A un mes de la toma de posesión del presidente y la vicepresidenta de la República, y a un día de su primera rendición de cuentas, la atención mediática y de la ciudadanía en general continúa centrada, primero, en los decretos de conformación del Gabinete Presidencial y designaciones conexas, luego en la integración de los equipos ministeriales y otras dependencias, y ahora en la declaración jurada de bienes.
Poco o casi nada se ha dicho o divulgado acerca de la Agenda Congresual.
Desde el punto de vista del desarrollo de capacidades de gobernabilidad democrática, la década de 1990 fue de particular importancia para América Latina y el Caribe. En especial, la articulación de las agendas de los poderes (ejecutivo y legislativo), sobre todo en países donde se retomaba la realización de elecciones presidenciales y la presencia legislativa.
La reforma y modernización del Estado en aquel momento se enmarcaba en la búsqueda de articulación en la tríada Estado-Mercado-Sociedad Civil, desde lo que cada instancia podía hacer mejor.
La República Dominicana despuntó en la participación e incidencia de la sociedad civil en la generación de consenso y construcción de sentido y direccionalidad de un conjunto de reformas sociales e institucionales, bajo enfoque de derechos.
Entre esas iniciativas, destaca la atención en los derechos laborales, con la subsecuente revisión y actualización del Código de Trabajo, con la mediación de la iglesia católica.
En el ámbito de los llamados derechos de segunda generación (educación, salud, seguridad social, mujer, cultura y ambiente), se concreta la aprobación y promulgación de respectivas leyes marcos y subsiguientes procesos de reglamentación y normativa complementaria.
Asimismo, en forma posterior, la reforma del marco legal de la función pública y de la normativa que cobija el accionar de los gobiernos locales. De igual modo, la modificación de los sistemas transversales de gestión presupuestaria, planificación e inversión pública.
Cuadro al que luego se abonaría la reforma en el ámbito supra nacional, con la promulgación en el 2010 de la Constitución Política de la República
A más de 20 (veinte) años de iniciada la reforma y modernización del Estado, hace falta emprender un proceso de renovación y actualización de los marcos jurídico-institucionales.
Ponerlos en contexto a la altura de los nuevos tiempos, particularmente de cara al impacto de Covid-19 y su carácter diferenciador, como hemos venido argumentando en artículos anteriores.
Adaptarlos a esas y otras situaciones no previstas y adecuarlos a eventuales ampliaciones del margen de “lo posible” en que se basaron sus diseños iniciales.
De ahí el llamado a una Agenda Congresual.
La vocación de diálogo social del sector oficial con actores legítimamente constituidos de la sociedad civil, será el signo que marcará la diferencia para que las demandas de la ciudadanía, manifiestas y latentes, puedan atenderse de forma oportuna y resolverse por medio de instrumentos de la vida democrática.
Ojalá que pronto las autoridades respectivas inicien un proceso desencadenante de acciones, para un pueblo que espera ejercer su derecho a una mejor vida.