La semana pasada la sociedad dominicana sufrió una fuerte conmoción por el asesinato del joven de 16 años Fernelis Carrión en manos del sacerdote Elvin Taveras en Villa Mella.
Este hecho atroz en el que se combina el abuso sexual a un menor y su posterior asesinato por un cura católico se suma a otros casos de pederastia cometidos por prelados católicos, los cuales han quedado impunes en el país debido a la complicidad entre sectores de la alta jerarquía eclesiástica y representantes judiciales. Tal fue el caso del fenecido nuncio del Vaticano en la República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski, acusado de abuso de menores y posesión de pornografía infantil y quien, al igual que el también acusado cura polaco Wojciech Gil, lograra salir del país sin ser juzgado mediante la protección de la alta curia católica.
Posteriormente Weselowski murió antes de ser juzgado por el tribunal del Vaticano y Gil fue condenado a siete años de prisión por un tribunal polaco tras ser hallado culpable de violación de menores y posesión de pornografía infantil en Polonia y en la República Dominicana.
Son muchos los casos de pederastia que cometen en el país sacerdotes y ministros de diferentes denominaciones religiosas y que no llegan al conocimiento de las autoridades judiciales.
El abuso sexual y la trágica muerte del joven Frenelis por el prelado católico Taveras detonó altos niveles de indignación epitomizados en la voz de una vecina que expresara, "la iglesia tenemos que hacerla, oigan generación vamos a hacer nuestra iglesia en nuestra casa, porque ya no podemos creer en nadie, ni en pastores, ni en padres, ni en sacerdotes”.
Al cura Taveras le fue impuesto un año de coersión como medida provisional y la Arquidiócesis de Santo Domingo lo retiró del ejercicio sacerdotal para que sea juzgado como un laico.
Las instituciones públicas son corresponsables de estas prácticas inhumanas contra menores que constituyen un crimen de lesa humanidad que, en el caso concreto de su comisión por curas y ministros religiosos, se producen bajo la impunidad que les confiere el carácter confesional del Estado dominicano y su matrimonio con el judeocristianismo.
El Estado debe encarar el abuso sexual de menores o pederastia con responsabilidad y compromiso y
las autoridades judiciales deben actuar con celeridad, eficiencia y transparencia.
Aunque, como ha expresado el consternado padre de Fernelis, mil años de prisión del homicida son pocos y no resarcirán la pérdida de su amado hijo.