Los dos líderes descendieron desde la majestuosa nave aérea en Carolina del Norte. La demostración de apoyo del presidente convirtió al Estado en el poderoso escudo de la candidata. Desconcertado, frente a esta desafiante realidad, su adversario protestó contra el uso del avión presidencial diciendo: "Los contribuyentes están pagando una fortuna por el uso del Air Force One en la campaña electoral del presidente Obama y La Torcida Hillary. ¡Una vergüenza total!".
Ante el grosero grito de protesta del candidato del Partido Republicano, Donald J. Trump, en contra del uso del Air Force One, por parte del presidente Barack Obama, para desplazarse en apoyo de la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, la Casa Blanca se vio obligada a emitir, de inmediato, un comunicado en el que dio seguridad de que el Comité Nacional Demócrata y otros organismos políticos similares pagarían lo pertinente por la utilización del famoso avión presidencial.
El uso de este símbolo de poder imperial le resulta altamente costoso a los contribuyentes norteamericanos. Cada hora de vuelo tiene un costo de 206,337 dólares. El Partido Demócrata lo sabe muy bien. En las pasadas elecciones se vio en la obligación de pagar millones de dólares por el uso del famoso avión presidencial.
Cuando el presidente viaja por aire, por razones de seguridad, está obligado a utilizar esta cómoda fortaleza aérea de 4,000 pies cuadrados, la cual, por todas sus facilidades, constituye una especie de extensión de la Oficina Oval de la Casa Blanca.
No obstante, sin importar que el presidente viaje acompañado o no de la candidata de su partido, en el Air Force One, para participar en cualquier actividad de campaña, tendrá que pagar el costo de su desplazamiento.
Por razones de seguridad, excepcionalmente, al presidente le está permitido hacer uso en la campaña electoral del avión presidencial, que es un bien público, con la condición de pagar los gastos producidos.
Contrario a lo que acontece en los Estados Unidos, en nuestro país los presidentes utilizan los bienes del Estado sin ningún tipo de control. En ese sentido, cabe preguntarse: ¿cuánto habrá gastado el presidente, de los recursos de los contribuyentes, en su campaña reeleccionista, por concepto de transporte aéreo y terrestre en vehículos oficiales? Mucho dinero. Pero con toda seguridad, nunca sabremos con certeza el monto.
En democracias defectuosas como la nuestra, las campañas electorales se caracterizan por la enorme desigualdad que, como consecuencia del uso de los recursos del Estado, impera entre los candidatos del partido de gobierno y los de la oposición.
Tal y como acontece con los requisitos que deben cumplir los presidentes de los Estados Unidos para poder utilizar el avión presidencial en las campañas electorales, en la reforma de la Ley Electoral que está llamada a ser aprobada en los próximos meses, se deben establecer controles efectivos en lo relativo al uso de los bienes públicos en las pre-campañas y las campañas electorales.
En ese sentido, como si se tratara del Air Force One, es tiempo de que el Presidente de la República pague por el uso de los vehículos en que se desplace para acudir a las actividades propias de las campañas electorales.