Luis Vargas es un economista de fuste cuyas opiniones merecen seria atención. En el más reciente Encuentro Económico del periódico Hoy (24/2/20) produjo declaraciones trascendentales sobre una amplia variedad de temas, cuatro de los cuales son de agudo interés nacional: la minería, Haiti, la seguridad social y los salarios. Endosar sus opiniones sobre estos cruciales temas se me antoja pertinente y necesario. Ahora que estamos en tiempos electorales, todos los partidos deben tomar nota y, el que llegue al poder, actuar en consecuencia.
A pesar de la enemistad permanente de algunos ambientalistas con la minería, Vargas fue contundente al afirmar que el sector, “cuyas exportaciones alcanzaron los US$15,012 millones en los últimos seis años, tiene un gran potencial y es un importante motor para la economía dominicana, por ser el que mayor aporta al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).” Tal afirmación sorprenderá a los que creen que el turismo y/o las remesas son los que más contribuyen al crecimiento. Una cosa es la contribución absoluta y otra la proporción del PIB que representan.
Es bien conocido que nuestros recursos mineros son amplios y prometedores. No solo existe suficiente oro, cobre y plata en una ancha franja que discurre entre San Juan de la Maguana y Cabo Haitiano, sino que existen indicios recientes de que podríamos tener petróleo y gas. Sobre la zona fronteriza solamente se reporta “que tiene el mejor régimen solar del país, presenta las mayores medidas de radiación global horizontal y radiación directa horizontal a nivel nacional, pero a pesar de estas ventajas posee probados yacimientos de oro, bauxita, caliza, yeso y carbón mineral, además de cobre, sal gema, travertino, agregados de abanicos aluviales, arcillas industriales, sílice, feldespatos, micas, baritina y materiales para la fabricación de cemento.”
Inclusive se ha comprobado que también tenemos “tierras raras” (y varios otros metales) en la provincia de Pedernales, un recurso valioso y prometedor. Y ya existen las tecnologías necesarias para evitar que la minería dañe el medio ambiente de forma significativa. En consecuencia, Vargas aboga por una nueva legislación de energía y minas “para convertir a la explotación minera en uno de los principales soportes del desarrollo económico del país.” La comunidad ambientalista no debe oponerse ciegamente a la explotación minera sino ayudar a que su explotación se haga de la manera menos disruptiva posible.
En un corajudo giro sobre Haiti y sus perspectivas, Vargas sugiere que nosotros debemos ayudar a solucionar su crisis actual. Ya 1.2 millones de personas en Haiti pasan hambre y 4.3 millones no se alimentan bien. De ahí que esa crisis podría convertirse en “el principal problema para los dominicanos desde el punto de vista social.” Nuestro país debe hacer “una gestión más activa” para que la comunidad internacional, y particularmente Estados Unidos, Canadá, Francia y los organismos internacionales contribuyan a enfrentar la crisis, lo cual ha sido sugerido por quien escribe.
Vargas es también partidario de que nuestro país ayude a Haiti con un plan de asistencia humanitaria a cargo del gobierno y de diferentes empresas e instituciones nacionales. Dicho plan podría incluir una contribución al fondo que maneja la FAO para “enfrentar la subalimentación crónica y aguda en la nación haitiana.” Además, deberíamos ayudar al fortalecimiento de la gestión aduanera en la frontera y, observando la legislación nacional, “consolidar institucionalmente el programa de los trabajadores fronterizos.” Para viabilizar tales propósitos se requiere “incentivar el dialogo entre las instituciones estatales, cívicas, académicas y eclesiásticas” de ambos países.
Con respecto al sistema de seguridad social, Vargas propone que sea el estado quien lo financie a través de los impuestos. Esto así porque la recién promulgada Ley No.13-20 que modifica el sistema no resolverá el problema de la sostenibilidad. Los ayuntamientos y las mipymes no tendrán los recursos suficientes para pagar su cuota de la seguridad social, a pesar de que se le haya exonerado del pago de recargos por moras e intereses. Esas cargas se volverán a acumular “porque es un problema de recaudación, de ventas y de capacidad operativa de los ingresos de las mipymes.” La gran mayoría solo tiene ingresos de subsistencia.
En adición, Vargas hace otras propuestas complementarias de corte más controversial. Propone la creación de un seguro de desempleo que sea sustentado por los patronos para que el sector laboral no tenga que cargar con el costo de la seguridad social. Con relación al esquema de comisiones de las AFP, Vargas señala que, aunque la citada nueva ley las disminuye gradualmente “desde 1.2 porciento de los activos administrados hasta un 0.75% en 10 años”, todavía ese margen queda muy alto porque el promedio a nivel mundial es de 0.80%. Además, el volumen de dinero que manejan tendrá un gran aumento, por lo que sus ganancias seguirán siendo altísimas.
Estos señalamientos de Vargas comportan un cuestionamiento fundamental al reformado sistema de seguridad social. Ya las criticas no se circunscriben a que mas del 80% de los fondos del sistema hayan sido copados por el estado –Hacienda, Banco Central, Banreservas—sino que las medidas de la nueva ley no son las correctas. Sería imprudente y resultar muy costoso que se espere algunos años para saber si las reformas introducidas han surtido el efecto deseado. Es harto evidente que estas propuestas de Vargas deben comenzar a discutirse con seriedad inmediatamente.
En materia de salarios, Vargas hace la observación de que tenemos una de las mas bajas tasas de remuneración salarial medida como proporción de del valor agregado generado por las empresas. Señaló que el promedio mundial es 50%, pero que en el país ese promedio apenas llega al 27%. En declaraciones anteriores, ya Vargas había advertido que la capacidad de compra de los salarios dominicanos había caído un 25% en los últimos 20 años. De nada ha servido que el gobernador del Banco Central y el mismo presidente de la republica hayan reclamado un aumento de los salarios en múltiples ocasiones.
Además, Vargas sostiene que “en el país hay sectores productivos, como por ejemplo el de zonas francas, que no respetan el salario mínimo de referencia.” “El rango de sueldo mínimo en el país es una miseria que ni siquiera cubre la canasta básica familiar, la cual es de RD$31,000.” Frente a esta inequidad, quien escribe ha sugerido al respecto que “por decreto deberá ordenarse al Comité Nacional de Salarios establecer tarifas de salario mínimo que equivalgan por lo menos al 80% de la canasta básica definida por el Banco Central. Igualmente, se deberá adoptar una nueva y moderna metodología para fijar los salarios mínimos, como tiene pendiente ese Comité.”
Es harto evidente que los reseñados más arriba son enormes desafíos para la política pública. Lamentablemente, son temas que no se ventilan públicamente con frecuencia y los candidatos a los puestos públicos relevantes no osan tratarlos. Habrá que esperar al nuevo gobierno que surja de los comicios venideros para saber si tendrá el coraje de enfrentarlos como lo ha hecho, con sus declaraciones, Luis Vargas.