Este miércoles se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para continuar sus trabajos para elegir a los miembros de las Altas Cortes y existe una gran incertidumbre sobre la forma en que se realizará esa elección ante la posibilidad de que un acuerdo político sustituya los criterios de evaluación que deben primar para que prevalezcan los candidatos y candidatas con mejores condiciones.
Se ha dicho insistentemente que por su naturaleza es lógico que la selección se realice a través de un acuerdo político y citan la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia en el año 1997, en el que Leonel Fernández (en menor grado), Peña Gómez y Balaguer llegaron a un acuerdo que produjo como resultado la referida elección.
Si así fuera, si nuestros líderes tendrían que ponerse de acuerdo para repartirse los miembros de las Altas Cortes por un método distinto a una evaluación objetiva, entonces ¿para que rayos en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (LOCNM), la sección II se titula "Del Procedimiento de Evaluación y Selección de Candidaturas"? ¿Para qué demonio el artículo 17 de la LOCNM dispone que los candidatos serán evaluados en los distintos aspectos que establezca el reglamento del CNM"? ¿Para qué el artículo 18 de la LOCNM prevé vistas públicas de los candidatos? ¿Para qué el reglamento aprobado por el CNM prevé la selección a través de "concurso público"?
Si Miguel Vargas y Leonel Fernández han llegado a un acuerdo político para elegir a los jueces de las Altas Cortes, y ese acuerdo tiene nombres y apellidos de muchos de los que irían, entonces ¿no sería una gran hipocresía haber aprobado un reglamento que prevé la selección a través de "concursos públicos"?
Por situaciones como esta es que nosotros mismos, los propios dominicanos, somos los primeros en reconocer que la institucionalidad en nuestro país sólo existe para fines de discursos, pues aprobamos las leyes y reglamentos sabiendo de antemano que no serán cumplidos.
Dentro de varios años escucharemos a nuestros líderes comentar sobre el acuerdo entre Miguel Vargas y Leonel Fernández para integrar las Altas Cortes, como hoy escuchamos sobre el pacto de 1997, o sobre el pacto entre Balaguer, Subero e Hipólito Mejía en 2001. Y lo harán sin sonrojo alguno, sin tomar en cuenta que ese acuerdo violaba la ley y el reglamento, que mandaban una selección en "concurso público", que implica una rigurosa evaluación para escoger a los más completos y no a los que señalen los dedos de nuestros líderes.
Ciertamente que en la Suprema Corte de Justicia hay menos riesgos debido a una disposición en la nueva Constitución que obliga a elegir las tres cuartas partes de su matrícula de la carrera judicial. Pero aún en este caso lo justo y lo legal es que lleguen los que obtengan los mejores resultados en un concurso público serio y riguroso. Estoy seguro que así lo desean los jueces de carrera.
El pacto político que existe entre Miguel Vargas y Leonel Fernández no debe ser algo publicable, pues su contenido permanece secreto. Tal vez porque reconocen sus autores y signatarios que no pasaría un test de legalidad, por lo que no puede ser divulgado. Tal vez porque la mayoría de los candidatos y candidatas se retirarían y no se prestarían a validar el teatro de las vistas públicas. Esta es la percepción que se está creando debido la forma en que han comenzado los trabajos del CNM y de la conducta que ha exhibido el miembro del PRD que pertenece al CNM, entre otros elementos.