Ni el mas optimista de los estudiosos de los procesos electorales se hubiera atrevido a apostar a una votación superior al cuarenta por ciento de los electores en las pasadas Elecciones Generales Extraordinarias Municipales.
No obstante, el significativo nivel de participación de los ciudadanos en las mismas no ha sido valorado en su justa dimensión, tomando en consideración que los electores pudieron haberse disgustado, con sobrada razón, debido a la inesperada suspensión de las elecciones, el 16 de febrero del 2020, después de que se abrieran los colegios electorales.
Se trató de un funesto precedente que rompió el hilo de 20 elecciones generales ordinarias consecutivas, provocando concurridas protestas, principalmente de jóvenes indignados, en calles y plazas, en reclamo de castigo para los culpables de este crimen contra la democracia.
Para aplacar los reclamos, de manera oportuna, la Junta Central Electoral convocó a elecciones extraordinaria en un plazo de treinta días, las cuales se debe reconocer que fueron muy bien organizadas y exitosas, al tiempo que ordenó una investigación que sabemos no conducirá a ninguna parte. Esas dos gotas de agua fueron suficientes para apagar el fuego.
A los efectos negativos de la suspensión se les sumó la pandemía del coronavirus, que como era de esperarse, generó un ambiente de abstencionismo que apuntaba hacia una extremadamente baja participación electoral.
Sin embargo, motivados por su inquebrantable voluntad de cambio de los ciudadanos, a las urnas concurrieron 3,679,081 votantes de un total de 7,847,040 electores, equivalente a una considerable participación de un 49.14% de ciudadanos. Es decir, una relativamente baja abstención de un 50.86% de los electores, en comparación con la de la región, que en el caso de las municipales del 2016 de Costa Rica fue de un 65%, en las del 2018 de El Salvador un 54% y en las del 2019 de Guatemala un 57%.
Desde la separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, a partir de la reforma constitucional del 1994, el comportamiento del electorado en lo relativo al abstencionismo electoral en las Elecciones Congresuales y Municipales fue el siguiente: 1998 un 47%, 2002 un 49%, 2006 un 42%, y 2010, que fueron las últimas elecciones separadas por dos años, un 43%.
Cabe destacar que las elecciones celebradas el pasado 17 de marzo son las primeras exclusivamente municipales, desde las del año 1968, que como es bien sabido generan meno interés en el electorado que las presidenciales y congresuales.
En su reconocido Diccionario Electoral, Enrique Arnaldo Alcubilla, establece en torno al concepto de abstencionismo electoral, que este “consiste simplemente en la no participación en la votación de quienes tienen derecho a ello. Su decisión es la de no votar en un proceso electoral o refrendario. Es un no hacer que no tiene consecuencias jurídicas para el titular del derecho, con excepción de en aquellos ordenamientos en que el sufragio se configura no como un simple deber cívico o moral sino como un deber jurídico, y por tanto resulta exigible”.
Como se ha podido apreciar, las urnas continúan siendo bien valoradas por los electores dominicanos, porque en ellas tienen la oportunidad de cambiar a los malos representantes, desde el presidente de la República hasta los senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores y vocales, lo que augura, sin lugar a dudas, una elevada participación en las próximas elecciones presidenciales y congresuales, en las cuales los ciudadanos le pasarán factura al Partido de la Liberación Dominicana y lo expulsarán del poder.