En la actualidad, resulta inadecuado que cualquier órgano legislativo, como es el caso del Congreso Nacional dominicano, ejerza fondos especiales para asistencia social, pues de acuerdo a su naturaleza jurídica, no le corresponde emplear recursos públicos para ejecutar acciones filantrópicas o de beneficencia pública.
No obstante, las Cámaras de Senadores y Diputados son unidades ejecutoras de gasto, y para cumplir con sus funciones de control, fiscalización, legislación y representación, deben necesariamente emplear recursos económicos.
Si bien es cierto que en la República Dominicana los legisladores ejercen el sagrado deber de representación, ese mandato no los obliga a solventar las necesidades económicas de sus representados, sino a trabajar y colaborar de manera solidaria y directa con la ciudadanía.
Ahora bien, para mantener un dialogo abierto, así como un constante intercambio de ideas entre representantes y representados se requiere que las cámaras destinen recursos humanos y económicos para instalar oficinas de vinculación ciudadana en sus respectivas provincias y distritos correspondientes.
En la actualidad, solo es posible solicitar audiencia con un diputado o senador en la sede central de Santo Domingo, pues no existen formalmente las oficinas senatoriales ni de los diputados en el resto del territorio nacional.
Al no contar con una sede legislativa en sus localidades, los electores que votaron por sus representantes en la provincia donde residen, tienen que pagar los gastos de alimentación y de transporte hacia la capital, para poder conseguir una audiencia con su diputado o senador.
No debería ser normal que los ciudadanos utilicen recursos económicos propios para dialogar directamente con sus representantes, pues el artículo 79 de la Constitución obliga a los legisladores a residir en sus demarcaciones durante el periodo por el que fueron electos, no en la capital de la República.
Lo mínimo que se espera del Congreso Nacional es que destine un porcentaje de los 7,000 millones de pesos que ejercerá en el año 2021, para instalar oficinas de representación, pues de lo contrario restaría que la comunicación cotidiana entre representados y representantes se ejerza a través de redes sociales quedando completamente deshumanizado el vínculo de representación.
En países como México se ha logrado institucionalizar con éxito las oficinas de representación, las cuales se llaman de diversas formas según la entidad federativa en que se ubiquen. Por ejemplo, en la Ciudad de México a estas instalaciones legislativas que se encuentran esparcidas a lo largo y ancho de toda la ciudad, se les conoce como “Módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas”.
En estos módulos ciudadanos, que normalmente están abiertos de lunes a viernes, la ciudadanía acude para solicitar orientación y asesoría de sus diputados, y concurren para manifestar libremente diversas quejas respecto a los servicios que otorga el gobierno, o bien para solicitar ayuda de sus diputados.
Contrario a lo que pueda imaginarse, el personal que labora en estas oficinas no cuentan con dinero en efectivo ni partidas especiales para proporcionar donativos económicos, sin embargo ofrecen alternativas de carácter administrativo para dar solución a los problemas de la población.
Una gran cantidad de demandas ciudadanas tienen que ver con la falta de alumbrado público, carencia de agua potable e inseguridad, y la ciudadanía acude ante sus diputados buscando ayuda para gestionar la solución a ese tipo de problemas.
Obviamente, el Congreso de la Ciudad de México destina recursos económicos para el alquiler de estas instalaciones de representación y además absorbe los sueldos del personal así como los gastos de operación.
Volviendo al caso dominicano, queda claro que el Congreso Nacional avanza hacia la desaparición de la partida de asistencia social, sin embargo nadie ha dicho con qué recursos se garantizará la labor de representación ni mucho menos si esta partida especial será reasignada para llevar a cabo esta tarea.
En ese sentido, resulta preocupante que al desaparecer esta partida, conocida coloquialmente como “Barrilito”, el Congreso Nacional se olvide de ejercer sus facultades de representación.
Decir adiós al barrilito, no implica decir adiós a la ciudadanía, pues al suprimir la partida especial de asistencia social, no desaparece la obligación de los diputados y senadores de ejercer el sagrado deber de representación.