“Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos,
como la entraña obscura de oscuro pedernal:
la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas,
en rutiles monedas tasando el Bien y el Mal.
Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres,
como en las noches lúgubres el llanto del pinar.
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo,
Y acaso ni Dios mismo nos puede consolar.”
Tengo muy claro que la discriminación contra las mujeres y las niñas sigue estando presente en la mayoría de los actos de nuestra existencia. Tengo muy claro que la sociedad en general, busca miles de maneras para negarlo, ocultarlo, rebatirlo, minimizarlo, ignorarlo y continuar naturalizando. Tengo clarísimo que cuando se insiste en evidenciar las desigualdades, casi siempre caemos mal, intentan descalificarnos, burlarse, considerarnos inadecuadas y vetarnos en espacios sociales porque les resultamos incomodas.
Tengo clarísimo “la comprensión” del poder frente al abuso infantil. De no ser así, el caso del Nuncio Apostólico de su Santidad (fallecido luego en extrañas circunstancias) hubiese tenido otro tratamiento o, por lo menos, los mismos curas que lo sacaron del país no estuviesen dándose en el pecho, en su supuesta protección de la vida, en su petición de la no despenalización del aborto por causales. Y que el caso de abuso en el “Hogar La Ciudad de los Niños, San Francisco Javier”, de San Rafael del Yuma en Higüey, también se hubiese manejado de otra forma. Y así, podría seguir mencionando otras múltiples situaciones de complicidades, incomprensiones, resistencias y comprensiones no asumidas; porque si se asumen, habría que responsabilizarse de las transformaciones necesarias para revertir la situación.
En ocasiones, hasta comprendo las actitudes a la defensiva y la negación de lo evidente; lo que no significa que deje de molestarme, pero intento colocarme en la posición de la otra persona, para tratar de mirarlo desde su prisma y entender. Porque si un juez como Zaffaroni, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctrinario del derecho y supuesto defensor de los derechos humanos, en una sentencia de 1989, 10 años después de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, afirmó en un fallo particular, su no acuerdo con un fallo por violación. Con un “razonamiento” que evitaba una condena con reclusión de un “pobre padre de familia” culpable del hecho; considerando que la menor no había sido violada propiamente, porque no hubo penetración, y alegando la necesidad de considerar que, cuando en otra ocasión el abusador quiso seguir obligándola a cometer fellatio, ante el llanto de la niña, no lo hizo, lo que “evidenció humanidad del agresor”. Esto, junto con otras decisiones y opiniones públicas suyas que evidencian que no se ha arrepentido de pensar así.
Visto esto, ¿Qué podríamos esperar de personas comunes sin estudios y “creación de doctrina sobre derechos”, al momento de “razonar” sobre situaciones de abuso, que históricamente han sido naturalizadas? Varios indicadores de la naturalización del abuso: Las altas cifras de embarazos en adolescentes en la República Dominicana, según datos de ENHOGAR 2009, ocupábamos el quinto lugar entre los países de América Latina y el Caribe, y un 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años en el país han estado embarazadas. Situación que no parece haber cambiado, al contrario, parece que se agudiza; para comprobarlo solo hay que leer el Informe Niñas Esposadas, caracterización del Matrimonio Infantil Forzado, en las Provincias de Azua, Barahona, Pedernales, Elías Piña y San Juan, realizado por Jeannette Tineo, en el marco de una Consultoría para Plan International República Dominicana.
Este informe afirma que, “el matrimonio infantil forzado, más bien las uniones de hecho, entre hombres adultos y niñas y adolescentes menores de edad es una práctica habitual”. El mismo recoge datos de la Encuesta ENHOGAR 2014, y establece que “el 12.5% de las dominicanas entre 20 y 49 años se casaron o unieron antes de los 15 años y el 37% antes de los 18 años”. La corona a estas informaciones que estoy citando se la lleva esta: “República Dominicana ocupa, junto a Nicaragua, el primer lugar de niñas y adolescentes que en América Latina y El Caribe están casadas o Unidas”, para esta última información, el informe cita a Grenee, M Lauro, G & Taylor, A. 2015, en un artículo titulado “Sí, el matrimonio infantil también existe en Latinoamérica”.
Estamos frente a un entramado de complicidad, para invisibilizar los daños a las víctimas y justificar, exculpar, comprender y casi perdonar a los agresores. Pues debe estar operando una lógica de razonamiento socialmente validada, que permite que esta gran cantidad de abuso sexual se institucionalice en uniones de hecho y matrimonios, en un país donde está prohibido constitucional y legalmente el abuso infantil.
Solo así se explica que un Alcalde pueda abusar durante 3 larguísimos años de una menor de edad, con la complicidad de la familia de la menor y de todo un pueblo. Lo que se lee del caso, no deja lugar a dudas que este hecho fue un secreto a voces. Y que ahora se está poniendo “el cascabel al gato” ante una noticia en la prensa nacional, no porque la situación no estuviese desde antes en conocimiento de todo un pueblo, sino porque la noticia ha permitido sacar “la vergüenza” frente al hecho. Situación matizada, porque en un razonamiento al mejor estilo Zaffaroni, una parte de la comunidad está realizando “protestas públicas”, por considerar el encarcelamiento del Alcalde como una injusticia, que lo único que tiene es el objetivo de “dañarlo políticamente”.
Les confieso que, aunque me entristece, lo que más me produce es rabia y dolor. Es una salvajada tras otra, de dimensiones inquietantes, contra muchas niñas y, aunque en menor proporción, también contra niños. Estamos normalizando el abuso, quizás por esa normalización se producen “protestas” para defender al abusador. O pueden ayudar a explicar, porque una Orientadora de la Escuela de Villa Amaro, en el municipio de Salcedo, (mi amado Imperio de Salcedonia) al convocar a un grupo de madres para comunicarles (luego de que se convirtió en secreto a voces, sin admitir desde cuando lo sabía) que un “profesor” estaba abusando sexualmente de unas 12 niñas y un niño, las palabras que utilizó, según una de las madres es que éste “había cometido un error”.
En un enlace circulado en Facebook, escuché una entrevista realizada a una de las madres de estas niñas (una lamentable entrevista pública, que pone a las niñas en situación de mayor vulnerabilidad, y que posiblemente ella permitió, en la búsqueda de garantías de que el proceso no quede impune), donde describe con una crudeza descarnada que su hija y otras de las niñas, al ser interrogadas por ella misma, que este mal llamado profesor les daba 25 y 50 centavos cada vez que las “usaba”, que incluso había involucrado también al niño para que fuera él, quien le llevara a las niñas; que no las penetraba, pero las tocaba en sus partes íntimas y succionaba sus senos incipientes, entre otras barbaridades. Y todo eso estaba sucediendo en la escuela. En estos momentos, ya denunciado el hecho ¿dónde estaba el Sistema de Protección para que todo el mundo enterado de la situación, se manejara adecuadamente?).
Si agregamos a la reflexión lo que sabemos, pero nadie habla, sobre las barbaridades que pasan a lo interno de los hogares, de las relaciones incestuosas ocultadas “para no dañar a la familia”. Y otra inmensidad de abusos que se comenten en lo que se supone debería ser el lugar más seguro para cualquier persona. No es secreto de que en las familias acontecen situaciones de mucho dolor; en las que no justifico el silencio, pero tal vez por egoísmos personales, entiendo el miedo paralizante a la denuncia pública y judicial. Lo más terrible es que en muchas ocasiones, no ocurre ni la denuncia pública judicial, ni la solución interna y se permite que muchísimas niñas tengan que convivir con el dolor de saber o recibir abusos de padres, padrastros, abuelos, tíos, primos, con el conocimiento de otros integrantes de la casa, desde la condición de cómplices o de víctimas.
El artículo 56 de la Constitución dominicana, establece la necesaria protección a la persona menor de edad, afirmando que siempre debe primar su interés superior, y que la familia, la sociedad y el Estado, tienen la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. El Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, obliga a que sea denunciado y atendido cualquier abuso en su contra. ¿Cuándo lo vamos a hacer realidad?