“Ayer el Estado lo venció y hoy con el Estado venció”
La reunión celebrada entre el Presidente Danilo Medina y el Presidente del Partido de la Liberación Dominicana el Dr. Leonel Fernández, selló la firma de un “acuerdo” conciliábulo que debe ser analizado en su contenido, sus ilegalidades, violaciones a principios básicos de la democracia y al atropello a la institucionalidad de un Estado social democrático de derechos.
El contubernio al interior del partido de gobierno entre el Leonelato y el Danilismo, permitirá la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República, para dar paso a la reelección presidencial de Danilo Medina Sánchez, para un segundo período. No obstante el “acuerdo” que lacera la democracia, fue firmado por los 35 integrantes del Comité Político, incluyendo 15 puntos, algunos de los cuales trasciende al Partido de Liberación Dominicana y tocan los cimientos de la institucionalidad democrática.
El “acuerdo” de aposento al que arribó el llamado Partido de la Liberación Dominicana, incluye no sólo la posibilidad de repostulación del presidente de la República, sino también la repartición pública realizada por la cúpula del partido cartel que incluye puestos congresuales, municipales y funciones en la dirección del partido corporación y de seguro otros acuerdos más internos, más opacos y oscuros, propios de organizaciones con fuertes síntomas de descomposición éticas y morales.
El contenido público de ese “acuerdo” es una excelente oportunidad para reflexionar y analizar sobre el tipo de partido político que existe en nuestra sociedad, me refiero a los partidos cartel, una categoría utilizada en las ciencias políticas para referirse al tipo de organización política que dejó de lado el interés público, que no cree, ni promueve la participación de la ciudadanía en la vida democrática y que obstaculizan e interfieren en la legitimidad de la representación política, usurpando el Poder Constituyente.
El referido “acuerdo” es la muestra más evidente y elocuente del funcionamiento de un partido cartel, donde se impide la competencia política electoral y donde no existe la democracia interna, convirtiendo a los militantes de sus distintas estructuras de coordinación y dirección en simple borregos de la clase política dominante por el poder y los recursos acumulados.
En un partido cartel la competencia electoral interna se reduce, se convierte en una práctica inapreciable, porque las posiciones, los cargos, las instituciones del Estado se reparten como un botín de su propiedad y se olvidan del soberano, rompiendo el vínculo entre la sociedad, el partido y el Estado, por cuanto, su función, su razón de ser la intermediación, queda fracturada.
En un partido cartel sus estructuras interna no funcionan, no se reúnen, no discuten, no se ejerce la democracia interna, como es el caso en el PLD que sus Comité, sus Secretarías y comisiones no funcionan como instancias de toma de decisiones, su congreso se pospone como lo establece el “acuerdo”, de forma unilateral extendiendo los períodos en los organismos, como es el caso del Comité Central o aumentando los miembros en sus estructuras para satisfacer los intereses particulares y el único organismo que se reúne y tomada las decisiones es el poderoso Comité Político, que decide hasta quien es o no candidato en el partido.
La ausencia de bases ideológicas, éticas y morales son la esencia en el partido cartel, el afán de lucro y acumulación de riquezas se convierte en su razón de existir. En ese sentido, un partido cartel, como el Partido de la Liberación Dominicana, hoy constituido en una maquinaria electoral que captura del Estado apropiándose de sus instituciones y de su patrimonio público, para perpetuarse en el poder sobre la base de la corrupción, la impunidad, el clientelismo y otras prácticas como son los acuerdos indecorosos.
El “acuerdo” fue posible en el partido-Estado cartel y puede concretizarse debido al proceso interno de asumir como ideología el enriquecimiento ilícito y su tránsito de un partido de cuadros, un partido de masa, para empeorar y degenerar en un partido de actores que buscan servirse del partido para capturar y repartirse las instituciones del Estado en una subasta pública.
El PLD cartel es controlado por una cúpula responsable e ideólogos del “acuerdo” negocio, que tiene por objeto, no servir al pueblo, todo lo contrario, busca repartir y ocupar posiciones públicas en el marco del reparto de funciones para controlar y subordinar todos los poderes del Estado, garantizando la corrupción e impunidad de la corporación partidaria.
En ese sentido, el contenido del lamentable “acuerdo” de las elites del partido cartel, se pueden sintetizar en el intercambio de dádivas, favores y cargos, a cambio de modificar la Constitución para reintroducir la histórica, dañina y perversa figura de la reelección presidencial, la cual se activa en cada cierto tiempo y al momento de la culminación de cada período presidencial, que casi siempre quebranta el débil y restringido sistema democrático en nuestro país.