Desde inicios de la década de los 90s, nuestro país, luego del fracasado modelo de sustitución de importaciones y de la década perdida de los 80s, implementó un nuevo modelo de desarrollo productivo siguiendo la receta del llamado “Consenso de Washington”. Su fundamento filosófico principal era el debilitamiento del Estado como rector de la sociedad y el fortalecimiento del mercado, con un rol protagónico muy marcado en nuestra economía y totalmente desregulado, especialmente del sector financiero. A partir de entonces, los pilares fundamentales en los cuales ha descansado el actual modelo de desarrollo productivo imperante en la República Dominicana, han sido el turismo, las zonas francas de exportación, las remesas y el sector financiero.
El crecimiento económico anunciado por el Banco Central para el año 2016 ha estado encabezado por el sector minero (26.5%), debido a una situación temporal y fortuita; la intermediación financiera (11%), el sector agrícola (9.6%) y la industria de la construcción (8.8%).
La industria minera, a través de Barrick Gold y Falcon Bridge, que ha aportado este alto crecimiento a nuestro PIB, es y no es nuestra minería. Esta explotación minera, fruto de las firmas de dudosos contratos con empresas extranjeras, que a todas luces defraudan el interés nacional, solo nos proporcionan alrededor de 15 mil millones de pesos al año, que definitivamente no alcanzan a cubrir los pasivos ambientales que esta actividad produce, ni a resarcir a las comunidades aledañas.
El segundo componente del crecimiento es el sector financiero, el cual nos interesa en estos momentos destacar. Este sector históricamente ha contribuido a la gran concentración de las rentas nacionales en cuatro ó cinco grandes grupos económicos, los cuales terminarán este año manejando, según datos recientes de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), unos 440 mil millones de pesos del sistema de pensiones, obteniendo grandes beneficios, sin riesgos ni esfuerzos, solo por su labor de intermediación. Estos fondos crecen anualmente en más de 6 mil millones de pesos.
El 80% de estos fondos de pensiones es administrado en su gran mayoría por las AFPs ligadas al sector financiero: el Banco Popular administra 116 mil millones; Scottia Bank, 81.3 mil millones; el BHD Leon, 71 mil millones; y Banreservas, 55.9 mil millones.
Alrededor de un 74% estos fondos son "invertidos y paralizados" en certificados financieros en el Ministerio de Hacienda por un valor de 103 mil millones, y en el Banco Central por 180.2 mil millones, destinados a cubrir el déficit del gobierno central y el déficit cuasi fiscal del Banco Central.
Estos bancos se quedan con un 20% del total de estos fondos, alrededor de 74 mil millones de pesos, para destinarlos a préstamos de consumo, y poco o casi nada para el sector productivo. Tan solo el 3.5% de este dinero se destinó a financiar el sector productivo, específicamente a dos generadores eléctricos, 2.5 mil millones a la Compañía de Electricidad de Puerto Plata (CEPP), y 8.6 mil millones a EGE Haina.
Es importante destacar que el manejo de estos fondos les da ventajas competitivas a estos cuatro o cinco bancos, frente a las demás instituciones bancarias que actúan en el sector financiero, convirtiéndose en una competencia desleal.
Asimismo, el manejo especulativo y abusivo de los fondos del dinero que aportan los trabajadores y las empresas, en complicidad con un Estado y un gobierno asfixiado por las deudas y el déficit, tendrá en el futuro cercano efectos sociales devastadores. Uno de estos efectos está relacionado al estancamiento del crecimiento demográfico, y por lo tanto del aumento de la cantidad de envejecientes, que multiplicará la cantidad de ciudadanos y ciudadanas demandando pensiones.
En los próximos 10 a 15 años empezarán las primeras pensiones en masa del sistema, y el dinero que recibirán estos pensionados no les alcanzará ni siquiera para comprar un litro de leche. Mientras tanto, las ganancias de las cinco empresas que forman el oligopolio al amparo de un gobierno cómplice, seguirán aumentando sus ganancias.
Todo esto ocurre mientras las micro, pequeñas y medianas empresas, que forman el 95% del parque comercial e industrial de nuestro país, languidecen y mueren.
La informalidad de las MyPimes sigue en aumento, situándose alrededor del 60%. Estas empresas son el gran amortiguador social de nuestro país. Son las que más empleos crean, aunque de baja calidad.
Sin embargo, es el sector más vulnerable, pues no cuenta con canales formales de financiamiento. Generalmente son empresas familiares y no cuentan con niveles de formación profesional y técnica que les permitan dirigir sus negocios de forma exitosa. Además, encuentran un gran dique de contención en las altas concentraciones y cartelizaciones de los mercados internos.
Poseen poca o ninguna capacidad de exportación debido a su baja capacidad productiva y al no cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por los mercados globales.
La informalidad y vulnerabilidad de este sector tiene un gran efecto negativo en la estabilidad y crecimiento del empleo, y por tanto en la movilidad social del dominicano. Debemos revestir esta situación, para que, en su lugar, este sector se convierta en uno de los protagonistas de un nuevo modelo de desarrollo productivo, que genere un crecimiento económico sostenible y equidad social.