Durante esta semana la ciudad de Nueva York es el escenario de una serie de eventos de alto nivel para fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con el clima. Una serie de espacios, como la "Cumbre sobre el Clima 2014″ convocada por el secretario general de las Naciones Unidas y la "Iniciativa Global Clinton", han sido habilitados para propiciar el dialogo y promover la adopción de medidas a nivel global que contribuyan a enfrentar los cambios en el clima. Una serie de Jefes de Estado representantes de distintos países incluyendo la República Dominicana participan en estos espacios, lo cual revela la trascendencia de este tema ante la necesidad de impulsar políticas que reviertan este proceso destructivo de cambio en el clima atribuido al uso indiscriminado del territorio y a las actividades realizadas, con un alto impacto tanto para las presentes como para las futuras generaciones.
La capacidad adaptativa al cambio climático ha sido definida en el anteproyecto de Ley General de Cambio Climático de la República Dominicana, como la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluso a la variabilidad del clima y a los episodios extremos) para mitigar posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias.
Una de las herramientas que contribuye a lograr este objetivo es el ordenamiento territorial, a través de un proceso de planificación participativo impulsado por el Estado que oriente las decisiones sobre el uso y ocupación del suelo, con el fin de disminuir la exposición y la sensibilidad de los territorios más vulnerables a la variabilidad y al cambio climático, y así contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de respuesta en todos los niveles de gestión.
Los legisladores establecieron en el Articulo 194 de la Constitución política proclamada en el año 2010, la prioridad para el Estado de formular y ejecutar, mediante ley, un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente de los recursos naturales, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático; expresando la relación entre esta prioridad constitucional y la necesidad de formular instrumentos que fortalezcan los territorios acorde a la necesidad de ajustarse a los cambios en el clima.
Para esto es necesario trabajar en dos líneas estratégicas, en primer lugar garantizar que los tomadores de decisiones y los entes de poder se sienten en la mesa del dialogo para propiciar un acuerdo como producto del marco legal vigente y en segundo lugar diseñar un sistema que integre normativas legales acorde a los tiempos, una institucionalidad con la capacidad de gestionar el territorio, el establecimiento de procesos transparentes y la formulación de instrumentos que le permitan al nivel nacional, regional y municipal a ordenar el territorio, potenciar el desarrollo humano, conservar el patrimonio natural y cultural, prevenir desastres en asentamientos de alto riesgo, incentivar la cohesión territorial e impulsar acciones urbanísticas eficientes.