Es de conocimiento público el enfrentamiento que existe entre la clase consumidora y ciertos altos funcionarios de las aduanas quienes desde hace días en torno a un aviso publicado pretenden aplicar un impuesto a las compras por internet por vía administrativa. Esto así en franca violación a diferentes legislaciones y disposiciones que establecen lo contrario. Entre estas encontramos la más reciente (ley 277-12) donde se establece de manera expresa dicha exoneración y sus considerandos explican concretamente las motivaciones que llevan a los legisladores a derogar el cobro de impuestos que estableció la reforma fiscal del 2012. Es por esto que la citada ley expresa en su séptimo considerando el interés primordial de proteger al consumidor facilitándole el derecho a tener alternativas en sus compras de efectos e insumos de carácter personal. Esto así, tomando en cuenta que estos no reciben los descuentos o tratos especiales en el extranjero que reciben los comerciantes que compran al por mayor.
No obstante esto, la Dirección General de Aduanas pretende desconocer todas estas regulaciones al hacer una interpretación a conveniencia del decreto 402-05 indicando que este nunca especificó de manera expresa la exoneración que defendemos. Llegando al absurdo de decir que luego de nueve años ellos han “descubierto” que se ha estado incurriendo en una violación a la ley. Por lo tanto, vale aclarar que el decreto en su artículo cuatro expresa lo relativo a la categoría B (envíos de bajo valor) y especifica algo que debe ser tomado en cuenta por todo experto en legislación aduanera internacional, y es lo siguiente:
“Esta categoría por el rango de valor que se ha establecido se le podrá denominar <<de minimis>> para efectos operativos.”
Por esa razón, me permito explicarle el origen y significado del término “de minimis” que es adoptado en 1999 en el Convenio de Kyoto Revisado (CKR) debido al incremento del comercio electrónico y la necesidad de establecer un techo valorativo para las mercancías, documentos y muestras de carácter comercial que por su naturaleza de bajo valor el proceso de gravarlas representaría un gasto económico y de horas hombre mayor que lo recaudado por el Estado. Es necesario resaltar que este término es una de las 57 directrices establecidas por la Cámara de Comercio Internacional y que estas se realizaron en conjunto con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) con el fin de definir ciertas áreas críticas relacionadas con la funcionalidad de aduanas como institución y entidad fronteriza.
En resumidas cuentas luego de explicado esto, queda establecida la clara intención que buscaba el Poder Ejecutivo al emitir del decreto 402-05 que no era otra que determinar el techo valorativo que exigen dichos convenios, tanto así que luego de emitido el mismo este fue tomado como ejemplo por varios países de la región.
Por otro lado, si tomamos los datos que se presumen manipulados por la Dirección General de Aduanas y asumimos que el Estado por toda esta mercancía de bajo valor dejará de percibir una suma aproximada de cinco mil millones y enlazamos estos con los datos suministrados por la Encuesta Hogar de la Dirección Nacional de Estadística que establece que en el país se realizan un promedio de 65,000 compras mensuales vía internet encontraremos una gran incoherencia. Me explico, según la ONE tenemos un promedio de 780,000 compras al año que dividiendo los cinco mil millones que dice el director de la DGA representan aproximadamente RD$ 6,500 pesos que deja de percibir el Estado por cada compra realizada. Por lo tanto, tomando en cuenta que la mayoría de artículos pagan un gravamen de un 20% más un 18% de ITBIS, esto quiere decir que cada compra realizada es de mercancías con un valor FOB promedio de RD$ 15,500 (USD$350), lo cual deja al descubierto la manipulación de sus informaciones, ya que también es de conocimiento general que la mayoría de los artículos comprados por esta vía no superan los USD 200 con el fin de aprovechar la exención establecida desde hace nueve años. Por lo que, luego de esta explicación nos gustaría recordarle al director de aduanas que para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado.