Seis semanas después que el huracán María desoló el territorio de Puerto Rico, 75% de su población todavía carece del servicio eléctrico. El hecho resulta trágico, dado que una parte de las decenas de muertos como consecuencia de las condiciones insalubres que predominan en la isla, se ha debido también a la carencia del servicio energético. La situación es también insólita e incomprensible porque los 3.4 millones de habitantes que residían en la isla al arribo de María, son ciudadanos legales de uno de los países más poderosos del planeta. Ahora también sabemos que muchos de ellos han salido de la isla, y una cantidad incontable sigue engrosando las cifras negras de desaparecidos, incomunicados, deshabilitados y/o abandonados a su suerte, por parte de una administración insensible, ineficiente, desvergonzada y por encima de todo, corrupta.
Quienes hemos seguido día por día la azarosa suerte del hermano pueblo de Puerto Rico, recordamos muy bien las controversiales e infundadas acusaciones con las que el presidente Donald Trump arremetió al llamado desesperado de la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, cuando ésta reclamó públicamente acción inmediata (no mediática) de la administración trumpista ante la situación desesperante que experimentaba la población boricua durante las dos primeras semanas de ausencia de ayuda de cualquier tipo. Quizás recordarán que durante ese período crucial, 99% de la población carecía de electricidad y los 29 hospitales de la isla se manejaban con plantas eléctricas, sin garantías de poder continuar por falta de combustible. Varios pacientes perdieron la vida en medio de la oscuridad que consumía la isla. El momento más desalentador, lo experimentaron los puertorriqueños cuando la ayuda humanitaria proveniente de otros países estuvo impedida de llegar a la población desesperadamente necesitada. La razón?, la denominada Jones Act, también conocida como la Merchant Marine Act, vigente desde el año 1920, la cual regula el intercambio marítimo y la circulación de naves en aguas estadounidenses, incluyendo Puerto Rico, Hawái y las Islas Vírgenes. El propósito de dicha acta, sobrepone los intereses comerciales del gobierno federal por encima de los intereses y necesidades de los estados o territorios de ultramar. Dicho arreglo ha probado ser un impedimento para el desarrollo competitivo de la isla frente a mercados cada vez más globalizados, y en este momento crucial, un obstáculo primordial para hacer acceder a la muy necesitada ayuda, porque los barcos extranjeros no pueden atracar en sus costas o puertos sin el permiso proveniente del gobierno central.
Para agregar insultó al daño, las autoridades del sector eléctrico de Puerto Rico, bajo la gobernación del republicano Ricardo Reselló, del Partido Nuevo Progresista (PNP) arreglaron un contrato leonino con la Compañía norteamericana Whitefish (se traduce como Pescado Blanco) Energy Holding, por un valor de US$300 millones de dólares. El contrato establecido entre WhiteFish Energy Holding y la Empresa puertorriqueña de energía, la Puerto Rico Electric Poder Authority (PREPA) no solo se saltó las alarmas de transparencia y balance de cuentas en la escaramuza del llamado a concurso; peor aún, dicho contrato desveló la ilimitada avaricia que grupos de intereses económicos, con conexiones políticas, son capaces de ejercer cuando las oportunidades criminales afloran. la WhiteFish Energy Holding, una empresa conformada por apenas dos empleados, asumió un contrato que en condiciones normales supone involucrar una capacidad instalada de miles de técnicos para atender una demanda que según los propios estimados de la PREPA asciende a un billón de dólares. Cómo logró la WhiteFish colarse en esas aguas? Investigaciones realizadas por el FBI determinaron que la compañía está localizada en un pequeño poblado de Montana, nada menos que en el lugar de procedencia del actual Secretario de Interior de la administración de Trump, Ryan Zinke, y que el gerente principal del grupo financiero es un viejo amigo del secretario Zinke, razón por la cual el hijo de este último fue en un momento contratado por dicha compañía. Por si ese dato no fuese lo suficientemente incriminatorio, ya ha salido a relucir que una de las firmas participantes con más peso dentro de WhiteFish Holding financio de manera muy generosa la campaña proselitista de Trump. El arreglo ha sido ampliamente cuestionado por miembros del congreso norteamericano y la FEMA, derivando en la rápida cancelación del contrato por el gobernador, seguida por una declaración confusa del director ejecutivo de PREPA, Ricardo Ramos en la que el funcionario destaca que no hay pruebas de que existiera maledicencia en el contrato, pero reconocía que la crisis humanitaria había pasado a convertirse en una crisis de reputación.
La situación llama la atención porque en el ano 2014, durante la gestión de Alejandro García Padilla, del Partido Democrático de Puerto Rico, Transparencia Internacional colocaba a Puerto Rico entre los países menos corruptos del mundo, en el Índice de Percepción de Corrupción. Sin embargo, a lo largo de los tres últimos gobiernos: dos republicanos y uno demócrata, el país acumulo una deuda de más de 78 mil millones de dólares, llegando al extremo de declararse en bancarrota. La respuesta a esta crisis financiera fueron masivos cortes al gasto público, incrementando la precariedad de más del cincuenta por ciento de los y las puertorriqueños/as que ya vivían en situación de pobreza. Con una economía pírrica, de lento crecimiento que entre 2017 y 2018, proyectaba un declive de 2.8% y 3.6% en su Producto Bruto Interno La situación de insolvencia no ha hecho más que complicarse con posterioridad al huracán María. En el panorama actual, un estimado conservador calcula la deuda publica acumulada en US$123 millones mil de dólares. Malos e ineficientes gobiernos; un estado federal irresponsable y una sociedad agudamente fragmentada en términos socio-espaciales constituyen desastres humanos que antecedieron la devastación provocada por los recientes desastres naturales.
Y ahora qué?
Pueden las crisis absolutas concebirse como puntos de partida para reconsiderar ordenes sociales e institucionales novedosos? Ciertamente, pero no sin un compromiso de sus elites políticas de cambiar culturas depredadoras que perjudican a sus sociedades y poblaciones más vulnerables. En el caso particular de Puerto Rico, más que el pretendido desfalco de WhiteFish Energy Holding viene muy al punto. En vez de ver al Puerto Rico actual como un mercado de oportunidades para el lucro particular, los principales actores e inversores deberían considerarla como una oportunidad de reconfigurar radicalmente los mecanismos que garanticen la justicia social, de una vez por todas. Especialmente en un país donde en los últimos dos años la población en situación de calle en efecto se ha duplicado, pasando de 980 a 1,650 denominados deambulantes en el argot puertorriqueño.
En segundo lugar, la transparencia en el manejo de los fondos y recursos públicos por parte del liderazgo político constituyen un apremiante cambio en la cultura política. Muchos de estos recursos han sido malversados o mal administrados por administraciones corruptas o incompetentes. La puesta en marcha de mecanismos de monitoreo del gasto público, como las auditorias sociales deben ser puestas en práctica de inmediato. El pueblo puertorriqueño lo merece y lo reclama, y así lo demostraron al salir a la calle a tirar piedras y palos y basura a los camiones de la WhiteFish Energy que transitaban en las pocas semanas en que hicieron presencia en la isla.
Finalmente, el fortalecimiento del capital social, a través de la inversión en las comunidades no necesariamente reducirá de manera automática las múltiples vulnerabilidades que enfrenta el pueblo boricua frente a situaciones de desastres. Pero como quedó demostrado con esta tragedia, solo la solidaridad y la resiliencia demostrada por los puertorriqueños ha logrado convertirse en la respuesta más contundente a la tragedia y a la inercia de las autoridades locales y federales.