La semana pasada la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) publicó su investigación sobre “Atención Primaria en Salud, situación y retos en la República Dominicana”, a pesar de los escasos recursos con que cuenta. Identificado con su contenido, en este primer mensaje me limitaré a sintetizar sus principales conclusiones y recomendaciones.
El Estado Dominicano ha descuidado su responsabilidad de garante del Derecho a la Salud. Millones de dominicanas y dominicanos son víctimas de su denegación, debido a barreras económicas, sociales, de género y geográficas, sin que hayan sido enfrentadas adecuadamente por las instituciones públicas.
La ampliación del Seguro Familiar de Salud (SFS) a cerca de tres cuartas partes de la población no se ha traducido en acceso de calidad de las familias a servicios sanitarios integrales y oportunos.
La política de privatización y mercantilización de los servicios de salud, impulsada desde el Estado: exiguo presupuesto para salud, deterioro de los servicios públicos, y aumento de la burocracia. Esta política encarece la medicina y la atención especializada con un costo muy elevado para la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas.
La reforma del sistema de salud, que comenzó hace cerca de 20 años, fraccionó y debilitó la capacidad del Estado y le abrió las puertas a un jugoso mercado privado de la salud, cada vez más fuerte, en el que la población desposeída y de bajos ingresos ha resultado altamente perjudicada.
El resultado inevitable de esta política privatizadora ha sido el incremento de un gasto de bolsillo que ya supera el 45% del costo total de los servicios, aparte del gasto adicional por el aporte al Seguro Familiar de Salud (SFS) de los trabajadores y sus empleadores.
Falta de prioridad: pocos recursos y limitada capacidad resolutiva
La Atención Primaria en Salud está muy lejos de ser una prioridad oficial. Ni el enfoque del sistema, ni la inversión pública enfatizan en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Se mantiene un modelo de atención curativo, costoso y excluyente.
Con solo el 4% del presupuesto, apenas el 8% de la población recibe servicios en los Centros y las Unidades de Atención Primaria, siendo las personas más pobres y marginadas las principales víctimas de estas inequidades.
Los Centros y las Unidades de Atención Primarias, aunque operan con grandes limitaciones de personal, equipos, medicamentos e insumos realizan una importante labor de salud en las comunidades donde existen.
La construcción de 40 centros de diagnósticos clínicos no obedeció a un plan estratégico, pero pueden empujar la Atención Primaria, siempre que se nombre al personal competente, se doten de los equipos necesarios y se establezca una gerencia eficiente, transparente, y sin injerencia partidaria.
La Atención Primaria como puerta de entrada al SFS continúa siendo una meta pendiente. Aunque la SISALRIL trabaja para su puesta en vigencia, existen intereses y obstáculos muy difíciles de vencer en una coyuntura electoral como la que vive el país.
Ante esos resultados ADESA recomienda: a) retomar la Atención Primaria como estrategia; b) habilitar los Centros del Primer Nivel de Atención; c) elevar la inversión y mejorar la calidad del gasto; d) promover la movilización y concertación social; y e) asegurar la gratuidad de la Atención Primaria, incluyendo a los afiliados al Régimen Contributivo.
La investigación de ADESA, realizada por jóvenes muy calificados y talentosos, puso el dedo sobre la llaga, al documentar importantes hallazgos sobre el estado de las UNAP, la calidad de los servicios y el gasto en atención primaria los cuales, por su trascendencia, merecen dos mensajes adicionales.