Que la llamada Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la República Dominicana (MENAMIRD) denuncie que ciudadanos haitianos, dotados de sus documentos de residencia, están siendo objeto de acoso e inclusive deportados, amerita la inmediata atención e investigación de las autoridades para comprobar su veracidad y caso de confirmarse, ponerle freno de inmediato.
Pero que esa misma organización pretenda que el gobierno dominicano se embarque nada menos que en poner en práctica un nuevo Plan de Regularización, bajo el alegato de que todavía quedan otros 250 mil haitianos pendientes de legalizar su status de residencia en el país, es una pretensión absurda, abusiva e inadmisible.
El Plan de Regularización y Naturalización implementado por la República Dominicana marcó un precedente de acogida y legalización de los migrantes ilegales a nivel internacional. Para beneficiarse del mismo se otorgó un plazo amplio, que inclusive fue extendido a su vencimiento, lo que permitió dotar de sus respectivos documentos de residencia a unos 275 mil o más extranjeros, en su inmensa mayoría haitianos.
Su costo, que pudiera haber alcanzado a los dos mil millones de pesos, fue asumido en su totalidad por el país, que no recibió un solo centavo de ayuda, ni de asistencia técnica ni de ninguna otra naturaleza de los organismos internacionales y los países que se involucraron en el tema, en particular los racistas de CARICOM que rechazan la presencia de haitianos en sus territorios, con los cuales el gobierno del Presidente Michel Martelly montó una descarada campaña de presión y descrédito contra la República Dominicana.
La MENAMIRD no puede desconocer que el gobierno de Haití en vez de colaborar con la realización del plan, se convirtió en su principal obstáculo. Mientras la República Dominicana hacia un gran sacrificio presupuestario para costearlo ofreciéndolo en forma gratuita, el régimen de Martelly, por el contrario, pretendió convertirlo en un jugoso mecanismo de recaudación, cobrando una cantidad abusiva a sus nacionales por el otorgamiento de sus respectivos documentos de identidad requeridos para acogerse al plan.
Fue la vigorosa protesta de estos los que obligó a reducir la exagerada tasa cobrada por los mismos, que aún rebajada siguió siendo tan elevada que en la mayoría de los casos requería un mes completo de salario de los solicitantes. Tampoco otorgó facilidades físicas y burocráticas para la realización de los trámites y la entrega de documentos que, por lo general, se tomaba semanas y hasta meses. Hubo numerosas denuncias de solicitantes que adelantaron miles de pesos para la obtención de sus certificaciones, cédulas o pasaportes y jamás recibieron los mismos o les fueron entregados después de finalizado el plazo extendido para acogerse al Plan.
Era allá, al gobierno haitiano, en ese momento, que la MENAMIRD debió demandarle la debida cooperación para la realización del Plan de tal modo que nadie quedara sin beneficiarse del mismo y no ahora, aquí, reclamando a las autoridades dominicanas que implemente un nuevo plan que nuevamente tendría que ser costeado por los contribuyentes dominicanos, drenando el sobrecargado presupuesto nacional con otros dos mil millones de pesos en detrimento de obras y servicios ya consignados.
Tiempo hubo de sobra para que todos y cada uno de los residentes ilegales pudieran normalizar su status a tenor de las facilidades otorgadas. Quien no lo hizo fue porque no quiso o porque, como señalamos antes, el gobierno del ex presidente Martelly, que en todo este proceso mantuvo una actitud irresponsable e hipócrita, no le dotó de la documentación de identidad requerida, algo que estaba fuera de la competencia y alcance de las autoridades dominicanas.
No se trata en lo absoluto de negarles a los que no se acogieron al Plan la posibilidad de regularizar su status. Pero para ello hay mecanismos establecidos en las normas migratorias y les basta con seguir sus correspondientes trámites, los mismos a que debe someterse cualquier extranjero, sin importar su nacionalidad y que rigen en los demás países.
Pero reclamar otro Plan de Regularización va de lo absurdo a lo abusivo, resulta inadmisible y por tanto, debe ser rechazado de plano.