“La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos,
sino el hecho de negarse a adquirirlos”.
Karl Popper
En junio de 2014, a dos años de las elecciones, los temas que copaban la agenda política nacional eran los desafíos de la Convergencia. Algunos alertaban acerca del peligro de repetir en 2016 lo que había ocurrido en el 2012 a pesar de la solidez del PRD (sic), parecía bien difícil detener a Leonel y alguien abrumado anunciaba el fin de la política, cosas de Google.
Para lo que no es posible recurrir a Google es para que nos ayude a encontrar el camino para mañana, solo nos acusa por nuestros errores pretéritos. Eso debiera ser suficiente para que con tranquilidad los asumiéramos, corrigiéramos el paso y actuáramos de manera de escapar del circulo vicioso.
La mejor forma de iniciar el escape es apuntar a la necesidad de observar las cuestiones estructurales y atender al espíritu del sistema que sobrevive a los acontecimientos que se recuerdan hoy. Ante esa salida la pregunta obligada es ¿cuál es el conjunto de motivaciones preponderantes en la actividad política? y la respuesta es más obvia que provocativa: alcanzar el gobierno y el presupuesto. Así nos enfrentamos sin más a un Estado patrimonialista a cuyo control se accede mediante prácticas clientelares. Ésa es, desde nuestro punto de vista la principal razón por la cual la democracia sigue ausente, de lo que se trata es de llegar y para eso los unos insisten en quedarse y los otros intentan desplazarlos. No hay mejor ejemplo que esa popular frase que suena a consigna para cazar incautos: “Hay que sacar al PLD del gobierno”. Desde ella se desenrollan las más extrañas formulaciones acerca de la unidad que no han conseguido y, por lo tanto, podemos darlas por erradas. Pero este tema, gracias a conocidos recursos mediáticos con poco contenido, ocupa por momentos el centro del acontecer político.
Pero, de verdad, ¿cuál es el tema? El tema es la democracia, ésa que no logra sacar cabeza en convenciones “pactadas”, en resultados tardíos y hoy, sobre todo, en la discusión acerca de los necesarios cambios al sistema electoral que está instalada correctamente en el poder legislativo pero que todavía, como veremos, no parece ser asumida como un recurso imprescindible para la construcción democrática.
Desde hace unas semanas la discusión ha tenido un cambio que es necesario asumir. También podemos observar lo poco de cultura democrática que hay y el apuro por crear condiciones que les permitan a los unos quedarse o a los otros llegar. Escasas, por no decir ausentes del debate, son las opiniones motivadas por la necesidad de mejorar la competitividad del sistema, o la discusión sobre la asignación de recursos públicos, todo porque allí no hay acuerdo, hay complicidad de los cuatro partidos tradicionales que con esa actitud se retratan en toda su dimensión: no son democráticos.
La nueva dinámica en la discusión de la ley de partidos hace necesario en primer lugar apuntar a cuestiones que se pretenden ignorar y, como casi siempre, cargar con los inocentes (aunque casi no hay). Me refiero en primer lugar al balaguerismo burocrático preocupado desde los grupos de presión por la suerte de la Junta Central Electoral. No me cabe duda que este importante organismo del Estado va a cumplir con lo que le corresponda, pero los que quieren “salvarla” han desarrollado unos cuentos de terror que solo consiguen asustar a sus autores (los miles de candidatos, por ejemplo). En lo que la JCE tiene que ponerse al día es respecto de los reglamentos que faltan desde hace 21 años, pues desde 1997 hay ley electoral, lo que no hay es reglamento.
La única vía posible para salvar los desencuentros -que no solo se dan entre los dos caudillos peledeístas- es incorporar el carácter de voluntarias a las primarias. Si la ley que aprobó el Senado se podía asociar a las PASO argentinas, el modelo referencial al que habría que mirar ahora con atención para “no inventar”, es el de las primarias chilenas que son voluntarias, simultáneas, vinculantes, organizadas por el Servicio Electoral –Servel- y con un padrón que puede ser abierto o cerrado, dependiendo de si los partidos que participan acuerdan esa última modalidad.
El argumento de que cada partido define como elige sus candidatos, tiene consecuencias que es bueno saber con anticipación. Por ejemplo, supongamos que el PRM decide no participar en primarias y acuerda elegir sus candidatos en sus llamadas convenciones. Si así lo hiciera estaría renunciando no solo a las primarias sino también al concurso de la Junta Central Electoral, pues esta institución, salvo que la quieran agredir, no puede asumir una contienda electoral sin haber validado el padrón. Supongo que estaremos de acuerdo en que proponerle a la JCE el padrón de más de 500.000 militantes sería una perversidad.
Entonces, la voluntariedad de las primarias tiene como consecuencia que quienes prefieran esa modalidad serán los únicos que podrán beneficiarse de un evento organizado por la JCE. Ésa es tal vez la consecuencia más importante de aprobar las primarias voluntarias organizadas por la Junta.
Lo siguiente y que no puede ser ignorado es el tema del padrón. Que sean abiertas no significa que los partidos no deban tener padrón, lo que ocurre es que si las primarias son organizadas por la Junta es esta institución la que debe proveer el padrón electoral y no los partidos. Entonces la Junta deberá diseñar un padrón en que estén registradas las militancias de todos los partidos de manera tal que ante la posibilidad de las primarias voluntarias no puedan participar los militantes de los partidos que eligieron otra modalidad de selección de sus candidatos. De esa manera se logra que quienes tienen militancia en un partido solo puedan votar por los candidatos de su partido. Los no militantes podrán votar por quien quieran y no podrán votar más de una vez pues se lo impedirá la simultaneidad.
Otro elemento que todavía no es discutido y menos incorporado a la Ley aprobada por el Senado, es el de los pactos entre partidos. Este asunto podía ser ignorado en las primarias obligatorias, pero no en las voluntarias, puesto que en esta modalidad los partidos no tienen obligación de participar cuando tienen un solo candidato y mucho menos cuando no tienen ninguno propio. Entonces, la posibilidad que grupos de partidos que seleccionen sus candidatos mediante primarias es una posibilidad que no debería ser ignorada y que traería grandes beneficios en términos de mejorar la calidad de la representación y la participación. Incorporar esta modalidad hasta podría tener una consecuencia positiva en el diseño de la boleta electoral para la elección final en la que podrían aparecer los candidatos por pactos.
Los señores del terror que quieren asustar con lo de “las sábanas con miles de candidatos”, pueden tomar el ejemplo de las primarias chilenas, un país con casi treinta partidos y nueve candidatos presidenciales. La papeleta electoral en las primarias de 2017 tenía para quienes no militan en partidos seis nombres, cuatro de un pacto y dos de otro, nada terrible. Lo mejor de todo es que en Chile hay acuerdo acerca de que en estas últimas elecciones la ciudadanía terminó premiando la participación en las primarias y castigando a quienes no participaron. El actual presidente de Chile fue seleccionado como candidato por su alianza “Chile vamos” en primarias.
El drama de la negación democrática se presenta también en la necesidad de un nuevo código electoral en el que los partidos tradicionales consiguen los soñados consensos cuando se reparten el dinero de todos en beneficio de pocos. No existe ninguna razón política, electoral ni moral que impida que a los partidos se les asignen recursos según los votos obtenidos, toda vez que la asignación de los recursos del Estado a la política debe ser por voto emitido, nunca por el padrón total, la modalidad que se aplica actualmente y que, nadie se atreverá a negarlo, es demasiado parecida a los peajes de la carretera a Samaná.
Quienes van a tomar las decisiones, deben hacerlo condicionados por lograr avances democráticos, que mejoren la representación ciudadana y que anuncien un sistema electoral de verdad competitivo, que haga posible que quienes concursen electoralmente estén lo más cerca posible de competir en igualdad de condiciones.