“Sólo el motivo constituye el mérito de las acciones; y el desinterés les da la perfección"-Jean de la Bruyere, escritor francés.
En estos días hemos retornado con especial entusiasmo a un tema tan importante como recurrente: la racionalización del Sector Público, por lo que entendemos el logro de un mayor rendimiento con reducción de costos y mínimo esfuerzo.
Autorizados voceros del PRM, informan sobre la determinación política de llevar los arreglos institucionales hasta las últimas consecuencias. La realidad es que, como de clientelismo hemos estado atiborrados durante los últimos decenios, no es de extrañar el sobredimensionamiento desmedido de la burocracia estatal, en vez de su pausada e inteligente racionalización.
Es nuestro mayor deseo que lo que se anuncia se ejecute de manera exitosa en el mediano plazo. Ahora bien, un proceso de este tipo no debería ser una consigna ni la expresión del deseo de cumplir con las expectativas ciudadanas. Más aun, cuando lo que se está planteando es hacer ese proceso extensivo a toda la Administración. Tenemos estudios que indican que es necesario eliminar 77 instituciones estatales. El ahorro estimado sería de unos 13 mil millones de pesos, según Oxfam.
También cursa una iniciativa legislativa que indica que son 58 las unidades estatales innecesarias que engullen más o menos la misma cifra que indica Oxfam en empleomanía y gastos improductivos. De último minuto, tenemos a la autoridad legal del PRM que nos asegurar que son 10 las instituciones condenadas a muerte. Nuestras estimaciones colocan la irracionalidad en 65 instituciones, y pueden ser más o menos, dependiendo de la opción de solución que resulte adecuada: refundición, integración o eliminación.
Hay aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión cuya pertinencia nadie pone en duda.
Primero, estamos hablando de enviar a las calles a miles de empleados públicos, una gran cantidad de ellos con sueldos que no alcanzan el mínimo oficial. A esos empleados habría que pagarle sus prestaciones y, siendo tan importante la cantidad de posibles nuevos desempleados, estamos hablando de recursos que el Estado ahora no tiene. Recordemos que enfrenta un déficit fiscal que ya pasa de 6% del PIB y una deuda externa con su oneroso servicio que tarde o temprano demandará serios ajustes.
Segundo, estamos en medio de una situación socioeconómica y sanitaria que no tiene referente en la historia reciente del país. Se ha incrementado significativamente el desempleo, la capacidad productiva ociosa y el cierre de cientos de empresas, la interrupción o aumento del tiempo de los suministros y la sensible afectación de los servicios. También el aumento colosal del financiamiento de los programas asistencialistas y de mitigación de la pobreza, la asistencia masiva al desempleo y el desborde de la capacidad del sistema sanitario nacional.
En una reforma institucional y normativa no puede perderse de vista el contexto, el mapa de ganadores y perdedores, el manejo del equilibrio. Igualmente, en este caso, habría que ver el intercambio entre racionalidad administrativa y gobernabilidad, entre una burocracia reducida y estabilidad democrática. Podría resultar que el menú de problemas ex post facto resulte mayor y las soluciones factibles sean más difíciles.
Lo tercero es comenzar bien, hacerlo bien desde el principio, como decía el gran Phillip Crosby. Creemos que esto tiene dos connotaciones posibles:
- Tener una estrategia que no vemos relumbrar en la algarabía del desmonte administrativo. La diferencia entre un gobierno clientelista y uno que pretenda negarlo es la visión de futuro, la construcción de escenarios, la definición de situaciones, una misión concreta y objetivos. Junto a todo ello debemos precisar cómo vamos a llegar a la meta de la racionalización administrativa del Estado, midiendo los resultados e impactos antes y después (estrategia). Imagínense, si liquidamos, refundimos o fusionamos unas 77 instituciones habría que pensar en decenas de anteproyectos de leyes. Sencillamente porque las unidades administrativas en desgracia o consideradas inútiles no existen sobre la base de un vacío legal.
- Es necesaria la revisión exhaustiva de lo hecho, de lo avanzado, de lo que se conoce actualmente en el Congreso, de lo que quedó varado en el Poder Ejecutivo y lo que permanece como iniciativa en los ministerios y en los organismos autónomos y descentralizados. Lo que queremos significar es que existen buenos anteproyectos y proyectos de leyes de reformas normativas e institucionales, estudios y diagnósticos valiosísimos que no debemos soslayar, como es el caso de los sectores de energía y minas.
Estoy absolutamente de acuerdo con la racionalización administrativa propuesta. Es una iniciativa audaz que pone en jaque al sistema clientelista. Este ha sido, sin duda, fortalecido alegre y deliberadamente en los últimos años, junto a la corrupción y a la impunidad, sus satélites inevitables.
Esta realidad no niega sino que exige una ruta, gradualidad, bases de sustentación legales, formulación de la normatividad necesaria, determinación de las ganancias netas que supone y esclarecimiento de las presiones sociales y económicas inevitables que derivarían de una iniciativa tan revolucionaria.
Emprender con auténtica determinación política la iniciativa de racionalización administrativa no es tan fácil como prohibir la venta a precios de bagatela (con frecuencia en beneficio de los mismos funcionarios o sus allegados) de las tierras que quedan todavía del CEA. Las implicaciones son muchas, complejas y multiaristas en una situación socioeconómica y fiscal inédita. La reforma normativa institucional es una cosa, el derribo de la cultura clientelista es algo mucho más complejo y de largo plazo.