El Presidente de la República y los líderes de ambas cámaras del Congreso Nacional proponen modificar el Código Procesal Penal (CPP) como respuesta al auge de la delincuencia. Pero es muy poco lo que puede hacer una reforma que responde más a la técnica jurídica que a un diseño de una política pública contra la criminalidad.

Ningún texto normativo de carácter procesal les dice a los investigadores y persecutores cómo deben investigar un crimen para dar con los responsables de su comisión. Sólo indican la forma como deben ingresar al juicio los datos recolectados a través de las técnicas de investigación. Nada más. No hay forma de que con la modificación del CPP sean más eficientes las agencias de investigación y persecución del delito, vale decir, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Marina de Guerra, la Fuerzas aéreas y el Ministerio Público.

Los diputados y senadores pronto sesionarán. Leerán el proyecto de reforma de los 75 artículos del CPP. Levantarán sus manos en aprobación y las cosas seguirán igual. Las agencias de investigación y persecución seguirán siendo incapaces de diseñar e implementar una estrategia coherente, integral y nacional para enfrentar el crimen. Las organizaciones criminales, el narcotráfico y los delitos sofisticados seguirán igual de impenetrables. La debilidad institucional y en la investigación, la ausencia de recursos, la falta de preparación de recursos humanos y la corrupción interna no serán tocados en lo más mínimo.

Me atrevo a decir que el efecto de la modificación será totalmente contradictorio con el fin perseguido porque propiciaría la incompetencia pues una de las principales propuestas es aumentar los plazos procesales. Sin ninguna medida que garantice que las actuaciones policiales y de persecución serán más efectivas, las modificaciones sólo acomodarían las mañas de esas instituciones públicas. ¿Será a eso a lo que se refieren con "aplatanar el código"?

El problema de la conflictividad criminal debe ser abordado con mucha seriedad, no con fórmulas alquímicas.  Si el Congreso Nacional quiere de verdad hacer algo al respecto debe aprender a hacer algo más que legislar. Esto es fiscalizar, atribución consagrada expresamente en la constitución y de la que son pasibles las instituciones del Sistema Penal. Debe indagar en las debilidades institucionales y hacer responder a estos órganos por el incumplimiento de sus roles constitucionales y legales.

La Policía Nacional y el Ministerio Público, como las principales agencias de persecución del delito deben diseñar una verdadera política criminal que identifique cuáles son los conflictos criminales que han aumentado y cuál solución debería aplicarse en cada caso de acuerdo a las particulares dinámicas de cada uno de ellos. El Congreso debería inquirir por qué a estas alturas no hay una política de consenso entre estas instituciones y si hay una por qué está fallando. Puede el Congreso también demandar respuestas por el hecho de que la mayoría de los miembros de la policía no están prestando el servicio público que deben cumplir y quiénes son los responsables de eso. Tampoco debe dejar de cuestionar qué tan eficientes son los órganos policiales en la investigación del delito.

Supongo que el camino que menos comprometería al gobierno es el de convertir en chivo expiatorio a un texto legal porque así no tendría que cuestionar sus propias actuaciones y las de sus dependencias. Como el gobierno conoce bien el efecto retórico del discurso de mano dura no dudará en entregar la cabeza que ya ha sido pedida desde hace mucho tiempo. Pero para tragedia de todos, incluyendo los que se frotan la mano por la modificación del CPP, las cosas no cambiarán.