoridades. Señala que los accidentes de tránsito le representan al país un alto costo en atención médica, rehabilitación y prótesis.
Conviene recordar que la Ley 87-01 dispone la creación de un fondo para cubrir los servicios médicos por accidentes de tránsito, ya que los mismos están excluidos del Plan Básico de Salud. De acuerdo a esa Ley, el financiamiento debe provenir de los causahabientes del daño, vale decir, de los dueños de los vehículos de motor.
Inicialmente las autoridades prefirieron cubrir ese costo, conscientes de la resistencia de elevar el seguro de vehículos de motor. Pero cuando constataron su costo vertiginoso, se lo cargaron al fondo destinado a financiar el PBS. De esa forma se quitaron esa carga de encima, en vez de utilizar esos recursos para entregar un seguro médico a los pensionados.
Todavía el presidente Danilo Medina tiene tiempo suficiente para impulsar medidas efectivas orientadas a reorganizar la circulación vehicular para reducir el caos existente, elevar la seguridad en las carreteras y reducir las muertes por accidentes de tránsito.