Sin lugar a dudas el país está privado de una legislación moderna adecuada de combate al crimen como es un código penal adaptado a los nuevos tiempos, debido a una especie de inercia motivado por el “colonialismo ideológico de la muerte” promovido desde el exterior y que tiene notable influencia en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Este colonialismo ideológico aboga por una nueva corriente de derechos humanos transnacional de favorecer supuestamente los derechos de la mujer a costa del aborto de cientos de millones de niños y niñas. Es preciso decir que personas y corporaciones muy poderosas están detrás del telón, financiando campañas intensas en América Latina, para la aprobación del aborto.
Tenemos varios ejemplos de ongs a nivel internacional que conciben el aborto como “un desarrollo”, como es el caso de la IPPF (Federación Internacional de Planificación de la Familia, o en inglés, “International Planned Parenthood Federation”, la que considero como la gran multinacional del aborto, con una notable influencia en la ONU. Todas sus maniobras de influencia las abriga con el tema de “salud reproductiva” y está ligada e influye en la Agencia Española de Cooperación Internacional, Amnistía Internacional, ACNUR, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Médicos sin fronteras y Medicus Mundi, así como otros a nivel internacional.
Esa organización ha empujado y ha hecho hasta lo indecible para que el aborto sea aprobado en las legislaciones latinoamericanas, ha tratado de influir en gobiernos a través de ongs e instituciones de las Naciones Unidas para la aprobación de esta cultura de la muerte.
El peregrinaje para la aprobación de un nuevo código penal, ya lleva más de veinte años. Esta inercia es causada por variados intereses no necesariamente de tipo religioso o moral, como muchos han querido decir erróneamente.
En el fondo subyace el interés de algunos en el país que ven la industria abortista como una fuente jugosa de ingresos. Sabemos bien que la contraconcepción es altamente rentable de la cual se beneficia la industria farmacéutica y centros clínicos que sólo están esperando que se abran las puertas de esta cultura de la muerte.
Mientras tanto, esta inercia congresual está causando que no tengamos una legislación que luche modernamente contra el crimen organizado, la defensa al derecho de propiedad intelectual, las mujeres, las víctimas del sicariato y el enriquecimiento ilícito.
Esos tipos penales que he mencionado, es de urgencia combatirlos porque su la ejecución de cada uno de ellos ha ido creciendo de manera lamentable. Espero que ya pronto podamos superar esa situación y que nuestra tradición cristiana y la protección de la vida desde la concepción triunfe de manera definitiva.