En un pais medianamente civilizado los datos de sus ciudadanos son celosamente protegidos, el acceso a los datos personales es restringido solo a aquellos que lo necesitan y mediante los mecanismos adecuados. En nuestro país algunas instituciones públicas disponen del padrón, empresas privadas como bancos, telefónicas y empresas crediticias también obtienen acceso con el pago adecuado, además de los partidos políticos. Y por alguna brecha que siempre queda abierta, cualquiera con un mínimo de de esfuerzo puede conseguirlo con relativa facilidad.

Basta una búsqueda en Google; una muestra palpable de ello es por algún descuido, negligencia o dejadez una empresa privada lo coloca en su web con acceso público:  buscar el padrón en Google esta es solo una manera fácil y rápida de conseguirlo. Cualquiera con 5 mil pesos podría conseguirlo en el mercado negro, y esto es algo muy preocupante, pues se trata de información personal, privada, sensitiva, de todos nosotros.

En tiempos de elecciones, y más unas elecciones con tantos incidentes como estas, es más que preocupante que un documento de este tipo ruede de mano en mano.

Por un lado está el riesgo que implica que los datos personales de todos los ciudadanos, incluyendo nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, etc. estén disponibles en una entidad privada quizás autorizada a usarlos, pero no a distribuirlo, no con esta facilidad. Abogados conocedores de la legislación vigente aseguran que es totalmente ilegal, que no existe razón alguna para que una empresa privada permita que dicha información sea accesible públicamente. Más aún: la misma JCE limita el acceso a instituciones del sector gubernamental y financiero.

Recuerdo que hace unos años hubo un pequeño escándalo cuando oficiales de las fuerzas armadas solicitaron una copia del padrón a la JCE para uso interno, la cual fue negado por la JCE y provocó un episodio de esos a los que estamos acostumbrados.

Por otro lado están las dudas e inconsistencias que surgen al analizar los datos que se encuentran en el padrón disponible mas arriba, los cuales quizás no estén al dia, pero aún así son casi 6.3 millones de personas en esa lista. Al hacer un análisis rápido surgen algunas interrogantes que ponen en duda el trabajo de la JCE, las posibles pretenciones de algún partido, la eficacia de instituciones de seguridad nacional y/o quienes están dándole uso a dicho padrón.

Una consulta de un nombre común, por ejemplo todos las personas cuyo primer nombre es "Juan" y su primer apellido es "Pérez" arroja 3,720 resultados. Haciendo una búsqueda de cuales de esos Juan Pérez donde coinciden en nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, arroja 68 personas, cada una con 2 cédulas (osea: 136 resultados). Con un nombre menos común, como Manuel González arroja 636 resultados, de los cuales 4 corresponden a personas con 2 cédulas (osea: 8).

Cabe preguntarse: ¿Cuantos duplicados existen? ¿Se corrigieron? ¿Cuando? ¿Votarán en estas elecciones?

Ante estas preguntas lo procedente es verificar; al tomar una muestra aleatoria de 17 de los 68 pares de Juan Pérez (un 25%), se pudo confirmar en la web de la JCE  http://consultacedulados.jce.gob.do/web/CONSULTAPADRÓN.aspx que al menos 3 de ellos tienen sus 2 cédulas hábiles para votar el proximo 20 de mayo, es decir se confirmaron 6 cédulas válidas de 34 muestras:

{Gallery dir=’mperez_040512′}

Está más que claro que existe una cantidad indeterminada de personas con mas de una cédula, en capacidad para votar. Tomando esa muestra y extrapolando se puede inducir que posiblemente más de un 1%  de los votantes tiene 2 cédulas con números diferentes, lo cual podría superar los 100 mil personas.

De la muestra tomada se pudo verificar que más de un 15% de las duplicadas son actualmente válidas para votar en las elecciones del próximo 20 de mayo. Y  se trata de un padrón aparentemente obsoleto, quizás de las últimas elecciones. ¿Como lucirá el nuevo? ¿Aún contiene los mismos errores sin depurar? Se puede verificar que aún contiene al menos algunos viejos duplicados.

Estamos hablando de que los resultados pueden alterarse, y no es hackeando las redes Claro como temía el Presidente de la JCE. No es violentando electrónicamente, sino aprovechándose del factor humano.

Ahora podemos obviar el tema electoral y preguntarnos ¿Cual es la posicion de las autoridades ante una situación así?

La JCE fue notificada de la situación el dia 21 de marzo.

El Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología fue notificado el dia 22 de marzo.

Es preciso aclarar nuevamente que toda esta información es accesible públicamente. No hay que ser un genio ni un hacker para obtenerla, pues simplemente está abierto, solo hay que saber usar un buscador, como Google.

Mientras tanto, la JCE hace allanamientos buscando 1500 personas que han sacado mas de un duplicado, los cuales "Solicitaron 18,791 duplicados; entre 10 y 58 por persona". Los allanamientos apuntaban a 146 personas en particular. Los datos del padron en cuestión desmienten la cifra de 1,500 que da la JCE, pues solo Juan Pérez y Manuel Gonzalez son 72, de una muestra de 4,356 cedulas al menos 72  (¿o 144 si contamos 2 cédulas por cada uno?) merecen ser investigadas (alrededor de un 1.65% de la muestra analizada).

La JCE hace allanamientos buscando a la persona que sacó 58 duplicados:  ¿Porque no lo hizo cuando fue a sacar el segundo? ¿El tercero? ¿el 57mo? Evidentemente se van por las ramas, cuando el problema está en la raiz.

Dejemos a la JCE, vamos al DICAT:

Aqui vemos como hace apenas una semana el Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología se ofrece a ayudar a una joven a recuperar su contraseña de Facebook, al mismo tiempo que ignoran un tema de seguridad nacional: https://twitter.com/#!/DICAT_PN/status/195468391811792896

A veces sorprende la eficiencia con que las autoridades resuelven algunos casos, o la enorme atención que le prestan, olvidando otros quizás a propósito, igual de graves, o peores.

Pero esto no termina aquí: un partido político coloca los datos del padrón, incluyendo nombres, dirección, cédula, foto, etc. en su web de forma abierta. Aunque en otro formato y restringido para búsquedas, forma parte de sus trabajos para facilitar la verificación de sus militantes.

¿Porqué se da esta situación? ¿Donde se establecen responsabilidades? ¿Porque en 6 semanas la JCE no ha hecho nada al respecto? ¿Porque el DICAT no persigue este caso, un caso serio, pero se dedica a buscar en Facebook y/o perseguir adolescentes para acusarlos de terrorismo? ¿Porque un partido mayoritario publica listas de ciudadanos de esa forma?

Finalmente, la pregunta del millón: ¿Bajo que excusa ocurre la pública de los datos privados, como cédula, foto, dirección y teléfono de 6.3 millones de ciudadanos, actividad practicada por empresas públicas y privadas, ademas de partidos políticos?