Educación y Cultura como ministerios, deben hacer concurrir muchas de sus intervenciones. La separación de las funciones hoy, es prácticamente cosmética. Acumulan varias competencias coincidentes.

En 1844, la función educativa estuvo a cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Luego la Ley 89 de 1931, asignó competencias de instrucción pública y bellas artes a la Superintendencia General de Enseñanza. En 1934, la Ley 786 creó la Secretaría de Educación y Bellas Artes. Luego, con la promulgación de la Ley 66-97, la Secretaría cambia de nombre a Educación y Cultura. Finalmente, la Ley 41-00 del 2000, instituyó la Secretaría de Cultura.

El Presupuesto 2022 es la segunda oportunidad concreta para que el presidente Luis Abinader, continúe la reforma del Estado. Desde 1844 al 2020 acontecieron cuatro reformas. Esta gestión de gobierno, impulsaría la quinta. El Ministerio de Administración Pública (MAP) debe asumir este proceso de concurrencia de educación y cultura.

La historia del Estado reclama hoy una alianza entre educación y cultura. Teatros, academias de bellas artes, museos, centros, casas de arte, monumentos y demás edificios, debieran ser enfocados como escuelas culturales que además de rehabilitarse físicamente, tengan una nueva institucionalidad.

El ministerio de educación tiene asignado para 2021 unos RD$ 194,510, 200 millones que representan 21% de 947,511,158 millones del presupuesto. Sin embargo, Cultura apenas posee RD$ 2,587,888,533 (1.3%). Al menos 2,000 millones pesos de educación pudieran utilizarse para remozar edificaciones culturales.

En Santiago, el Ministerio de Educación no necesita construir más escuelas de las 89 edificadas en la provincia. Se impone la inversión en equipamientos culturales que se encuentran en franco deterioro físico, tecnológico e institucional. En el Plan Estratégico se estiman 350 millones de pesos para 10 edificaciones culturales desde el Gran Teatro, el Monumento a los Héroes hasta Amantes de la Luz y Casa de Arte.

Apelamos por un Estado eficiente, que reduzca el número de estructuras y empleados. Que armonice tamaño, competencia y gasto público. El sector público sobrepasa los 650 mil empleados. Este total representa 28.5% del empleo formal de 2,226,338 de empleados que cotizan a tesorería. En las provincias del Cibao Norte, el total de empleados privados y públicos es 864 mil, casi la misma cantidad de empleados públicos nacionales, la mayoría de los cuales se concentran en Santo Domingo y su entorno.

Una alianza estratégica y concurrente entre los ministerios de Educación y Cultura es la señal que se espera en este 2022 para lograr un Estado Moderno; con un gasto público focalizado y eficiente. Que se concentre en zonas exitosas de economía naranja, animación y producción cultural, en las industrias creativas y en la agroindustria como marca territorial de diversos territorios.