Comentado en fecha 15 de junio del presente 2016 por este y otros diarios de circulación nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de dar a conocer un interesante informe que lleva por título "Ahorrar para desarrollarse: Como América Latina y el Caribe pueden ahorrar más y mejor", en el cual este organismo hace referencia a cuestiones que son claves para evitar que los países de la región, incluyendo en nuestro, caigan en una situación fiscal de difícil solución, apremiados por un nivel de endeudamiento externo de grandes proporciones.
Este estudio se presenta en un contexto en el cual los dominicanos nos encontramos en una coyuntura en la que estamos obligados a tomar grandes decisiones en el corto plazo para evitar que lo que ha sido una evolución exitosa de nuestra economía, con tasas de crecimiento que pudieran ser la envidia de muchas economías de la región y otras parte del mundo, se vea seriamente afectada en su evolución por una crisis de la deuda parecida a la que ya están experimentando otros países de la región y del mundo.
La de la República Dominicana se trata de una situación de irregularidad en el manejo de las finanzas publicas que por una u otra razón se ha venido acumulando por muchos años y que ha llegado a un nivel de complejidad que no tiene solución a menos que los diferentes actores, tanto del sector privado como de la esfera pública, entiendan que no es tiempo de mirar para atrás buscando culpables sino de encaminar soluciones que sean sostenibles y que garanticen la no ocurrencia, nueva vez, de tales manejos.
Todo el mundo está consciente de que no es una tarea fácil buscar soluciones viables a situaciones como las que enfrentan en estos momentos las finanzas publicas dominicanas cuando hay intereses económicos y políticos de por medio, sobre todo si de lo que se trata es de defender los mejores intereses del país.
El estudio BID habla de que en razón de los bajos niveles de ahorro, nuestro sistema bancario, aunque ha crecido, solamente ofrece el equivalente a un 30% del PIB en préstamos al sector privado, cuando en el caso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las economías emergentes de Asia, dicha proporción es de un 80%.
El costo político que hay que pagar y las ganancias económicas que hay que sacrificar constituyen dos obstáculos difíciles de salvar, pero la verdad es que en una sociedad como la nuestra, con tantos problemas de institucionalidad de por medio, de una u otra forma todos somos culpables y de una otra forma todos estamos obligados a ser parte de la solución, a menos que nos expongamos a un costo eminentemente mayor en el futuro cercano.
En el estudio del BID se plantea que los latinoamericanos y caribeños ahorramos poco y mal, y que eso restringe las posibilidades de crecimiento de la región. La tasa de ahorro de América Latina y el Caribe entre 1980 y 2014 se ubica, según el referido estudio, en 17.5% del producto bruto interno, "muy por debajo del 33.7% de las economías emergentes de Asia y del 22.8% de las economías avanzadas".
Tomando en consideración la necesidad que tienen tanto los países como las empresas de contar con recursos para financiar las inversiones que aseguren su crecimiento futuro, esos bajos niveles de ahorro nos están indicando que nos encontramos frente a una de dos situaciones no deseables: o dejamos de crecer (o crecemos menos), o nos continuamos endeudando frente al resto del mundo.
Lo lamentable es que en la mayoría de nuestros países ambas cosas han tenido lugar, y nos están golpeando duro, especialmente porque en gran medida hemos acudido al endeudamiento externo pero no tanto para financiar inversiones reproductivas (autofinanciables) sino para cubrir déficits fiscales producidos por excesos de gastos públicos irresponsables e improductivos, y por el uso inadecuado o irregular de los fondos públicos.
En el caso de la RD, si bien es cierto que hemos estado logrando tasas de crecimiento del producto por encima de la mayoría de los países de la región, también lo es que nos encontramos en una situación fiscal bastante apremiante, caracterizada por un estructura fiscal que cada ano nos exige nuevos endeudamientos para equilibrar el resultado de las finanzas publicas.
Estas autoridades ciertamente han hecho un gran esfuerzo en la dirección de consolidar las cuentas fiscales, pero es evidente que no van a poder corregir la situación acumulada a menos que se logre acordar un pacto fiscal sostenible en la forma en que lo establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. El ajuste que es necesario alcanzar, tanto por el lado de los ingresos como por el de los egresos públicos, es superior al 5% del PIB, que no es cualquier cosa en medio de tantas precariedades financieras.
Pero este complejo proceso para equilibrar las finanzas públicas y detener el crecimiento de la deuda pública en un ambiente de estabilidad macroeconómica a largo plazo, no es una cuestión pura y simple de reducir los gastos e incrementar los ingresos del Estado mediante políticas públicas adecuadas y una colaboración eficaz del sector privado, sino de algo más profundo, considerando el entorno en el cual nos desenvolvemos.
El estudio BID habla de que en razón de los bajos niveles de ahorro, nuestro sistema bancario, aunque ha crecido, solamente ofrece el equivalente a un 30% del PIB en préstamos al sector privado, cuando en el caso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las economías emergentes de Asia, dicha proporción es de un 80%.
Entre los factores que cita el estudio del BID como determinantes de ese bajo nivel de participación de nuestro sistema bancario en el financiamiento de las actividades productivas del sector privado de estos países, se citan el limitado acceso que tienen los sectores de menores ingresos a los instrumentos financieros, el analfabetismo financiero generalizado de una gran parte de nuestra población, los altos niveles de informalidad laboral, los elevados costos financieros y, hasta cierto punto, la poca confianza en las entidades que componen el sector. En la mayoría de los casos estos son aspectos que están muy relacionados con la deuda social acumulada y con debilidades institucionales profundas que caracterizan a nuestros países. La RD es un claro ejemplo en este sentido, y es algo a lo que hay que ponerle atención en el marco de las soluciones que se discutan.
Las políticas fiscales que se han implementado en muchos de nuestros países se citan también como causantes de los problemas acumulados y de los bajos niveles de ahorro interno. Los gastos públicos demasiado elevados en subsidios y bajos en inversiones públicas inciden mucho. La asistencia social, los gastos tributarios y los subsidios energéticos, entre otros, sufren grandes filtraciones e irracionalidades que, incluso, benefician a sectores ricos de la población e introducen distorsiones que incrementan las desigualdades sociales y, para peor, la injusta distribución de la riqueza.
Las debilidades institucionales, la falta de consecuencias atribuidas a los marcos normativos y la falta de voluntad política, son elementos que han dado lugar a una estructura tributaria caracterizada por una gran cantidad de leyes y disposiciones llenas de complejidades muy difíciles de aplicar y de fiscalizar, de las cuales se aprovecha el contribuyente para no cumplir con sus responsabilidades frente a la autoridad fiscal. Por ello la evasión, la elusión y el fraude fiscal son elementos que están a la orden del día y que no solo limitan en gran medida los ingresos del estado sino que, además, introducen serias distorsiones y ventajas competitivas irregulares en el mercado tanto de bienes como de servicios. Los poderes e influencias que ejercen determinados sectores, acompañados de complejidades políticas, son parte de la gran problemática que es necesario discutir y enfrentar en la búsqueda de verdaderas soluciones al problema de las finanzas públicas. Ciertamente tiene poco sentido hablar de nuevas leyes y disposiciones para recaudar mayores ingresos si no estamos dispuestos a que se apliquen adecuadamente ni siquiera los marcos legales existentes.
En ocasiones se argumenta que bajar los impuestos y simplificar el sistema impositivo serian medidas importantes para equilibrar las finanzas públicas. Se justifica que bajar las tasas seria un incentivo para que los contribuyentes dejen de evadir y sean más cumplidores, pero eso es cuestionable en un ambiente de lenidad y de baja fortaleza institucional. Evadir el pago de los impuestos y defraudar al Estado son actividades demasiado rentables como para que se dejen de practicar por el simple hecho del cambio o de reducción de tasas, sobre todo cuando delinquir de esta forma se ha convertido una actividad que todo el mundo practica y se acepta como parte del diario vivir.
Estemos claros: o se hacen las cosas como debe ser o nos exponemos a grandes consecuencias en un futuro no lejano. El momento es ahora, y de esta nadie queda liberado, por más que así se crea. Experiencias hay de sobra para el entendimiento de esta realidad, y las sociedades esperan y soportan mucho, pero no hasta llegar al suicidio. Recordemos que de injusticia social es de lo que, a final de cuentas, se trata todo esto.